Voces indígenas que interpelan
Plaza de Mayo
Leyes que no se cumplen, un
proyecto de Código Civil que resta derechos y el modelo extractivo que avanza.
El Gobierno que divide organizaciones, medios y DDHH.
La Ley de Comunicación Audiovisual no es la única norma nacional que no se
cumple.
Los pueblos originarios tienen amplia normativa que protege sus derechos.
Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Declaración de Naciones Unidas
sobre Pueblos Indígenas, Convenio 169 de la OIT (norma internacional vigente en
Argentina) y Ley Nacional 26160 (insta, desde 2006, a suspender los
desalojos).
“Son décadas de lucha, no fue regalo de ningún gobierno, lo logramos
con lucha”, aclara con voz firme la abuela huarpe Paz Argentina Quiroga, y de
inmediato explicita la preocupación de los pueblos indígenas: “Mucho de lo
obtenido está en peligro, el nuevo Código Civil que buscan aprobar quiere
sacarnos derechos. No lo vamos a permitir”.
Entiende que, junto con la Ley Antiterrorista (26734, sancionada en diciembre
de 2011), el Gobierno avanza en la conformación de una ingeniería legal para
avanzar sobre los derechos de los pueblos indígenas. El trasfondo: el modelo
extractivo de agronegocios, petróleo y megaminería.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de la Corte
Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, presentaron el 27 de marzo el proyecto
de reforma de Código Civil. Entre las novedades, promocionaron como hecho
positivo que se incluiría la “propiedad comunitaria” indígena. Los grandes
medios de comunicación replicaron el discurso oficial.
“Es curioso que nunca nos preguntaron a los afectados”, recuerda
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) y del Consejo
Plurinacional Indígena (CPI), espacio conformado en la marcha indígena del
Bicentenario. Y advierte: “El nuevo Código Civil será un retroceso para los
pueblos originarios”.
Quiroga y Nahuel aclaran que se vulneró los derechos indígenas desde el
inicio de la reforma, cuando no se los consultó (como marca la legislación
nacional e internacional), objetan que el proyecto proponga legislar sobre
“inmueble” y no “territorio” (concepto mucho más amplio) y
cuestionan que sólo mencionan “comunidad” (evitan referirse a
“pueblo”, estatus superior de organización).
Quiroga, dirigente huarpe de San Juan, es la mujer originaria que en
mayo de 2010 puso en aprietos a la
Presidenta, en la misma Casa de Gobierno, cuando hastiada por
la falta de respuesta presidencial a las demandas territoriales, le explicó que
“el problema son las transnacionales que avasallan nuestros territorios”. La
presidenta Cristina Fernández de Kirchner no tuvo respuesta.
Dos años después, Quiroga no duda: “El Código Civil que quieren aprobar
le quita derechos a los pueblos indígenas”.
-¿Por qué se oponen a la reforma del Código Civil?
-Jorge Nahuel (JN): Tiene aberraciones como considerar a las comunidades
indígenas dentro del derecho privado, en lugar del derecho público, como incluso
lo marca la Ley de Medios. Equipara comunidades con clubes de fútbol, sociedades
de fomento o consorcios de edificios. El Código Civil ha sido un elemento
represivo con los pueblos indígenas. Entonces creemos importante que se
actualice, por el momento actual que vivimos y porque suponemos que el Código
debe durar décadas. Los pueblos indígenas tenemos un marco normativo alentador,
la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Y por todo eso nos generaba expectativa, pero lamentamos la
escasa participación y consulta que tuvimos los pueblos originarios para
referirnos al tema. En ese sentido, es un claro retroceso, por eso lo
denunciamos, es desalentador el tratamiento que se le está dando desde el
Congreso. El desafío de los legisladores es definir qué sociedad quiere
reconocer, si una sociedad con diversidad o una sociedad represiva de la
diversidad que viven en el territorio.
-¿Por qué creen que no existió la consulta que marca la
ley?
