BOCINAZOS

POR HORACIO VERBITSKY

 

El método estrepitoso de la oposición tiene sus émulos en el oficialismo, cuyos representantes no tocan la bocina de sus autos pero debaten por los medios en tono airado, desviando la atención de las cuestiones de fondo con las que el gobierno nacional va encarrilando su gestión, en las condiciones más adversas imaginables. El ejemplo más nítido lo dieron el secretario de asuntos legislativos de la jefatura de gabinete de la Nación, Fernando Navarro, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, muy interesados cada uno en aspiraciones políticas ajenas a sus respectivas funciones. El precio de estas frivolidades lo paga el gobierno del Presidente Alberto Fernández, a quien los propios le hacen más daño que los ajenos.

El miércoles, en el programa televisado del Grupo Clarín que orienta en forma directa Héctor Magnetto, el Presidente Alberto Fernández les recordó a quienes lo entrevistaban que el acuerdo con los acreedores externos por la gigantesca deuda que dejó el gobierno de Maurizio Macrì se anunció apenas dos días antes.Banderillas

Este fue el diálogo textual:

—¿Cómo vamos a salir?

—Estamos saliendo.

—Sí, pero Argentina necesita un plan, un programa de desarrollo. Una cosa es un rebote y otra cosa es salir.

—A veces admiro la ansiedad que ustedes tienen. Yo quiero recordarles que hasta el viernes pasado nosotros estábamos obligados a pagar, entre 2020 y 2025, 48.000 millones de dólares.

—Eso fue un gol.

—¿Eso fue un gol? Bueno, recién lo hicimos el lunes, ¿todavía podemos festejar un ratito? El lunes, eso lo hicimos el lunes y ya parece que hubieran pasado dos años.

 

 

Es discutible la utilidad de someterse al manoseo de operadores que disfrazan como preguntas sus afirmaciones insidiosas dirigidas a menoscabar al Presidente y martillar las imágenes que proponen a la audiencia como si fueran verdades reveladas, del tipo de:

—¿Quién manda en la Argentina, usted o Cristina?

Es difícil que el Presidente salga mal parado en el mano a mano, como ocurrió cuando se planteó la regulación del servicio público esencial que afecta a los principales negocios del Grupo Clarín, salvo el diario y las inversiones agropecuarias y financieras. Cuando uno de los interrogadores dijo que esa regulación afectaba a todo un sector de punta, Fernández replicó que era un mercado de enorme concentración, donde solo un actor ofrecía tanto telefonía fija y celular, como televisión de pago e internet.

Pero entonces el otro entrevistador le preguntó si el decreto estaba dirigido a ese único actor, que era el que confeccionó el cuestionario. Con lo cual, pese a la precisa contestación presidencial, consiguieron clavar su banderilla donde se proponían.

 

 

 

¿Sirve someterse a ese manoseo?

La furibunda declaración firmada ayer por los capitostes de AEA (donde junto con Magnetto tallan Paolo Rocca, Cristiano Ratazzi y Luis Pagani)  despeja cualquier duda. No quieren pagar impuestos, rechazan controles de precios y cualquier regulación estatal, les indigna que Alberto y Cristina invoquen el voto popular para avalar las decisiones políticas que toman siguiendo los procedimientos de la democracia, donde cuando no hay acuerdo decide la mayoría. Como no lo aceptan, prosiguen con la operación de acoso y derribo iniciada cuando entendieron que Alberto y Cristina no son tan tontos como para enfrentarse.

Del Colón a Laferrere

Fernández aprovechó esa ocasión para clarificar sus dichos de la mañana en el acto por el Día de la Industria. Allí había sostenido que por culpa de la oposición la Cámara de Diputados no pudo aprobar la ley de emergencia para la promoción del turismo. Pero la sesión había concluido cerca de las 6 de la mañana, con una votación en la cual sí se aprobó el texto que venía del Senado. Pero Alberto no lo sabía. Tan simple como eso.

 

 

 

 

En una reunión de ocho horas de la comisión de labor parlamentaria se había alcanzado un acuerdo sobre la posibilidad de sesionar con una fórmula mixta, presencial/remota. Mario Negri y Cristian Ritondo pidieron un cuarto intermedio para consultar con el bloque, y al regresar dijeron que lo acordado no era aceptable. Desde el oficialismo adujeron que esa decisión se adoptó en la reposera europea. Muy gracioso, pero la realidad es peor: hubo diputadxs que dijeron que no habían recorrido miles de kilómetros para que después aceptaran sus planteos y se realizara la sesión. El plan era frustrarla.

Antes, el oficialismo había rechazado dos pretensiones de la oposición:

• Decidir la agenda que se podría tratar en forma remota;
• Sesionar en el Teatro Colón o en el Centro Cultural Kirchner.

¿“No querrán elegir también nuestro programa de gobierno y las autoridades de nuestro bloque”?, preguntó el presidente del bloque del FdT, Máximo Kirchner.

La contraoferta fue que la Cámara se reuniera en el estadio descubierto del Club Laferrere, en el partido de La Matanza. “Que conozcan el Gran Buenos Aires, que pisen el barro”, era el subtexto.

La oposición tiene otros planes. Se puede apreciar en este post de la esposa del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, organizadora de matrimonios y otros eventos sociales:

 

 

Por último, Kirchner y el presidente de la Cámara, Sergio Massa, propusieron sesionar con el protocolo que se había usado hasta ahora, que admite la combinación de presentes físicos y virtuales, siempre que todos estén logueados, de modo que haya un único sistema de registro, fundamental a la hora de votar. La oposición sentó en las bancas a más de 90 de sus representantes, pero como no aceptaron loguearse, a la hora de emitir el voto el sistema no los registró. Es absurdo que alguien que está en su banca y opina, sea computado como ausente. Pero esa fue la decisión política de los cambiones.

 

El retiro del recinto, con la ofendida nariz en alto y el intento de resolver en los tribunales lo que no se pudo en el Congreso, es un viejo hábito de la UCR, por lo menos desde 1948, cuando la mayoría de entonces decidió reformar la Constitución Nacional.

 

Esa práctica se ha viralizado ahora a sus nuevos socios del PRO y la Coalición Cívica Libertadora, no menos dignos que los nietos de Balbín. Con quorum estricto y por 127 votos contra 2 abstenciones (de la izquierda trotskysta), la Cámara sancionó la ley, y con 129 votos también aprobó la que aumenta las multas por la pesca clandestina. Desactualizadas desde 1998, las multas no pasan de 10 millones de pesos, (algo más de 100.000 dólares), irrisorio para el volumen de la actividad. La enmienda las eleva hasta el equivalente a unos 6 millones de dólares, medidos en galones de gasoil, para que no vuelvan a depreciarse.

Otros argumentos expuestos para rehusarse al funcionamiento a distancia, fue que algunos integrantes de la bancada opositora sentían miedo y podrían cambiar su voto, y que sentados en el recinto no se atreverían. Pusieron como ejemplo lo sucedido en diciembre de 2017, cuando Macrì desoyó el consejo de sus colaboradores Darío Nieto y Susana Martinengo, que recibían informes de inteligencia sobre el creciente malestar social, y forzó la sesión para la reforma previsional. Pero ante la directa pregunta del oficialismo, no pudieron identificar a nadie que fuera a votar distinto en el recinto o en su casa. Miedo podría sentir Massa. En cuanto la oposición se retiró, su teléfono comenzó a recibir mensajes amenazantes. No sólo el propio. También los de sus hijos, con quienes Massa debió mantener una seria conversación para tranquilizarlos. A Milagros, que es una adolescente, le escribieron que la violarían antes de matarla, lo que revela la falta de límites de quienes conducen la operación de acoso y derribo.

 

 

Cuidar al Presidente

Durante el resto del día, dirigentes y repetidoras de la oposición aguaron la celebración del FdT, alegando que Fernández le había dado la razón a JxC, un disparate insostenible. Los cambiones desconocieron la validez de la sesión y anunciaron que recurrirían a la Justicia para invalidarla. No lo hicieron, porque su viabilidad es dudosa, pero lo instalaron por los medios. Les sirvió un fallo extemporáneo de la Cámara contencioso administrativa. La sala VI, donde firma el presidente eterno de la Cámara, Jorge Alberto Morán, rechazó el amparo presentado en mayo por una diputada de la oposición y, como al pasar, dijo que el protocolo para sesionar estaba vencido. La operatividad de esa resolución es nula, porque después de su firma, en la comisión de labor parlamentaria se aprobó la renovación del protocolo, pero sirve para sumar barullo, que es la táctica central de una minoría cada día más ruidosa.

La reunión posterior del bloque oficialista fue ríspida. Quienes soportaron todas las chicanas de la oposición, cuyo ostensible objetivo era impedir la sesión, cambiando de argumentos cada vez que fuera conveniente, se sintieron desalentados por el error presidencial, quien cerca del mediodía aún no estaba al tanto de lo sucedido en el recinto. Massa y Kirchner fueron a Olivos para transmitirle a Fernández las consecuencias que habían tenido sus palabras y allí se acordó la aclaración que llegaría más tarde.

 

Massa y Kirchner  señalaron la responsabilidad de Fernando Navarro, quien como secretario de relaciones parlamentarias de la jefatura de gabinete es quien debió advertirle a Fernández antes de su primera aparición pública, lo que había sucedido a la madrugada en el Congreso. Hay que cuidar al Presidente, sostuvieron Massa y Kirchner.

 

El problema es que ese título es decorativo, porque Navarro se ocupa de otras cosas y no está al tanto de lo que ocurre en el Congreso, donde carece de contacto con las autoridades de las cámaras y de los principales bloques. En cambio, es uno de los hábiles declarantes, infatigable en su recorrido de estudios de televisión, donde habla de cualquier cosa menos de las atinentes a su cargo. Mientras el Presidente analizaba los hechos del día con Massa y Kirchner, Navarro discutía por televisión con Berni, otro fanático del bocinazo. El ministro difundió un spot sobre las tomas de tierras, con datos sobre desalojos y personas detenidas y una enfática exaltación de los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad privada.

 

 

Luego, en una entrevista acusó a Navarro y al Movimiento Evita de impulsar la toma de tierras. Navarro lo negó y lo llamó charlatán de feria.

Berni también dedica tiempo y esfuerzos a emprendimientos ajenos a su función. El cirujano de Capilla del Señor que hubiera querido ser militar se postula para la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y no perdona paredón de la zona sur del Conurbano sin pintadas que respalden su ambición. Otros spots del ministro instalaron la marca Fuerza Buenos Aires, de obvia proyección electoral.

Sus spots de campaña son risibles pero explícitos. Super Berni quiere dejar una huella en la historia, dice. ¿Como Putin en Rusia?

 

 

 

Esto ha provocado malestar entre los intendentes que tienen otras preferencias. Uno de los más enojados es el de Lomas, Martín Insaurralde.

La insistencia de Berni en calificar como delincuentes a quienes intentan apoderarse de un pedazo de tierra para erigir su vivienda es más inoportuna que la denuncia penal de la ministra Sabina Frederic contra quienes atizaron respuestas violentas a las ocupaciones en Villa Mascardi. Ambas producen reacciones furibundas que sólo convienen a los enemigos comunes. Si los políticos se olvidaran por un tiempo de los tribunales todo sería menos embrollado.

No es una cuestión ideológica. Sabina entiende que no se puede responder con medidas de seguridad a una problemática estructural. Berni lo conoce bien, pero ha elegido un rol que considera más atractivo para la vecinocracia bonaerense. Esa problemática estructural se arrastra desde la dictadura, cuando la ley de barrios cerrados entregó al negocio inmobiliario las mejores tierras suburbanas, y se agravó con el menemismo, cuando el avance de los cultivos transgénicos sobre los ejidos urbanos terminó de arrinconar a los más necesitados. Desde fines de la década de 1970, la ocupación es la única manera de acceso a la tierra de los desheredados, sobre parcelas inundables y rellenos sanitarios contaminantes. Es ostensible la diversidad de actores en las diferentes tomas. Hay:

• movimientos sociales,
• narcos,
• policías y
• especuladores inmobiliarios.

Pero el trasfondo invariable es una desesperada necesidad, de esas que en el discurso político engendran un derecho.

Tampoco parece muy inteligente haber unido en el calendario este debate sobre propiedad de la tierra y derechos esenciales, con los anuncios grandilocuentes sobre seguridad frente al delito, que es un tema muy distinto. La idea de que más seguridad se logra con más policías responde a una vieja confusión, en la que incurre un gobierno tras otro. Así, la Argentina está muy por encima de los estándares internacionales de policías en relación con el número de habitantes.

Para todos estos funcionarios va dedicada esta película que Vittorio De Sica filmó en 1956, El Techo.

 

 

 

 

 

Misión cumplida

La decisión de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de rehusar la invitación a una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos del Senado, a la que también faltaron los senadores de JxC, es coherente con el carácter político de su designación en la Cámara Federal de la Capital por el dedo del ex Presidente Maurizio Macrì. La misión que cumplieron fue confirmar las decisiones de los jueces Claudio Bonadío y Julián Ercolini en la serie de causas que ambos instruyeron contra la ex Presidenta CFK.

Algunos columnistas demasiado entusiastas afirman que condenaron a Cristina. Es sólo una expresión de deseos. La actual vicepresidenta fue procesada en 6 causas por Bonadío (Cuadernos, Vuelos del Avión Presidencial, Carta de San Martín, Memorándum con Irán, pagos a empresas ferroviarias y viales) y 3 por Ercolini (Hotesur, Los Sauces y Obra Pública). Los otros diez juzgados federales de Comodoro Py no han tenido suerte con los sorteos.  Si la computadora divisaba alguna letra K, asignaba el expediente a Bonadío o Ercolini. Prodigios de la Inteligencia Artificial y el Machine Learning. ¿Quién dijo que hay que modernizar el fuero federal?

La inasistencia de Bruglia y Bertuzzi a la audiencia pública del viernes indica que han elegido el camino de la batalla judicial, cosa previsible ya que ese es el terreno donde han hozado desde 2018, cuando fueron depositados en la sala I de la Cámara Federal para desempeñar la tarea encomendada. Bruglia confirmó 8 de los procesamientos de CFK, Bertuzzi, 5, Martín Irurzun 2, Jorge Ballestero y Mariano Llorens 2 cada uno, y Eduardo Farah 1.

Ambos presentaron un recurso de amparo ante la jueza de primera instancia María Alejandra Bioti. En un primer momento, les concedió una medida precautelar y ordenó al Senado que no ejerciera su atribución constitucional de prestar acuerdo, o negarlo, a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo. Como era de prever, el Senado ignoró esa insólita injerencia de un poder en el campo de otro. Bioti lo pensó mejor y rechazó el amparo, con un argumento de forma y otro de fondo:

• como el Senado aún no se expidió, no hay agravio, de modo que el planteo es prematuro, y
• ser camarista o juez de un Tribunal Oral son jerarquías distintas, por lo cual para el traspaso es preciso el acuerdo del Senado.

 

 

Dos ineptos designados por favoritismo presidencial

En el apuro, Bruglia y Bertuzzi voltearon varias señales de tránsito jurídico. Recurrieron a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal pero también ante la Corte Suprema de Justicia, de la que reclaman que se aboque per saltum. Habría que fatigar los archivos y exprimir la memoria de los ancianos de la tribu judicial para encontrar una apelación simultánea ante dos instancias distintas, presentada con un par de días de diferencia.

Cuando los camaristas Jorge Alemany y Guillermo Treacy comenzaron a estudiar la apelación, Bruglia y Bertuzzi pidieron que no la trataran, porque sus expectativas estaban puestas en la Corte Suprema, donde imaginaban que a los dos jueces designados por decreto por Macrì, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, podría sumarse para confirmarlos en sus asientos Ricardo Lorenzetti, quien fue el valedor de los jueces que avanzaron causas contra Cristina. Pero en el Acuerdo del jueves 3, la Corte se evitó el ridículo que le proponían y la Cámara Contencioso Administrativa desoyó la plegaria y confirmó el rechazo de la medida cautelar. Para el juez Treacy no está suficientemente acreditada la verosimilitud del derecho invocado y desde que Biotti rechazó la acción «no se aportaron nuevos elementos que permitan concluir que el actuar de la demandada haya sido inequívocamente arbitrario». Además, ni el Poder Ejecutivo ni el Senado son partes del proceso, que se inició contra el Consejo de la Magistratura. Su colega Alemany agregó que Bruglia y Bertuzzi podrán volver al tribunal oral y no serán afectadas sus remuneraciones, y que además de los principios del derecho administrativo deben tenerse en cuenta «los principios y reglas del derecho constitucional relativos a las atribuciones del Senado y a la naturaleza del acuerdo». Tras cartón les disparó con munición gruesa: la opinión de Hamilton en el N° 76 de El Federalista, según quien el acuerdo del Senado  “seria un excelente freno para el espíritu de favoritismo del Presidente y tendería grandemente a evitar el nombramiento de caracteres ineptos”. El viernes 4, Bruglia y Bertuzzi faltaron a la cita del Senado, con lo cual su suerte quedó echada. Tampoco asistió el juez de tribunal oral Germán Castelli, trasladado de San Martín a Comodoro Py, también para encargarse de CFK. El recurso de Castelli ya fue rechazado en primera instancia por la jueza Macarena Marra Giménez.

