¿A DÓNDE QUIEREN QUE NOS VAYAMOS?

La toma de Guernica

 

Por Emiliano Gullo

 

 Foto Federico Cosso

· El desalojo de la toma de Guernica, la más grande del país, tiene nueva fecha: el 1 de octubre. Allí, tres mil personas sin techo buscan desde hace dos meses una respuesta a la falta de trabajo, tierra y vivienda. Mientras distintos actores negocian a contrarreloj una salida democrática, Emiliano Gullo recorrió el predio de cien hectáreas, habló con sus protagonistas y escribió esta crónica sobre el déficit habitacional, un problema que afecta a más de un millón de familias bonaerenses.

Una mañana a finales de julio la mamá de Maxi recibió un pedido que la puso en alerta. Un vecino necesitaba un colchón. 

 

—¿Para qué lo querés?

 

—Están tomando tierra. Me voy ya.

 

 

Enseguida supo que tenía que moverse rápido. No por ella, que 15 años atrás ya había tomado el pedazo de tierra donde todavía vive, en el barrio de La Yaya, Guernica, cabecera del partido Presidente Perón. Era para su hijo mayor, Maxi, de 20 años, padre de una nena de 2 y con uno más en camino. Maxi nació en Empedrado, un pueblo de Corrientes. Desde los cuatro años no paró de moverse con su familia. Pasó por Wilde, Berazategui, Gerli, Avellaneda, La Yaya. Esta vez le tocaba a él. 

 

Su mamá lo dejó en la esquina de Almirante Brown y Tesla, una de las entradas de la nueva toma de Guernica -la más grande del país- que comenzó el 20 de julio y reúne alrededor de 3 mil personas. Atardecía. Maxi llevaba una campera de la selección argentina, una remera negra, un pantalón largo y unas zapatillas agujereadas. Antes de salir se colgó del cuello una cadenita con el escudo de River Plate. Caminó durante media hora hasta que un hombre se le acercó. Tirate ahí, le dijo. Era el nuevo barrio La Lucha, al fondo de las 100 hectáreas que conforman este predio. Se acostó sobre una lona plástica, se envolvió con una manta y esperó a que el cansancio y el frío lo durmieran. 

 

“La primera noche fue horrible. Me congelé, cuando me desperté no sentía los pies. Los tenía cubiertos de escarcha. Después empecé a moverme, pude levantarme y ya estaba todo bien”, cuenta Maxi un día antes de que el juez Martín Rizzo aceptara la postergación del desalojo. La nueva fecha, el 1 de octubre. “Esta es mi casa, este es mi barrio, ya no es una toma. Mirá, hay calles, manzanas, cada uno tiene su lote”. Su casa está sostenida en cuatro palos. Tiene paredes de nylon. Adentro hay lugar para una pequeña cama, armada también de palos. La cubre un plástico negro, el mismo que usó como colchón para dormir dos meses atrás, cuando llegó por primera vez. El piso, como el de todos acá, es la tierra. 

 

 

Además de La Lucha, nacieron San Martín, La Unión, 20 de Julio. Los vecinos se organizaron y lotearon por igual todos los terrenos con medidas de 10 x 25 o 10 x 30. Están demarcados por elásticos, sogas o cables muy finitos. Algunos tienen puerta de entrada. Los baños son pozos rodeados por una carpa donde apenas entra una persona de pie y están dispuestos de manera tal que puedan ser compartidos entre dos o tres familias. Dividieron el predio en manzanas y eligieron a un delegado y un subdelegado por cada una. Las asambleas interbarriales deciden los pasos a seguir semana a semana. 

 

Santiago Nardín, sociólogo y magíster en Estudios Urbanos, explica que “la presencia de organizaciones sociales y políticas aportan una expertise que permite reducir los riesgos asociados a las primeras etapas de la ocupación, favorece sociabilidades, limita la aparición de violencia interna al generar una estructura de delegados y asambleas que permiten canalizar los conflictos que surjan. También son un freno a los intentos de especulación y lucro”. 