-Paz Argentina Quiroga (PAQ): No es un descuido. Es coherente con la política
del Gobierno, con el famoso modelo nacional y popular. Todas las políticas
implementadas por este Gobierno para los pueblos indígenas son una continuidad
del neoliberalismo de la década pasada, han cambiado de caras, pero sigue
mandando un poder que atenta contra la vida indígena. Y el nuevo Código Civil
viene a reafirmar este poder, es anticonstitucional y avasalla derechos
adquiridos y logrados por tantos años de lucha. Por ejemplo, la propuesta de
Código deja afuera la restitución de territorios indígenas, algo que está en la
Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT (convenio supralegal que
rige en Argentina). El proyecto no nos reconoce como pueblos, solo como
comunidades. No reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, algo que
incluso está explícito en la Constitución Nacional.
-JN: El fondo del asunto es la confrontación de dos modelos de vida. Por un
lado los pueblos indígenas que luchan por llevar adelante sus planes de vida o
buen vivir, y por otro las industrias extractivas que avanzan a cualquier
precio. Ante este modelo, los pueblos indígenas son la interferencia principal
que tienen empresas y gobiernos en los territorios, y por ese necesitan dejarlos
desguarnecidos en cuanto a la aplicación de derechos.
-El Gobierno tomó la bandera de los derechos humanos y ha realizado
cambios concretos respecto…
Quiroga interviene antes de finalizar la pregunta. “Los derechos humanos
del Gobierno llegan solo hasta los crímenes de los ’70. Los derechos humanos de
los pueblos indígenas están siendo avasallado en todos los territorios. Hay
violencia física, judicialización, asesinatos y también hay violencia ejercida
por los gobiernos provinciales, aliados del kirchnerismo, que por acción u
omisión atentan contra las comunidades”.
-El reclamo por el Código Civil ha estado invisibilizado. ¿Han tenido
apoyos?
-JN: Hemos encontrado mucho apoyo en organismos de derechos humanos. Madres
de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente de Derechos Humanos
(APDH), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), entre otros. Y también
organizaciones sociales y de ONG jurídicas. Las instituciones que han estudiado
el marco normativo indígena nos han dado una gran adhesión a nuestro reclamo.
También nos han escuchado desde algunos sectores de la oposición, pero
necesitamos que la mayoría del oficialismo no convierta este proyecto en un
abuso de poder e impunidad. Se pondrá a prueba si serán abierto a un real debate
en el Congreso o habrá abuso de autoridad sobre los pueblos indígenas.
-PAQ: Estamos de acuerdo en que el Código Civil vigente es obsoleto, pero no
ha habido consulta real a los pueblos indígenas, y eso muestra mala fe. Incluso
se toma en los artículos referidos a pueblos indígenas una tesis académica de la
jueza (de la Corte Suprema, Elena) Higton de Nolasco, la respetamos, pero es la
cosmovisión occidental, sin consulta a los indígenas.
-Desde el Gobierno afirman que hay muchas organizaciones indígenas
que apoyan la reforma.
-PAQ. Los que apoyan son los que están bajo las faldas del Gobierno.
-JN. El Estado está manipulando el principio básico de participación y
consulta de los pueblos indígenas. El Gobierno ha invertido gran cantidad de
dinero para crear aparatos que le puedan ser útil a ese fin. Incluso ha llegado
al extremo de fraguar firmas e inventar organizaciones. Ahí ha quedado de
manifiesto el verdadero rol manipulador del aparato creado por el INAI
(Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). Esta situación da lugar a un profundo
replanteo del rol de manipulación del Gobierno entorno de la figura de
participación indígena.
-¿Cómo juega el INAI?
-JN: Avala absolutamente lo que decide el Gobierno y da la espalda a la gran
mayoría de los pueblos indígenas. El INAI debiera ser un ámbito que defienda los
derechos indígenas, y en la práctica defiende al Gobierno y desprotege a las
comunidades. Es el mundo del revés.
-PAQ: El Gobierno desde el INAI ha dividido organizaciones indígenas,
comunidades e incluso ha divido familias indígenas. Un Gobierno que se dice
progresista divide hermanos y reprime a quien defiende el territorio.
-¿Cómo debiera actuar el Gobierno para respetar el derecho a consulta
y participación?
-JN: Tiene que reglamentar ese derecho, algo que no ha hecho. Tiene que
elaborar propuestas y dirigírselas a los representes de las comunidades, de
organizaciones y de pueblos, ya que existen distintos niveles de representación.
En Argentina hay más de treinta pueblos indígenas, y cada uno tiene su forma de
organización.
-¿Se puede hacer operativo?