 

Nada que diga la mayoría peronista del Senado podrá ser más hiriente para Bruglia y Bertuzzi que la cita de Hamilton:  dos ineptos, designados por favoritismo presidencial.

 

 

Sin discusión

Por lo menos dos veces, hace nueve y siete décadas, el desborde de las atribuciones del Poder Judicial, que ahora demandan estos jueces aferrados a sus lugares malhabidos, fue negado en forma categórica por la Corte Suprema. El 10 de febrero de 1930, los supremos José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna rechazaron el recurso del juez federal subrogante de Salta, Martín Gómez Rincón, quien se resistía a su traslado a La Rioja dispuesto por el gobierno del Presidente Hipólito Yrigoyen.

La Corte sostuvo que, como el recurso no involucraba a naciones extranjeras o provincias, era ajeno a su jurisdicción originaria. Tampoco podía formular declaraciones generales o abstractas sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes y decretos, “sino únicamente sobre la aplicación de estas al hecho o caso contencioso producido”. Es decir, en una “controversia entre partes que afirman y contradicen derechos fundados en la prescripción legal discutida”. De otro modo, “dispondría de una autoridad sin contralor sobre el gobierno de la República y podría llegar el caso de que los demás poderes del Estado le quedaran supeditados, con mengua a la letra y el espíritu de la ley fundamental”. La Corte tampoco es competente para “conocer por vía de superintendencia la cuestión”, ya que de lo contrario, “la supremacía de aquella sobre los demás poderes del Estado, que la Constitución ha tenido la sabia previsión de evitar, se habría realizado mediante las leyes de organización del Poder Judicial de la Nación, consecuencia a todas luces inadmisible”.

Casi tres décadas después, la misma cuestión fue resuelta en forma idéntica por la Corte que integraban los jueces Alfredo Orgaz, Benjamín Villegas Basavilbaso, Aristóbulo Aráoz de Lamadrid, Luis Boffi Boggero y Julio Oyhanarte. El camarista de paz José María Sagasta reclamaba la inamovilidad constitucional en su cargo, desconocida por el flamante gobierno de Arturo Frondizi.  Sagasta tuvo acuerdo del Senado durante la presidencia de Juan Perón, fue puesto en comisión y luego confirmado por los golpistas de 1955, y en mayo de 1958, Frondizi envió el pliego de otro candidato para ocupar la misma función.

El Procurador Ramón Lascano dictaminó que la demanda no constituía un caso judicial y tampoco una cuestión de superintendencia. La independencia y separación de los poderes,  torna «inadmisible, dentro del marco constitucional, que un poder decida acerca de la validez de un acto emanado de otro, si no media para ello una facultad resultante de la misma Constitución”.

Sobre el reclamo concreto de Sagasta, consideró que al haber sido confirmado por los golpistas había perdido la inamovilidad constitucional. La Corte hizo propios los conceptos del Procurador, y agregó que “no ha existido intromisión alguna del Poder Ejecutivo ni del Senado” en la independencia del Poder Judicial, ya que el acuerdo es un requisito indispensable durante un gobierno de iure.

 

 

Represalias

Cuando fue el turno de Eduardo Farah, el ex camarista federal contó la persecución que padeció a partir de mayo de 2018 cuando junto con Jorge Ballestero modificó la calificación, de defraudación a evasión fiscal, de los delitos que se reprochaban a Fabián De Sousa y Cristóbal López, lo que permitió que recuperaran la libertad.