 

A Guernica se acercaron militantes de las organizaciones MTR-Votamos Luchar, FOL, OLP Resistir y Luchar, Víctor Choque, Mulcs, Polo Obrero, Barrios de Pie-Libres Del Sur, Frente Popular Dario Santillan. Entre ellos y los delegados de los cuatro barrios formaron la Coordinación de Delegados y Organizaciones de la Recuperación de Tierras de Guernica.

 

El domingo pasado, la Coordinación organizó un festival para levantar el espíritu entre los vecinos, con el ánimo comprimido por la amenaza del desalojo. Parte se desarrolló de manera virtual pero también hubo bandas en vivo. Sobre un pequeño escenario tocaron los Tenores Obreros, El Cabra (ex cantante de Las Manos de Filippi), Mendieta, Gorrión Gris, Presidentes Muertos, Rock Contestatario y Alaza.

 

Nardín marca diferencias en las tomas del Conurbano. “Hay redes importantes en Quilmes y Matanza ligadas a las primeras tomas de los años ´80 y, hasta el día de hoy, la Iglesia sigue siendo una referencia importante. En Moreno, las tomas de tierras se desarrollaron a partir de negociaciones conflictivas con el municipio. En Lomas de Zamora, cerca de la feria la Salada, estuvieron muy atravesadas por las actividades informales que dinamizan la economía de la zona. En tomas grandes (como la de Guernica) intervienen diversos tipos de organizaciones”.

 

Alan no quiere saber nada con organizaciones externas. Tiene 27 años. Remarca la autonomía barrial en la puerta de la casa que comparte con Silvia, su mujer de 25, y sus dos hijos, de 6 y 8 años. Los dos están sin trabajo. Vienen de Florencio Varela. “Lo hicimos nosotros, nos auto organizamos y repartimos a todos por igual. Es cierto que hay organizaciones de afuera, pero solo nos ayudan, nos asesoran, traen donaciones, pero nadie nos dice qué hacer y qué no”. El hijo más grande le dijo muy seriamente a Alan apenas llegaron a la toma:

 

—Papá, tenemos un gran problema. Acá no hay enchufes. 

 

A los pocos días, pagaron mil pesos para que los conectaran al palo de electricidad que viene de uno de los barrios contiguos y que también nació como toma. Gracias a eso pueden usar una lamparita y, como querían los chicos, un enchufe.

 

Algunos no lo hacen por falta de recursos. Otros porque la amenaza del desalojo inminente los desestimula para invertir lo poco que tienen. Los mantiene en un estado de incertidumbre constante. Es la precariedad menos palpable y, a la vez, la más acuciante. 

 

Pero para ellos -que tuvieron que dejar la pieza que alquilaban porque aumentó de 7 mil a 9 mil pesos- es esto o la nada. Es la tercera vez que intentan asentarse en una toma. En todas perdieron colchones, chapas, ropa. Esta vez -dicen- es la última. 

 

 

“¿A dónde quieren que nos vayamos? No tenemos otra opción. No podemos pagar un alquiler. Acá llegamos y acá nos vamos a quedar. Hasta cuando vamos a estar dando vueltas. Mis hijos ya nos dicen ´vamos a casa´. Para ellos, esta es su casa. Y para nosotros también”, dice Silvia y avisa, con lágrimas y con firmeza, que si los sacan se van al Obelisco con una carpa. Alan trata de no pensar en el desalojo para que sus hijos y Silvia no lo vean triste. “Si me quiebro es peor para ellos”. 

 

El hermano de Silvia les pasó el dato de la toma. Los ayudó en todo. Desarmó el alero de su casa y les regaló las chapas para que las usaran como paredes. El techo, como en muchas casas alrededor, es una pileta pelopincho abierta. Los ayudó hasta que la policía bonaerense secuestró la camioneta cuando salía. “Hasta los bidones de agua le llevaron”, cuenta Alan, que hace dos viajes por día para traer líquido de afuera. Economizar la hidratación es fundamental. Los bidones tienen que alcanzar para las necesidades de toda su familia: bañarse, lavarse los dientes, cocinar, hidratarse.

 

Las denuncias contra la policía provincial por robo, maltratos e insultos se multiplican entre todos los vecinos. Estos cuatro barrios están cercados. Por un lado, un riachuelo los separa de un campo, desde donde llegó una patota a caballos para echarlos los primeros días. No pudieron. Ahora -sobre unos troncos que sirven de puente- van y vienen chicos, mujeres y hombres a buscar leña. Esta noche primaveral de septiembre la temperatura va a descender hasta los -1 grados. 

 

Hacia otro costado, los dueños de uno de los countries levantaron un alambrado y pidieron la instalación de una garita de la Bonaerense. El principal denunciante ante el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta es la firma Bellaco S.A, una empresa que se dedica a la construcción de countries en la zona y que según ARBA le debe al fisco provincial cerca de un millón de pesos en impuestos.

 

 

En los otros puntos de acceso, que dan a barrios consolidados, la policía monta una guardia hambrienta. Los vecinos se adelantaron y al inicio de la toma cavaron varias zanjas para inhibir el avance de los patrulleros.  

 

Las fuerzas de seguridad no sólo detienen el ingreso de comida, agua y pertrechos para construir. También detuvieron el ingreso de personas. El predio, de alguna manera, ya está cerrado. Igualmente es difícil saber con exactitud cuánta gente vive acá. 

 

Según el censo realizado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, en este lugar -grande como 100 canchas de fútbol- hay 2.344 parcelas, 1.904 personas y 604 familias. Aunque en la realidad de la toma esos datos estallan. Los vecinos aseguran que son muchos más, al menos unas 3500. “Muchos no se quieren censar porque ya lo hizo la intendenta de Presidente Perón (Blanca Cantero) y después les armó una causa por usurpación”, explica Diego, de 30 años. A veces hace alguna changa de pintura pero desde el año pasado no trabaja de manera estable. Tiene una hija de cinco años a la que ve poco y nada. Hasta que no se estabilice prefiere no traerla. Algo parecido le pasa a Maxi con Angélica. Tiene tatuado su nombre en el brazo izquierdo. “A veces no paro de llorar. Cuando estoy mal miro su nombre y me recuerda que todo esto que hago es por ella, para que tenga un pedazo de tierra”.

 

También hay gente que no pasa la noche. Pero los que abandonan su parcela corren el riesgo de perderla. Algunos salen a trabajar o a ver a sus hijos. Cuando Maxi sale los domingos a visitar a su hija, le pide una mano a Robelinda, su vecina más próxima. Más que una mano, un ojo. Y muchas veces un plato de comida. 

 

 

Robelinda tiene 37 años y viene de Fiorito. Tiene una hija de 12, uno de 18 y otra de 20. El hijo varón trabaja en la construcción y la ayudó para que tuviera una casa lo más cómoda posible. Tiene pared de chapa y techo de pelopincho como las demás, pero también un espacio de estar, rodeado de lonas. En ese living desayuna Maxi todas las mañanas. También viene a buscar comida Sabrina, que vive al lado junto a sus tres hijos de 2, 3 y 5 años. Sabrina es de Glew. Duerme con sus hijos en una misma cama, armada de pedazos irregulares de madera. Para calentarse por las noches, dejá el brasero adentro. “Cuando se apagaron las brasas ya nos dormimos, y podemos descansar bien”. El más chiquito corre por afuera de la casa y se mete en living de Robelinda. Sabrina está tranquila si su hijo está ahí. 

 

En La Lucha todos saben que Robelinda siempre está. En agosto se venció la perimetral que le puso a su pareja. Una amiga le contó de la toma y se mandó. Robelinda lo tiene claro. Ella no vuelve. 

 

“Es su casa. Y que se quede ahí. Yo ya fui a la Justicia mil veces. Nunca avanza la causa. Mi hija más chica tiene secuelas de violencia. Yo a esa casa no vuelvo más. Todavía no la puedo traer porque necesita tener buena conexión de internet para terminar las clases. Pero ya lo voy a hacer”. 

 

El sociólogo Nardín explica que “estas tomas están motivadas, en parte, por la expulsión de alquileres formales e informales, por el creciente hacinamiento que se agrava por el confinamiento que impone la pandemia. No solo por aspectos sanitarios (irse a vivir a una carpa en un lote no pareciera ser una mejora en ese sentido) sino también por los conflictos intrafamiliares y las crecientes tensiones que generaron en el marco del aislamiento”.

 

 

Antes de la pandemia del Covid, Robelinda limpiaba casas en Capital. Ahora está en cero. Para alquilar una habitación en Fiorito le pedían 9 mil pesos, cuando el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), creado durante la pandemia, es de 10 mil. El cobro del IFE es caótico. Maxi dice que lo pudo cobrar dos veces. Robelinda a veces lo cobra. A veces no. Otros lo cobran siempre. Hasta el momento, aún con cierta inestabilidad, el IFE parecería la única política social que llega al territorio.

 

El Plan Nacional de Suelo Urbano, creado en la actual gestión de Alberto Fernández para intentar dar una respuesta a este tipo de conflicto, tiene previsto la creación de 10 mil lotes con servicio para este año en todo el país. Forma parte del ProCreAr que proyecta la construcción de 44 mil viviendas. Pese al anuncio, en esta coyuntura urgente su ejecución aún no tiene fecha. La socióloga y especialista en estudios urbanos María Mercedes Di Virgilio explica que “la pandemia enlentece todo; el plan es muy reciente y no son políticas de ejecución directa. Tiene que articular con las provincias, con los municipios y eso genera una tensión en la implementación”. 

 

Según Rubén Pascolini, subsecretario de Acceso al Hábitat de la provincia de Buenos Aires, “el déficit habitacional proyectado en la provincia es de aproximadamente 1.240.000 familias que tienen problemas de vivienda”. Pascolini forma parte del Dispositivo Interministerial creado para destrabar este conflicto junto a Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, y Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH. También participan de las negociaciones organismos defensores de los Derechos Humanos como el CELS, la SERPAJ, el Defensor del Pueblo, y la CODESEDH, entre otros. 

 

 

Sobre los distintos marcos legales que debieran facilitar el acceso a la vivienda de sectores populares, Di Virgilio detalla las dificultades. “Existen marcos progresistas con respecto a las leyes. La ley de Acceso Justo al Hábitat en la provincia de Buenos Aires, la Ley de Urbanización e Integración de Barrios Informales. Es decir, los marcos normativos existen y son habilitantes pero se tienen que hacer operativos en cuanto a los presupuestos. Solo con eso no alcanzan para dar una respuesta efectiva a la emergencia”. Además -dice la investigadora- “el mercado informal es un gran problema porque no hay forma de regular qué es lo que se alquila o las transacciones; todo lo que el gobierno decretó como la prohibición del desalojo no aplican para ese mercado”. 

 

Con 49 años y con sólo un mes y medio de atraso en el alquiler -en el medio del pico de la pandemia- Gladys, sus cuatro hijos y sus tres nietos fueron obligados a dejar su casa en Claypole. Por primera vez en su vida tuvo que participar de una toma de tierras. 

 

La nueva casa de Gladys está llena de gente. Todos quieren estar cerca de ella. Por motivación propia se convirtió en el comedor de La Lucha. A veces cocina al mediodía y a la tarde hace una copa de leche. A veces cocina para la noche. Pero siempre alimenta a unas 80 personas. Entre ellos está Maxi, que después de desayunar en lo de Robelinda se prepara para sus almuerzos.. 

 

 

“Yo siempre tuve comedores. En Claypole, en todos lados por donde pasé. ¿Por qué no lo iba a hacer acá? Esto es todo para mi. Es esto o la calle”, cuenta Gladys y muestra: “Mirá lo que son mis manos”. A esta hora de la tarde, apenas pasadas las cuatro, todavía queda guiso del mediodía. Tiene fideos, tomate, zapallito, zanahoria, papa, verdeo. “Todos ayudan. Algunos traen leña. Otros consiguen verduras y las pasan como pueden. Mi hija más chica va a buscar agua. Otros chicos recorren las carnicerías de afuera a ver si nos regalan algo. Y entre todos logramos cosas”. Gladys es también la subdelegada de su manzana. Miguel, el delegado, pasa por su almuerzo tardío.

 

Al atardecer se levantan los teros con sus gritos agudos. Son decenas. Cruzan los barrios de La Unión, La Lucha, 20 de Julio, San Martín. En el campo se dice que la estrategia de los teros es gritar donde no están sus huevos y así despistar a sus depredadores.