-JN: Claro que sí, pero con el tiempo que corresponde. No se puede hacer en
90 días, como querían con el Código Civil. Y menos sin procedimientos claros.
Convocar a audiencias, como hizo la Comisión Bicameral del Congreso, no es lo
que se debe hacer en cuanto al respeto de los derechos indígenas. El Estado debe
garantizar la participación y consulta de los pueblos indígenas, es una
obligación del Estado, debe destinar recursos, intérpretes, información y
tiempo.
-¿Por qué no lo hace?
-JN: No quiere que participen los pueblos originario porque sabe que vamos a
rechazar los que hacen en materia indígena. Por eso la situación indígena lo
mantiene en la órbita del desarrollo social.
-¿Qué sucede si el Código Civil se aprueba como lo envío el
Ejecutivo?
-JN: Entrará en el marco de la inconstitucionalidad.
-Cuando la Presidenta y Lorenzetti presentaron el proyecto, todos los
grandes medios de comunicación, a pesar de la polarización, remarcaron el
articulado indígena como un hecho positivo.
-PAQ: Los grandes medios desconocen el tema. Y los medios que están
enfrentados al Poder Ejecutivo han tomado algunas de nuestras banderas pero
sabemos que es algo momentáneo.
-JN: Los grande medios empresariales son una representación del poder que
siempre oprimió y saqueó a los pueblos indígenas. No podrían ser nunca nuestros
portavoces naturales, todo lo contrario. Pero eso no quita que los pueblos
indígenas utilicemos cualquier micrófono para gritar una verdad que está oculta.
Tenemos que utilizar todos los medios posibles para denunciar.
-Ya hace dos años de la histórica marcha indígena del Bicentenario.
¿Cuál es la evaluación a la distancia?
-PAQ: La marcha puso la discusión indígena en otro nivel, nos visibilizó. Más
allá de la falta de respuesta de la Presidenta, nos fortaleció como actores
sociales y políticos. A dos años de esa marcha, el actual avasallamiento de
derechos es totalmente coherente con la respuesta que la Presidenta nos dio ese
día, donde nos reconoció que primero estaban el petróleo, la minería y la soja,
y luego los pueblos indígenas.
-JN: Hay dos estereotipos muy marcados sobre los pueblos indígenas. El
estereotipo del “pobre indio”, marginal, camino a la extinción, obstáculo para
la modernidad y el desarrollo, para el cual hay una política enfocada en
marginalidad, en la ayuda social. Y está el otro estereotipo, elaborado también
por el poder luego de las movilizaciones indígenas, el “indio secesionista”, que
no respeta los valores nacionales, que promueve la desintegración nacional y que
es terrorista. Son dos extremos. Al primero hay que dejarlo que se muera solo,
al otro hay que matarlo por terrorista. El Estado promueve ambas visiones, te da
comida para callarte o te apalea y te mete preso.
-¿Cuál es la respuesta indígena a esos estereotipos?
-JN: No somos ni uno ni otro extremo. Todos los avances de derechos que hemos
tenido en el campo internacional sorprende a muchos, pero todo lo que planteamos
en el ámbito local está encuadrado en los avances de derechos normativos
constitucionales, que no han sido regalos sino que los hemos ganado con mucha
lucha. En ese marco, la reforma del Código Civil no es inocente, está hecho para
restarnos derechos y facilitar el avance del modelo extractivo. Necesitan
asegurar el avance de las empresas petroleas, mineras, y lo hacen quitándonos
derechos y territorios. Es coherente con lo que nos dijo la Presidenta en mayo
de 2010, nos dijo que las extractivas era del modelo que defendía y que teníamos
que “ser inteligentes” y adaptarnos a esa lógica, no oponerse.
-Más allá de un gobierno o de los medios de comunicación, ¿por qué
cuesta tanto que la sociedad sienta como propia las injusticias que padecen los
pueblos indígenas?
-PAQ: Vivimos en una sociedad con aristas bien marcadas de racismo y
xenofobia. Nuestras banderas son negadas porque buena parte de la sociedad
argentina reniega de su origen, muchos argentinos quieren ser blanquitos y
europeos. Pero a esa sociedad le tenemos malas noticias: somos pueblos
preexistentes a la propia Argentina, relegados en los 200 años de conformación
del Estado, y seguiremos luchando hasta que se cumplan nuestros derechos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario