Acindar y el inicio del terrorismo de Estado

 

El 20 de marzo de 1975 invadieron Villa Constitución. Policías y la pesada de la derecha sindical hicieron del albergue de solteros de Acíndar el primer centro clandestino de detención del país. Terminaron ese día con los gremialistas rebeldes. Martínez de Hoz, entonces presidente de Acindar, había pagado cien dólares a cada represor.

 

Por Carlos del Frade

(APe).- El 20 de marzo de 1975, medio siglo atrás, comenzaba el experimento de transformar la Argentina en un garito de la financiarización de la economía de las multinacionales. Para eso necesitaban disciplinar a la juventud trabajadora. Las grandes empresas, síntesis del capitalismo, decidieron pagar la represión e iniciar el ciclo de la deuda externa transfiriendo sus obligaciones a las grandes mayorías a través de la colonización del estado. Todo comenzó en Acindar, aquel 20 de marzo de 1975, en Villa Constitución, sur de la provincia de Santa Fe, cuando José Alfredo Martínez de Hoz era el presidente de la empresa y Alberto Rocamora, por pedido de las patronales, inició la ocupación y auspició la política de la desaparición de opositores.

Medio siglo después es imprescindible pensar en aquella matriz porque no habla del pasado solamente…

Desde 1973, integrantes de la división policial de la guardia rural, “Los Pumas”, estaban en Villa Constitución. Alejandro Lanusse, último presidente de la dictadura iniciada por Juan Carlos Onganía el 28 de junio de 1966, había definido al cordón industrial que iba de San Nicolás hasta Puerto General San Martín, como “el cinturón rojo del Paraná”.  El 25 de noviembre de 1974, la lista Marrón, con Alberto Piccinini a la cabeza, ganó por casi el 70 por ciento de los votos.

La democracia sindical duró solamente cuatro meses.

En la madrugada del 20 de marzo de 1975, una columna de un kilómetro y medio de automóviles y camiones invadieron Villa Constitución.

Policías provinciales, federales, hombres de la pesada de la derecha sindical peronista y personajes como Aníbal Gordon, entre otros, hicieron del albergue de solteros de Acindar el primer centro clandestino de detención del país.

Había una razón de peso: el ex comisario de la policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández confesó que Martínez de Hoz, presidente de Acindar, pagó cien dólares a cada uno de los represores.

Hubo 300 detenciones y 20 desaparecidos, a partir de entonces.

Era el 20 de marzo de 1975.

Luego vino una huelga de casi sesenta días.

Para el ministro del Interior, Alberto Rocamora, se trató de un operativo para desarticular al “complot rojo contra la industria pesada del país”. Para el dirigente radical, Ricardo Balbín, “los sucesos de Villa Constitución fueron necesarios para erradicar a la subversión industrial”.

Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, fue mucho más contundente frente a la embajada de los Estados Unidos: “Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra”.

Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, que “otra represión notoria de la Triple A fue la ejercida contra los activistas sindicales de Villa Constitución”.

Esa “operación fue dirigida por el comisario Antonio Fiscchietti, alias El Padrino o Don Chicho. Fiscchietti fue reclutado para integrarse en la AAA siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán”.

Sostuvo que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”.

Remarcó que “el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración”.

Acindar “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del Personal, Pedro Aznarez y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini”.

Agregó que “Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa…”.

Se formó un comité de huelga que produjo una paralización de las fábricas durante casi sesenta días.

Hay otras postales que merecen ser tenidas en cuenta.

-En el año 1977, ingresé a la Jefatura de la Policía de Villa Constitución con el cargo de Comisario Inspector a cargo de la División Informaciones, en ese momento el grupo de Los Pumas ya estaba acantonado en la fábrica de Acindar, cumpliendo tareas. Este grupo tenía su lugar de asentamiento en Santa Felicia, cerca de Vera, y en ese momento, al mismo tiempo había una Fuerza de Tareas conformada por unos cuarenta hombres, que venían de distintas unidades del Litoral, provenían de distintas brigadas, estaban un mes y los renovaban por otro contingente, estaban dirigidos por personal de baja categoría. De ese grupo se desprendía una sección para cuidar Rosario. En la práctica ellos dirigen los procedimientos, como detenciones o custodia de un lugar y pedían nuestra colaboración… Mientras estaba el área 211 era cuando nos hacían ir periódicamente a Rosario para reuniones en distintos lugares: Comando del Segundo Cuerpo, Policía Federal, Destacamento 2 de Gendarmería Nacional, Liceo Aeronáutico Militar, Fábrica de Armas “Domingo Matheu”, Unidad Regional San Lorenzo. En la fábrica militar de armas estaba a cargo del teniente coronel Gargiulo, antes había sido interventor de la UOM, acá en Villa Constitución…No había homogeneidad en los grupos…-sostuvo Carlos Roberto Rampoldi, comisario inspector, el 30 de agosto de 1984, ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, constituida en Villa Constitución.