Dijo que solicitó al ministro Germán Garavano su traslado a otra jurisdicción, a raíz de

• ataques mediáticos y políticos (entre cuyos autores mencionó a Ricardo Gil Lavedra),
• una denuncia penal en su contra por prevaricato y cohecho presentada por el abogado Adrián Bastianes,
• el silencio de la Asociación de Magistrados, y
• el envío de la denuncia al Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema.

Con mucha cautela, Farah evitó responsabilizar en forma directa al gobierno de entonces, aunque admitió que conocía la reacción virulenta en su contra de Macrì en programas de televisión. Algunos datos complementarios:

• Gil Lavedra fue el abogado que la AFIP contrató para solicitar la detención de López y De Sousa.
• Bastianes fue uno de los organizadores de la marcha por Natalio A. Nisman en febrero de 2015 y participó de otra contra Dilma Rousseff en San Pablo al mes siguiente.
• En aquel momento la Asociación de Magistrados era presidida por María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, una de las camaristas que aprobó la condonación de una deuda de 70.000 millones de pesos del Correo de los Macrì con el Estado.
• Al frente de la Corte Suprema estaba Ricardo Lorenzetti, el protector de los jueces que procesaban a Cristina y autor de la doctrina que hizo firmar al recatado Martín Irurzun para justificar la detención preventiva de ex funcionarios.

 

 

Hasta Irurzun disintió

Entre los particulares que impugnaron a Bruglia y Bertuzzi estuvo el empresario Gerardo Ferreyra. Una semana antes de que los camaristas confirmaran el procesamiento de Cristina y de los funcionarios de su gobierno por la Encuadernadora Glock, el contenido del fallo apareció en el teléfono del agente estadounidense Marcelo Sebastián D’Alessio. El punteo advertía que los empresarios recuperarían la libertad, como había prometido Macrì a sus enfurecidos colegas. El único que no salió, porque lo consideraron integrante de una supuesta asociación ilícita, dado que se negó a arrepentirse, fue Ferreyra.

El vicepresidente de Electroingeniería también aportó a la Comisión una pieza notable para entender los tejes y manejes de Comodoro Py: el 29 de mayo de 2018, Irurzun se opuso a la propuesta de Bruglia de trasladar a la Cámara para cubrir vacantes a Bertuzzi y/o a Jorge Gorini y Néstor Costabel, con quienes había compartido el tribunal oral federal 7. Irurzun objetó que era necesario “que las vacantes se cubran mediante la designación regular de magistrados, tal y como lo impone la Constitución Nacional”. Es decir, con acuerdo del Senado, ya que “la designación transitoria por periodos prolongados no atiende al espíritu de las instituciones republicanas”. Pero el 19 de septiembre Macrì dispuso por decreto depositar a Bertuzzi en la Cámara, junto a Bruglia e Irurzun, cuya objeción no fue tomada en cuenta.

Cuatro días antes de la audiencia, durante un seminario organizado por el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, donde revistan los grandes estudios que tienen como clientes a las mayores empresas estadounidenses que operan en la Argentina, el embajador Edward Prado dijo que “atacar a un juez es atacar a todo el sistema judicial”.

En la audiencia de confirmación ante el Senado de su país, en marzo de ese mismo año 2018,  Prado destacó que trabajaría “con los abogados y jueces de la Argentina” y expresó el propósito de “aumentar las oportunidades para las empresas estadounidenses” aquí. Esta vez el ex juez y ex fiscal texano, que disfrazó de cowboy al Procurador interino Eduardo Casal y de algo así a la ex ministra Patricia Bullrich, no logró acatamiento.

En ausencia de la oposición, los senadores del oficialismo dispusieron negar el acuerdo a Castelli, Bruglia y Bertuzzi por su desconocimiento de las facultades constitucionales del Senado. El dictamen se firmará durante la semana y el Senado lo trataría el jueves 10. El procesado operador judicial del Grupo Clarín, Daniel Pedro Santoro, colocó a la Corte Suprema al borde del conflicto de poderes con el Poder Ejecutivo, en una nota que expresa sus más fuertes deseos.