Como una de las tantas carambolas de la historia, las dos apuestas más grandes de la dictadura cívico militar, por fuera del plan de extermino, tuvieron un 2 de abril como día clave. Hace 44 años, las tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas. Hace exactos 50, a José Alfredo Martínez de Hoz le llevó más de dos horas presentar su Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina, la madre de todas las batallas civiles de la dictadura, la que buscó dejar atrás lo que el ministro de Economía definía como “el intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica” y dar paso a “la liberación de las fuerzas productivas”.
Ni el nombre de José Alfredo Martínez de Hoz era nuevo en la vida política nacional, ni su apellido era desconocido en la historia argentina. El hombre que el establishment económico le sentó a Jorge Rafael Videla en el Palacio de Hacienda ya había tenido responsabilidades ejecutivas durante la gestión que José María Guido encabezó tras el derrocamiento de Arturo Frondizi y ocupado el Ministerio de Economía de Salta durante la gestión que designó Aramburu luego del golpe a Perón.
Martínez de Hoz estuvo al frente del Palacio de Hacienda durante cinco años y dos días. En toda la historia, sólo Ramón Cereijo, el primer ministro de Economía de Perón, había cruzado ese umbral fatídico y se había quedado en el cargo durante todo el mandato presidencial, que en ese tiempo duraba seis años. Desde el retorno democrático, el único que permaneció en el cargo más tiempo que el ministro que acompañó toda la presidencia de Videla fue Domingo Cavallo, al que Menem sostuvo cinco años, cuatro meses y 25 días. Datos.
El Plan
Más allá de la fecha, el desembarco de las tropas argentinas en Malvinas tuvo una relación casi directa con el plan económico que Martínez de Hoz había anunciado seis años antes. El descrédito de los militares en el poder se había profundizado con las denuncias internacionales por la violación sistemática a los derechos humanos, pero tenía un componente importante en la debacle económica y social generada por el plan de 1976. Apelar a la recuperación de la perdida perla austral, más allá de la legitimidad del reclamo histórico de la Argentina sobre ese territorio, era una forma de acercar posiciones con una sociedad que ya había decidido que el tiempo de las botas dedía terminar.
“En la política económica del gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”, había escrito Rodolfo Walsh en su carta abierta del 24 de marzo de 1977 y el presagio se había vuelto una realidad inocultable. La crisis al cierre de la etapa de Martínez de Hoz en el Palacio de Hacienda marcó el fracaso del plan económico que se propuso poner a la Argentina en la senda de la prosperidad.

“Hay una Argentina que muere, la del Estado elefantiásico que subsidia empresas ineficientes y cobija tanto a empresarios indolentes como a sindicalistas inescrupulosos”, dijo Martínez de Hoz en la cadena nacional en la que anunció la liberación de precios, importaciones y tarifas; pero dejó al Estado a cargo de pisar el dólar y establecer los salarios. El ministro terminó su mensaje pasada la medianoche y la mayoría de los diarios y los operadores en el mercado celebraron el cambio de era.
En su último libro, Felipe Pigna llama a Joe, “el bombero incendiario”. Acierta al recordar que el ministro se propuso apagar lo que él mismo definió como “los tres incendios”, en referencia la inflación, la recesión, la deuda externa. La inflación acumulada de la era Joe superó el 9 mil por ciento y el final de la dictadura dejó una deuda externa que las políticas económicas se encargaron de multiplicar por seis. No llegaba a los ocho mil millones de dólares cuando Martínez de Hoz tomó las riendas de la Economía, y superaba los 46 mil millones cuando los militares emprendieron su retirada.
El impacto del plan en la provincia
Con la especulación que miraba el dólar barato como bandera, la recesión sólo se profundizó. La semana pasada, la Gerencia de Estudios Económicos y de la Cátedra Jauretche que depende del Banco Provincia publicó un informe que detalla los efectos del plan económico que Martínez de Hoz presentó hace exactos 50 años.
Tal como dio cuenta Buenos Aires/12, el informe indica que, además de arrasar con el ecosistema productivo e industrial concentrado, sobre todo, en los partidos del conurbano bonaerense, la deuda en moneda extranjera de la banca pública provincial llegó a representar el 7 por ciento de la deuda externa nacional. “Aproximadamente un tercio de ese total correspondía a deuda privada, que se expandió rápidamente durante estos años”, detalla el informe.
Si bien con la llegada de los militares el banco fue intervenido por el General Rubén Ferrari Bergarache, el 12 de abril quedó en manos de Roberto Arturo Bullrich que acompañó toda la gestión de Martínez de Hoz y se quedó en la oficina principal del Bapro hasta el 9 de abril de 1981. Su gestión no pudo esquivar la suerte signada por las políticas de su referente nacional.
“El Banco de la Provincia de Buenos Aires debe adecuarse a las pautas de eficiencia que el proceso de reorganización nacional exige, eliminando los subsidios implícitos y compitiendo en el mercado financiero bajo las mismas reglas que la banca privada”, decía Bullrich que había sido, no casualmente, presidente del Banco Galicia.

El “sesgo hacia la especulación financiera y la apertura irrestricta de la economía incentivaron la fuga de capitales y desalentaron la inversión industrial” que terminó por destruir el conglomerado de las pequeñas y medianas empresas, que constituían el entramado productivo del conurbano. Sin espalda financiera ni capacidad para competir con importaciones, muchas desaparecieron. El resultado fue una transformación profunda del territorio.
La implementación del plan estuvo, como es sabido, acompañado por un dispositivo represivo que tuvo un foco particular en los cordones industriales del Gran Buenos Aires. El disciplinamiento del movimiento obrero fue una condición necesaria para avanzar con las reformas impulsadas por Martínez de Hoz, y por esa razón, se desplegó con especial intensidad allí donde se concentraban los trabajadores industriales.
“La desaparición forzada de dirigentes sindicales, la persecución laboral, la intervención de organizaciones gremiales y la instalación de centros clandestinos de detención dentro de fábricas y establecimientos productivos garantizaron el predominio del capital sobre el trabajo en la distribución del ingreso”, subraya la investigación del Bapro.
El propio Roberto Bullrich fue denunciado por Héctor y Javier Timerman, hijos de Jacobo, director del diario La Opinión que fue secuestrado el 15 de octubre de 1977 y que recuperó la libertad después de haber estado cautivo y haber sido torturado en diferentes centros clandestinos regenteados por el general Ramón Camps.
A Bullrich junto a otros siete ex funcionarios de la dictadura, como el propio interventor Ibérico Saint Jean o su ex ministro de Gobierno, Jaime Smart, se los acusó de participar directamente en el secuestro del director de La Opinión y haber estado presente durante los “interrogatorios” que iban acompañados de torturas.
Martínez de Hoz murió en 2013 cumpliendo prisión domiciliaria por una causa que investigaba el secuestro del empresario Federico Gutheim y su hijo, retenidos para obligarlos a cerrar un acuerdo comercial en Hong Kong que, según la causa, favorecía a los intereses del entonces ministro.