Aquella “fuerza de tareas” comenzó a funcionar en marzo de 1975, cuando el Ministro del Interior, Alberto Rocamora, ordenó la intervención a la Unión Obrera Metalúrgica de la ciudad.

-El 20 de marzo de 1975 yo pude ver a las siete y media de la mañana, coches Ford Falcon sin patente que venían de San Nicolás de los Arroyos y también de Rosario. Me consta porque pude contarlos, en total eran 105 vehículos. En su interior, entre cuatro o cinco individuos. Los autos eran particularmente bordó, azul marino, verde claro y verde oscuro. Estos individuos portaban armas largas y cortas mostrándolas por las ventanillas, algunos a cara descubierta, otros se cubrían el rostro con pañuelos, lentes ahumados y gorras con viseras oscuras, boinas azul marino y verdes…-contó el repartidor de sodas, Pedro Alfaro, el 7 de febrero de 1984, ante la Comisión de Derechos Humanos de Villa Constitución.

 

Dijo que el agente de la policía montada, Juan Carlos Miranda, le confesó que a varios detenidos los llevaban hasta dentro de Acindar y que Raúl Ranure, uno de los principales represores de la ciudad, “era Halcón, que participaba de los operativos nocturnos que se hacían en Villa Constitución, tripulando un Ford Falcon rural, celeste metalizado sin patente que le había otorgado Acindar  para que se movilizase junto con la oficialidad de la policía Federal. Planificaba los operativos contra los trabajadores metalúrgicos que pertenecían a la lista Marrón”.

El 20 de octubre de 1975 secuestraron a Julio Palacios, Carlos Ruesca y la abogada De Grandi. Un día después encontraron los tres cuerpos asesinados.

Según comentarios a la abogada De Grandi le seccionaron un pecho, a Ruesca lo mutilaron y torturaron y a Palacios le arrancaron los testículos”, recordó Alfaro.

Apuntó que “según comentarios que circulaban por la ciudad, el secuestro de Palacios, Ruesca y la abogada De Grandi fue perpetrado por la Triple A. Este grupo parapolicial se identificaba por el uso de capuchas, gorras y lentes oscuros. Tenían el cuartel dentro de la Jefatura de Villa Constitución, donde guardaban además sus autos, utilizando las mismas instalaciones del sindicato como alojamiento”.

Para Alfaro, el comisario Rampoldi, en 1975, ya era integrante del Servicio de Informaciones de la Jefatura villense y “esencialmente ha prestado y presta su servicio a Acindar. Me consta que tiene el organigrama completo de la planta, ha sido invitado a almorzar en reiteradas oportunidades por el directorio de la empresa, decide y orienta a los directivos sobre quién puede o no entrar a la empresa”.

-¿Vos sos hijo de Alfaro? -le preguntó Raúl Ranure que había ingresado a la fábrica el 7 de marzo de 1970.

-Si. ¿Y vos de dónde lo conocés al viejo? -quiso saber Pedro Alfaro.

-De la Junta Nacional de Granos. Fuimos compañeros. Yo soy nacionalista…-le dijo y después le mostró una credencial de la Policía Federal donde también decía “Servicio de Inteligencia”.

-También tengo una ametralladora checoslovaca. Yo soy integrante de la Lista Rosa de la UOM. Respondemos a Lorenzo Miguel y soy muy amigo de Isidro López -agregó Ranure.

 

López también era integrante de la Rosa, la lista que perdió contra la Marrón que encabezaba Alberto Piccinini. En la casa de López “se reunían los que la gente llamaban fachos. Ranure por haberse criado en la ciudad era quien indicaba las casas de los trabajadores a los que se allanaba o secuestraba. Lo hacía dando todos los detalles de cada una de las casas, cosa que los operativos no fallaran”, denunció Alfraro ante la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad metalúrgica.

El 22 de abril de 1975, José García, operario calificado de la sección púa del turno B de Acindar, luego de una movilización que repudió la invasión del 20 de marzo, fue secuestrado por un grupo de policías federales y provinciales. Lo molieron a palos. A las tres de la tarde volvió a su casa y se desmayó. El 22 de mayo se murió. A los pocos días, una persona de la UOM intervenida, de apellido Cueto, se acercó hasta la casa de la viuda, Angela Adriana Moreira de García, para preguntar qué necesitaba. Angela estaba a cargo de un hogar con seis hijos. Cueto prometió conseguirle trabajo.

Días después, una decena de tipos armados se le metieron por el patio de atrás, revolvieron los cajones, dieron vuelta los colchones y se llevaron los anillos de casamiento y un crucifijo de oro.

-¡Dónde tenés la mercadería que le trajeron a tu esposo!. ¡Dónde están los papeles de los comunistas! -le gritaban mientras tiraban la comida que los vecinos le habían conseguido para alimentar a sus chicos.

Al otro día se fue a buscar a Cueto para mostrarle los resultados de la ocupación. El hombre de la intervención le propuso ir hasta Acindar para acelerar la búsqueda de trabajo para uno de sus hijos.

Cuando entraron por el portón número uno, Angela reconoció que dos de los custodios habían formado parte del grupo de forajidos que estuvieron en su casa.

La esposa de García luego fue seguida por Raúl Ranure e Isidro López y como corolario de tanta impunidad, la empresa Seguros Paraná que debía pagarle la muerte de José, la conformó con un magro cheque.

-No venga nunca más por acá, señora. Su marido no murió por un accidente de trabajo, sino por subversivo -le dijeron en la oficina de personal.

Cinco meses después, el sindicato le prohibió utilizar los servicios de la obra social.

Gustavo Acosta y Daniel Castro patrullaban las calles de Villa Constitución a bordo de Falcon oscuros hasta que empezaron los secuestros. Trabajaban para Acindar y cobraban de la empresa pero ahora estaban afuera de la planta. Sus sueldos aumentaron. -Entré en el círculo de la Juventud Sindical Peronista. Me llevó mi primo, Alfredo Acosta, que dependía de Raúl Ranure, por entonces responsable de la JSP en Villa Constitución. Nosotros éramos los verdaderos peronistas. Había que defenderse de los zurdos. La verdad que no pude salir de ahí. Una vez tuve que custodiar el edificio de la UOM y vi como trajeron a dos tipos vendados y amordazados…pasaron a mejor vida. Dependíamos de Cuello, responsable de todos los Falcon. Había venido de Buenos Aires. Tenía una relación directa con Pellegrini y Aznares, jefes de producción y personal de Acindar -le dijo Gustavo Acosta a Miguel Angel Lezcano.

Acosta tenía una credencial que, según él, le daba “carta blanca para actuar”. Los sueldos los pagaban Aznares y Pellegrini.

Todo eso contó Miguel Lezcano el 4 de agosto de 1984 ante la CONADEP.

El 19 de junio de 1975, Analía Matilde Martín, fue detenida en Acindar por personal de la Policía Federal y conducida a los albergues de la propia fábrica. Allí le pegaron y la sometieron a simulacros de fusilamientos. En el Día de la Bandera la llevaron hasta la  Policía Federal rosarina y en agosto la trasladaron a la alcaidía de la Jefatura de la Policía Provincial de Rosario.

“En ese año, no recuerda la fecha exacta, detienen a Ruth González, hermana de una compañera de detención, la psicóloga Mercedes González, y a esta chica Ruth la detienen con sus dos nenitas de corta edad. Esta chica, un día es sacada de la Alcaidía y no la ven más. Al parecer a sus dos nenas las habría adoptado una celadora. Cuando en noviembre de 1976 es trasladada a Devoto se entera por un diario viejo que había sido muerta en un enfrentamiento”, contó Analía.

También denunció que se torturaba en la sección Robos y Hurtos y luego en el temible pozo del Servicio de Informaciones.

Apuntó que “una estadounidense estaba embarazada por la violación de uno de los represores y que fue reintegrada a su país en 1976”, sostuvo ante la CONADEP, el 17 de agosto de 1984.

Haydé Adela Suplo de Tonso era feliz con su hijo Carlos Antonio Tonso hasta que en diciembre de 1975 llegaron ellos.

Los militares le robaron una campera, dinero, un anillo de oro, una cadenita de su hijo y el carnet de identificación de obrero de Acindar.

A las cinco de la mañana del 8 de enero de 1976, volvieron. Le hicieron un interrogatorio y se llevaron a Carlos.

Juan Alberto, hermano del detenido, lo fue a buscar a la Jefatura de Villa Constitución.

-No está acá -le respondieron.

En el camino de La Blanqueada que conduce a la localidad de Theobald, vio tres cuerpos tirados al costado de la ruta. Uno de ellos era Carlos que estaba con la cabeza destrozada y con varios impactos de bala y distintas quemaduras en los brazos. Los otros dos asesinados eran Pedro Antonio Reche y Jorge Andino.

Haydé, cuando le mostraron la revista “Gente”, del 16 de febrero de 1984, reconoció dos fotografías que estaban en aquel número 969.

Correspondían “a la fisonomía de dos de las personas que intervinieron en el secuestro de su hijo”.

Eran Aníbal Gordon y su hijo, Marcelo Gordon.

Aníbal actuaba como jefe, el que hacía las preguntas, y Marcelo era el que llevaba un birrete color amarillo con visera marrón.

Aníbal Gordon era el jefe de la Brigada Panqueque, una de las más trístemente célebres bandas del Batallón 601 del Ejército que en aquellos años formaban la denominada Triple A.

Carlos Sosa era secretario de la Unión Ferroviaria de Villa Constitución. Lo detuvieron el 5 de agosto de 1976. Un mayor del Ejército lo interrogó sobre su actividad política y trató de convencerlo de que trabajara para “ellos dentro del movimiento obrero”.

-No -respondió Sosa.

-Está bien, entonces aténgase a las consecuencias -lo amenazaron.

Después lo llevaron al Cuartel del Regimiento de Pontoneros de San Nicolás y allí fue recibido por el Teniente Coronel, Saint Aman, quien le informó que sería puesto en libertad.

-A mi me han transferido todo el problema de Villa Constitución -le dijo Saint Aman, el mismo que después estaría involucrado en el asesinato del obispo nicoleño, Carlos Ponce de León, el 11 de julio de 1977.

Ni los muertos tuvieron paz en Villa Constitución.

 

“En la capilla del cementerio había un tablero donde quedaban las llaves de cada panteón con el número de cada uno pero ese día, en 1978, faltaba la del panteón 68 y cuando le pregunté al encargado, el señor Camporesi, me dijo que estaban dentro de un cajón, porque parece que anoche vino el ejército y revolvieron todo”, contó Luis Estefanía, el 7 de setiembre de 1984 ante la CONADEP.

Rolando Chávez era obrero de la sección Trafilación, dentro de Acindar, hasta que el 24 de marzo de 1976 lo encarcelaron. Su delito era formar parte de la Lista Marrón. Aunque salió en libertad a fines de 1977, nunca más pudo conseguir trabajo en una metalúrgica. Estaba marcado y entonces debió ganarse el puchero como albañil. El 26 de setiembre de 1984, su mujer, Irma Florencia Torres de Chávez, recibió un llamado telefónico en los consultorios “Fray Luis Beltrán”, de la UOM, donde es empleada de limpieza.

-Usted se tiene que ir de acá, de la UOM, porque si no, corre el riesgo de que le pongamos una bomba en su casa -le dijeron y ella lo informó ante la CONADEP. “Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical, que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte…hemos debilitado el poder sindical y ésta es la base para cualquier salida política en la Argentina”, dijo Juan Alemann, secretario de Hacienda de Jorge Videla.  Esa frase sintetizó la lógica de la represión contra el movimiento obrero opositor a las burocracias vinculadas a las grandes patronales.

La sociedad entre gerentes de plantas y represores fue una constante en la zona del Gran Rosario.

Uno de los torturadores e integrantes del Servicio de Inteligencia del Comando del II Cuerpo de Ejército con asiento en la ciudad de Rosario fue Francisco Bueno o Banegas. Su declaración ante los organismos de derechos humanos en Europa durante los primeros tiempos de la democracia sirvieron para descubrir los mecanismos del terrorismo de estado en la zona sur de la provincia de Santa Fe.

“Las oficinas a las cuales yo debía concurrir estaban ubicadas en la galería La Favorita, en el séptimo piso, oficina 701, bajo el nombre de la empresa INROS, Informaciones Rosario. En ese lugar existía la oficina donde se distribuía el trabajo de información…”, sostuvo el ex integrante del ejército.

“De las siete personas, una de ellas se dedicaba a recabar información en las fábricas Massey Ferguson, John Deere y Anomackura, que están ubicadas en el cordón industrial del Gran Rosario…Las informaciones eran directamente entregadas por el personal de nivel jerárquico de esas empresas y operarios especializados….El nombre del que estaba en el órgano adelantado para la zona del cordón industrial era Cacho Marengo, ese era el seudónimo. El nombre real es Montenegro…El se dedicaba estrictamente a la parte de recolectar los papeles que preparaba el personal de gerencia de esas fábricas”, sostuvo el desaparecedor.

Había otra persona que “se encargaba de la zona un poco más alejada de San Lorenzo que era el enlace con el servicio de informaciones de la policía de San Lorenzo. La policía de San Lorenzo manejaba la zona de Puerto San Martín y Petroquímica Argentina; el que estaba a cargo de informaciones entregaba los papeles semanales de la información recabada a un hombre llamado Tito Ortiz, aunque el nombre real era Orefice”.

Este trabajo de recepción y selección de información que preparaban los jerárquicos de las empresas de la región comenzó en el año 1974, dos años antes del golpe del 24 de marzo.