JUICIO POLÍTICO

Un repaso de las acciones de gobierno, las apariciones públicas y alocuciones presidenciales, conduce a considerar que el Presidente incurre constantemente en “mal desempeño de sus funciones” y en muy probables “comisiones de delitos” en el ejercicio de las mismas. Técnica y moralmente  podría al menos suponerse, que no está calificado para desempeñar la Primera Magistratura del País. La Constitución contempla la posibilidad de un Juicio Político para que el Presidente tenga la oportunidad de demostrar que su desempeño no respondió a un plan deliberadamente dañino aunque tendría que esforzarse mucho.

Ha dicho el Prof. Dr. Julio Maier en Página 12 -16/6/2018 refiriéndose al Presidente Mauricio Macri: “Para mí no es una novedad la escasa aptitud intelectual y cultural tanto de él como de sus compañeros de empresa, hoy ministros o Secretarios de Estado de su Gobierno…”

Según la vieja categorización de José Ingenieros, el mediocre es una persona dócil, maleable, ignorante, un ser vegetativo, carente de personalidad, contrario a la perfección, solidario y cómplice de los intereses creados que lo hacen borrego de un rebaño social. Vive según las conveniencias y no logra aprender a amar. En su vida acomodaticia se vuelve vil , escéptico y cobarde.

También describe otra categoría de hombres: Aquellos cuya ineptitud para la imitación le impide adaptarse al medio social en que vive; su personalidad no se desarrolla hasta el nivel corriente, viviendo por debajo de la moral o de la cultura dominante, y en muchos casos fuera de la legalidad. Esos son seres inferiores. (José Ingenieros-“El hombre Mediocre”). Tildar al Presidente Macri de “mediocre” es obsequiarle un elogio inmerecido.

El texto que sigue es, en mi concepto, de naturaleza descriptiva. No puede considerarse un argumento “ad hominem”, dado que no estoy enfrascado en un debate con la persona descripta.

El presidente y la cultura

Las carencias culturales del presidente, se manifiestan frecuentemente en todas las materias que aborda. Desde la confusión básica sobre la significación de las fechas patrias, hasta el desconocimiento de las circunstancias en la repatriación de los restos del Libertador. Desde sus dificultades oratorias, o para leer sus discursos en el “teleprompter” hasta sus involuntarias creaciones de “neologismos” (“atractividades”) y sus desatinos geográficos.

Con todo, estas falencias son detalles menores que, a veces, mueven a risa, aunque ese no sea su objeto. La gravedad es mayor, cuando pretende convencer al pueblo de la conveniencia de las medidas económicas y políticas que adopta. Resulta evidente su claro desconocimiento de la economía política, así como su orfandad cultural en materia jurídica.

Un rasgo mínimo de inteligencia sería que se asesorara con alguna persona ilustrada, antes de hablar en público (por ejemplo manifestar “que se volvió loco” al enterarse de que se había producido un “cambio de carátula” en una causa penal, ignorando que la “carátula” de un expediente carece de importancia, porque lo realmente relevante es la “calificación legal” del hecho juzgado).

En materia económica, y desde un enfoque capitalista, sólo mencionaremos algunas medidas adoptadas, que denotan su ignorancia total de las consecuencias perjudiciales para el país que ellas producen:
– La eliminación de todas las regulaciones cambiarias, determinaron el ingreso y salida irrestrictos de divisas.
– Su adhesión al concepto de que la “inflación” es un fenómeno exclusivamente monetario, (Teoría monetarista cuantitativa sostenida por Friedman y la Escuela de Chicago, que ya fuera puesta en crisis por los análisis de Keynes) condujo al procedimiento de “esterilizar” moneda circulante supuestamente excesiva, de modo que el ingreso de “capitales especulativos” (golondrina) se convirtieran a pesos, y con esos pesos se adquirieran “Lebacs”. Estos pseudotítulos de corto plazo, son reconvertidos nuevamente a dólares a su vencimiento, junto a los intereses ganados, y se retiran del país. Los capitales especulativos se mantienen en lebacs en tanto la tasa de interés con que se los retribuye sea elevada, y más elevada que la variación positiva del tipo de cambio. Si los capitales especulativos se retiran, el BCRA debe afrontar la salida con dólares, y hallar otro modo de “esterilizar” los pesos reingresados al mercado por la venta de las lebacs.

El monto de pesos “esterilizados” por el BCRA se incrementa también por los intereses que dichos “títulos” devengan, sumando hasta mediados de junio (capital + intereses) alrededor de $1.300.000.000.000.

La trampa de las LEBACs

Los inversores “golondrina” con los pesos devueltos por el BCRA, le compran a este dólares. La cantidad de dólares equivalentes al total de lebacs + intereses, es mayor al total de reservas del BCRA. Esta operatoria financiera no incluye ninguna actividad productiva en el medio.

– La salida del llamado “cepo”, implicó el establecimiento de un tipo de cambio único establecido (teóricamente) por “el mercado”. El “cepo” no consistía en la práctica sino en la fijación de tipos de cambio diferenciales.

Es decir: La importación de bienes de consumo que se producen en el país estaba sujeta a “aranceles” que los hacían más caros importados, la importación de bienes de capital no estaba sujeta a aranceles, bienes intermedios tributaban aranceles intermedios. La exportación de granos y carnes , tributaban derechos de exportación en tanto su precio no derivaba de un mayor valor incorporado por el trabajo, sino que importaba un beneficio extraordinario, producto de la fertilidad de la tierra.

Las “retenciones” equivalen a la fijación de un tipo de cambio menor. Muchos estados tienen establecido un “cupo de productos” para consumo interno que no se puede exportar, pudiéndoselo hacer libremente con el excedente. En Argentina esos cupos (por ejemplo trigo, carnes) han sido suprimidos.

Todos los países del mundo fijan aranceles para proteger el trabajo, la producción y el comercio doméstico. Así lo hacen USA, Francia, Alemania, Japón, etc.. En ellos se establecen barreras paraarancelarias (por ejemplo por supuestas condiciones de salubridad exigibles) o arancelarias. Ello significa en la práctica fijar tipos de cambio diferenciales.

Recientemente se ha escuchado al economista Melconián, estrechamente vinculado al Gobierno, decir: “el que quiera comprar dólares para ahorro, que lo pague. El que quiera hacer turismo, que lo pague… etc”, dando a entender que deben establecerse diferentes precios del dólar, según la finalidad de aplicación. El mismo “economista” ha señalado que la flotación libre del tipo de cambio es posible en una economía estabilizada, con superávit comercial constante, sin déficit fiscal, con nula o baja inflación, sin importante deuda externa, y con reservas importantes de divisas. En Argentina nunca se ha visto algo así, de modo que la ”flotación libre”, aún en su sistema capitalista, resulta un desatino.
– El gobierno ha eximido al sector agrario de ingresar al país, el producto de sus exportaciones. Ello incide negativamente en la Balanza Comercial.
– Argentina produce más del 70% del petróleo y gas que consume.
Pero el Gobierno ha “atado” el precio interno de los combustibles al valor internacional del barril de petróleo crudo, o el millón de BTU en dólares. Esto es directamente disparatado.

El precio doméstico de los combustibles debería estar relacionado con su costo de producción más una razonable tasa de ganancia, para las compañías concesionarias de la
extracción de petróleo y gas. Recordemos que Pan American, Chevron, Pampa Energía, entre muchas otras, son eso : concesionarias o permisionarias. No son las propietarias del Petróleo y el Gas.

El ministro de energía Aranguren se negó ante el Congreso a dar a conocer el costo del barril de petróleo y el millón de BTU (gas), en boca de pozo. Algunas informaciones dan cuenta de que el millón de BTU tiene un costo de extracción que ronda los u$s 2. En Argentina, por distintas disposiciones ese valor ronda los u$s 7.-

Adicionalmente , dado que el precio del barril y el gas se fija en dólares, el precio de los combustibles en pesos, están también influidos por el tipo de cambio. Dado que en Argentina el transporte se realiza en su mayor parte por automotor, y la producción de electricidad emplea mayoritariamente el gas, el precio de los combustibles se instala como un factor relevante en el precio de todos los productos, importados o no.

Esto va a contramano del declarado objetivo de bajar la inflación.
– El Gobierno ha resignado ingresos reduciendo los derechos de exportación de los granos, eliminando los de minería, ha condonado miles de millones de deuda de las compañías eléctricas, ha avanzado en el camino para la eliminación del impuesto al patrimonio (bienes personales), ha reducido la tasa impositiva para las empresas, ha eliminado aranceles para la importación de bienes suntuarios o de lujo, ha reducido en varios casos los “aportes patronales” correspondientes a los salarios de los trabajadores, etc.. Ello ha traído como consecuencia una recaudación impositiva inferior a la previsible sin esas medidas e, indirectamente un incremento en el déficit fiscal.

Para morigerarlo, el Gobierno toma deuda externa, que, convertida a pesos, contribuye a pagar los gastos corrientes del Estado, al precio de incrementar la deuda externa y al déficit en la balanza de pagos.

– La eliminación de regulaciones en materia cambiaria, permite la fuga de capitales (legal e ilegal). Las empresas y personas físicas pueden sin límite girar divisas al exterior justificándolas en las remesas de utilidades a sus casas matrices, pago de deudas (reales o inventadas) , pagos de servicios jurídicos, de asesoramiento económico-financiero u otros, pagos de importaciones (muchas veces simuladas), etc., o, como en el caso de la “bicicleta financiera”,  giro del capital temporariamente invertido y sus intereses.

– El Gobierno pone un ojo atento al sector agropecuario, pero en ninguna de sus alocuciones se ha referido concretamente a la Industria. En particular ha prestado una ínfima atención a las PYMEs. Siendo estas las generadoras del 80 % de los puestos de trabajo y se encuentran en un plano inclinado tendiente a su extinción. Se calcula que una cantidad superior a las 8.000 PYMES han desaparecido desde 2016.

No advierte que los trabajadores de las PYMEs aplican la totalidad de sus remuneraciones, a gastos elementales: comida, salud, transporte, vestimenta, por lo que la reducción a su mínima expresión de las PYMEs, achica dramáticamente el consumo, esto es: el mercado interno. Al haber menos consumo inevitablemente se reduce la recaudación de impuestos ( el 50% de la recaudación impositiva es explicada por el IVA). Ello se encadena con un incremento del déficit fiscal. Para limitar el déficit, el gobierno considera inevitable reducir el “gasto”, reducir las partidas previstas para salud, educación,” gasto social” (jubilaciones, pensiones, salarios de los empleados públicos, AUH y otros), con lo que conduce a un menor consumo y naturalmente a una menor recaudación.

Al Presidente Macri no se le cruza por la cabeza que otra forma de reducir el déficit fiscal es la de incrementar los ingresos del Estado. No lo quiere hacer, pues debería encarar una reforma tributaria progresiva, donde contribuyan más los que más ganan o los que más patrimonio tienen, lo que va en contra de sus propios intereses y los de su familia, socios, amigos y allegados. Por ello todas sus medidas van en el sentido opuesto (eliminación de aranceles de importación, eliminación del impuesto a los bienes personales, reducción de aportes patronales, reducción de impuesto a las ganancias de grandes empresas, condonación de deudas millonarias a grandes corporaciones, “blanqueo “ gratuito de capitales evadidos, etc.).
– El Mercado. El Presidente adhiere firmemente a la teoría “del Mercado” como el mejor asignador de recursos económicos (laissez faire, laissez passer), por eso usa la metáfora de que el Estado debe actuar como el “canchero” de un partido de fútbol: solo debe demarcar y cuidar la cancha, siendo los empresarios y las personas físicas las que juegan el partido, donde algunos ganan y muchos pierden. Esta postura no solamente es falsa. También es perversa.

En general no existe “el mercado”. El Estado, por medio de su gobierno, ha incidido e incide en la fijación de los salarios de los trabajadores, fija las tarifas de los servicios públicos, interviene en el mercado de cambios, toma préstamos y decide su aplicación, atiende o no los servicios de salud pública, atiende o no el servicio de educación, adquiere armamentos y equipos para la policía y demás fuerzas de seguridad, desactiva proyectos para la generación de energía (Atucha III y IV), determina el cierre de industrias (p.e. Fanazul , Rio Turbio), privatiza y extranjeriza industrias tecnológicas avanzadas (Arsat), reduce los recursos destinados a la investigación básica y aplicada (Conicet, Inti), entre muchos etc.

Por otra parte: ¿Quiénes conforman el supuesto “mercado”?
Teóricamente el “mercado” es un ámbito en el que se encuentran una cantidad indeterminada de oferentes y una cantidad indeterminada de demandantes de productos.
La intersección de las curvas de oferta y demanda indicaría el “precio” de cada producto. (sea este un bien material o intelectual o el de la fuerza de trabajo potencial de una persona).

Es esta una teoría muy atrayente planteada originalmente por Adam Smith. Pero es solamente una teoría. No se advierte su funcionamiento en la economía real. Veamos: El mercado del aceite comestible tiene en Argentina unos 44 millones de demandantes y 2 oferentes (General Deheza y Molinos).

El mercado del aluminio se compone de una cantidad muy grande de demandantes: empresas constructoras, fábricas de cerramientos y maquinarias, fábricas de utensilios domésticos, etc.,  y un oferente (Aluar).

El mercado del acero tiene muchos demandantes (fabricantes de autopartes, de cerramientos, constructoras, empresas petroleras (tubos de acero sin costura), fabricantes de herramientas, maquinarias , muebles y utensilios domésticos, etc., y un oferente (Techint).

Así podemos continuar con numerosos “productos”: Azúcar, Yerba, harina, etc. En algunos casos existen 4 o 5 “oferentes”, que normalmente se “cartelizan”, repartiéndose entre sí grupos de demandantes.

El fenómeno se reproduce en el supermercadismo. Hay en Argentina unas 6 cadenas de Super o Hipermercados, con la sola exclusión de los supermercados “chinos”, estas cadenas se ponen de acuerdo sobre los precios de los artículos de primera necesidad que venden y la tasa de ganancia que quieren obtener. El consumidor no tiene oportunidad alguna de influir en los precios.

Los medicamentos son demandados por toda la población, pero la oferta depende de cuatro o cindo laboratorios, que “acuerdan” precios de venta desvinculados por completo de los costos de producción.

Un capítulo aparte merecería el “mercado” financiero, dominado por completo por grandes corporaciones nacionales y especialmente trasnacionales, en el que los tomadores locales de créditos y los depositantes también locales de dinero no tienen oportunidad alguna de influir en la tasa de interés. Podríamos seguir.

El Presidente, la Ética, la Moral y el Derecho

La ética es una rama de la filosofía vinculada con el juicio moral, que reflexiona y considera lo que es correcto o incorrecto (lo bueno y lo malo) en nuestra sociedad y en nuestra conducta diaria. La Ética sería el conjunto de normas que provienen del interior de las personas (de su conciencia), y la Moral el conjunto de normas de comportamiento que proviene de la sociedad.

Vivimos en un mundo en el que impera una innumerable cantidad de normas, originadas en numerosas religiones y sistemas jurídicos. De la infinidad de normas morales y jurídicas que reglan las conductas humanas, que establecen (dogmáticamente o no) lo que es correcto o incorrecto, lo prohibido y lo permitido, lo bueno y lo malo, podemos sin embargo extraer un pequeño número de reglas universalmente aceptadas, por ejemplo:  No matar, no robar, no mentir.

Estas normas, de todos modos siempre se relacionan en una comunidad dada, con otro concepto más amplio : La Justicia. Esto es, que esas prohibiciones son reprochables cuando los hechos se realizan injustificadamente. Casos de transgresiones justificadas: Matar en defensa propia, Hurto famélico, Mentira piadosa que no afecta a terceros.

El derecho representa el mínimo de moral necesario para que la sociedad pueda sobrevivir, y los estados disponen de medios coactivos para que ese mínimo sea respetado por toda la comunidad. Confrontando esas tres simples normas con la vida privada y pública del Presidente, la imagen de este no queda bien parada.

Los ejemplos son innumerables:
– El retiro de asignaciones para la subsistencia de las personas con discapacidad, implica una sentencia de muerte diferida.
– El incremento de la tasa de mortalidad infantil por insuficiente asignación de recursos al sistema de salud.
– La disminución de los montos de jubilaciones y pensiones que lleva a los ancianos a un nivel de indigencia que imposibilita su subsistencia, también lo es.
– La privación de elementos esenciales para la supervivencia (por ejemplo remedios necesarios para las personas con incapacidad laborativa y carentes de recursos económicos suficientes; desatención de las personas electrodependientes, etc),va en igual sentido. Entre muchos otros.

Entendiendo el “no robar” en sentido amplio (comprendiendo la estafa, la defraudación, el hurto, etc.). ha sido violada sistemáticamente por el actual Presidente. Desde el viejo negociado con Rousselot por las cloacas de Morón (unos 1.000 millones de dólares), pasando por su pasado como contrabandista, (que costara la destitución por Juicio Político de jueces de la CSJN, al haber dictado su sobreseimiento), incluyendo sus maniobras de evasión y elusión de impuestos utilizando decenas de empresas “off Shore” en paraísos fiscales, (p.e. Kagemusha y Fleg Trading).

Las complejas maniobras jurídicas para eludir el pago de sus deudas con el Estado (Correo Argentino) y el colosal enriquecimiento de su grupo empresario como contratista del Estado, mediante la aplicación de sobreprecios, “retornos” mediante.

El favorecimiento desde el Gobierno a empresas de su propio grupo y de sus amigos y socios, mediante la adjudicación directa de obras y servicios públicos solventados con recursos del estado.

La tolerancia de maniobras tendientes a desfinanciar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por parte de sus amigos, socios y allegados, (El caso Qatar, y la Intermediación indebida del Fondo Axis, de su colaborador Luis Caputo), y la privación de $100.000 millones a dicho fondo. La financiación ilegal de sus campañas políticas mediante aportes simulados de personas indigentes, con robo de identidades y lavado de dineros de origen desconocido.

La mentira (también en sentido amplio, comprendiendo las estratagemas para engañar y defraudar a la población) es evidente en las decisiones políticas y jurídicas del Presidente. Desde sus promesas de campaña “no voy a devaluar”, “la inflación es lo más fácil de resolver”, “tendemos una educación de calidad”, “nadie perderá derechos adquiridos”, “los trabajadores no pagarán ganancias”, “tendremos una justicia independiente”, “no vamos a pedir asistencia al FMI”, etc., hasta las estratagemas para organizar un sistema judicial adicto, mediante el desplazamiento de jueces que fallan en forma diferente a sus deseos, y el empleo de procedimientos ilegales e inconstitucionales sobre el Poder Judicial. Por ejemplo el intento de nombramiento de Jueces supremos por DNU, creación directa de tribunales con competencias que requieren el acuerdo del Senado, el impulso de “juicios” políticos a jueces por el contenido de sus fallos, etc.

La extorsión a los Gobernadores de Provincia amenazando con no remitirles aportes de la coparticipación o ATNs si los legisladores de las mismas provincias no apoyan las iniciativas Legislativas del PRO, desnaturalizando el sentido de la representación popular.El detalle de mentiras y estratagemas defraudatorias contra el pueblo es tan extensa que se requerirían varias ediciones de “Nuestras Voces” para enumerarlas.

Todo lo antes expuesto conduce a considerar que el Presidente incurre constantemente en “mal desempeño de sus funciones” y en muy probables “comisiones de delitos” en el ejercicio de las mismas. Técnica y moralmente no está calificado para desempeñar la Primera Magistratura del País.

¿Cómo poner fin a todo esto?

Es útil recordar al Dr Carlos Sanchez Viamonte: “ La Constitución Argentina procura consagrar como principio político fundamental, el derecho del pueblo de resistir la opresión, y elevar su resistencia hasta la insurrección misma, pero no para alterar la Constitución sino para defenderla e imponer su respeto”.

Más allá del derecho básico del pueblo de “resistir la opresión”, la Constitución Nacional prevé un mecanismo aplicable en estas circunstancias.

Dice el art 53 de la C.N. (La Cámara de Diputados) “Sólo ella ejerce el Derecho de acusar ante el Senado al Presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de Ministros, a los Ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.”

Los delitos por los cuales el Presidente se encuentra acusado, deberán ser juzgados por el Poder Judicial, pero son indicios relevantes que contribuyen a señalar el “mal desempeño” del Primer Mandatario, que se adicionan a su inhabilidad técnica y moral, que ha conducido a la postración del país, comprometiéndolo por varias generaciones, con pérdida de soberanía e independencia económica y a una indescriptible injusticia social .

Claro está, que para iniciar un Juicio Político, todos los Diputados, y en especial los radicales integrantes de la coalición Cambiemos deben recuperar su dignidad y hacer honor a sus tradiciones democráticas, recordando que la república representativa democrática no se limita a la obtención de algunas concejalías, intendencias o gobernaciones, sin incidencia en la fijación del rumbo político, económico y social de la Nación.

En un Juicio de esta naturaleza, el Presidente tendría la oportunidad de demostrar que su desempeño no respondió a un plan deliberadamente dañino (tendría que esforzarse mucho), sino que “sólo” cometió errores por ignorancia, impericia, imprudencia o negligencia, lo que no lo exoneraría del “mal desempeño”, pero al menos le permitiría apelar a su remanido argumento de “echarle la culpa a otros”, atribuyendo todo el desastre al “error” de quienes lo eligieron.