El miedo de Macri al
tiro penal
Si bien hay nada
menos que 173 causas en las que figura como denunciado y por lo menos cinco
preocuparían a cualquier persona sensata, Mauricio Macri parece pasar
desapercibido ante la Justicia. Un análisis de las causas que más lo complican
y sobre cómo podría cambiar la situación.
Por Ricardo Ragendorfer
La pesquisa sobre las concesiones irregulares de
los parques eólicos es una de las causas más complicadas que enfrenta.
El ex presidente Mauricio Macri actúa como si las
leyes no fueran para él. A casi 15 meses de haber dejado el sillón de
Rivadavia, no tuvo que visitar ni un solo juzgado. En ello se vio favorecido
por la parálisis tribunalicia a raíz de la pandemia, aunque también por las
bendiciones dispensadas desde su red de magistrados acólitos, especialmente del
fuero federal, quienes aún le profesan una fidelidad ciertamente perruna.
Claro que desde el punto de vista matemático, su
situación es compleja. De hecho –según el buscador de la Cámara Federal
porteña– hay nada menos que 173 causas en las que figura como
denunciado. De ese total, por lo menos cinco preocuparían a cualquier persona
sensata.
La reposera y el banquillo
El último ex presidente milita en la actualidad por
sus eternas vacaciones. Con la excusa del cargo que tiene en
la FIFA, pasó la quincena inicial de febrero en Qatar para disfrutar del
Mundial de Clubes. Inmediatamente después, con la excusa de concluir la
escritura de su falsa autobiografía (acuñada, en rigor, a seis manos por Hernán
Iglesias Illa, Hernán Lombardi y Pablo Avelluto), supo elegir Villa La
Angostura para descansar el resto del mes.
Allí atendió una llamada telefónica de su abogado,
Pablo Lanusse, para comunicarle dos noticias que ahora lo desvelan: la denuncia
efectuada por un grupo de diputados del Frente de Todos (FdT) –encabezado por
Martín Soria–contra el cabecilla de la Cámara Federal de Casación, Gustavo
Hornos, por ser parte de la denominada “mesa judicial”. Y otra contra el
camarista Eduardo Riggi –radicada por el abogado Carlos Beraldi– por su lealtad
a ese verdadero Ministerio de la Presión.
El primero –según demostró Soria con pruebas
documentales– tenía la amabilidad de visitar a Macri en la Casa Rosada. Lo hizo
seis veces, siempre en vísperas de algún fallo favorable a sus deseos.
El otro, cuyo alineamiento con Macri fue (y es)
casi obsceno, deberá explicar ante el Consejo de la Magistratura el secuestro,
efectuado por él, de la causa instruida por la jueza federal María Servini de
Cubría sobre el cúmulo de aprietes a los empresarios Cristóbal López y
Fabián De Souza, del Grupo Indalo, que contiene cruces telefónicos
entre Macri y otros integrantes de esa mesa judicial para monitorear los
alcances de tal hostigamiento. Una prueba palmaria contra él.
Pablo Lanusse, el abogado de Macri.
Dicen que el doctor Lanusse no le ocultó su
preocupación al respecto, puesto que es uno de los expedientes que podrían
ensombrecer su futuro.
Desde luego que la causa del Correo
Argentino no es menos acuciante. Cabe destacar que el expediente
concursal donde dicha empresa del Grupo Macri ya lleva 19 años sin pagar su
deuda por 4.500 millones de pesos con el Estado (y donde además se investiga si
el gobierno de Macri articuló en ese sentido un acuerdo de cancelación
“ruinoso” y “abusivo”, según la denuncia que en 2017 hizo la fiscal Gabriela
Boquín por “administración fraudulenta” y “negocios incompatibles con la
función pública”), se encuentra atravesada por una deliciosa torpeza en la
modalidad del “fuego amigo”.
Porque aquel año el secretario de Comunicaciones –y
representante del Poder Ejecutivo en tal pleito–, Oscar Aguad, puso su rúbrica
en la asombrosa condonación de la suma adeudada con la desprolijidad de haber
encabezado el texto con las siguientes palabras: “Siguiendo expresas
instrucciones del señor Presidente”. Un genio.
Aquello aún hoy podría derivar en su procesamiento
y en el de Macri.
Por ahora los recientes intentos de apartar a
Boquín, con la mudanza del expediente a un tribunal porteño más amigable, han
sido vanos, mientras un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en
Delitos Complejos, que depende de la Corte Suprema, coincide con la denuncia de
la fiscal.
Las barajas de esta historia ya están echadas.
La causa macrista
En julio de 2019, cuando dialogaba con Jorge Asís
en su programa televisivo Nada Personal, la inefable Viviana Canosa incurrió en
una confidencia: “La última vez que hablé con Macri me dijo que si
pierde tiene miedo de ir preso”.
Ya se sabe que días después perdió abrumadoramente
en las PASO.
Entre las causas que le producían tal
temor resaltaba la pesquisa sobre las concesiones irregulares de los parques
eólicos y la de las autopistas.
La primera es sumamente peligrosa para él.
Entre las causas que le producían tal
temor resaltaba la pesquisa sobre las concesiones irregulares de los parques
eólicos y la de las autopistas.
En 2018 los diputados Rodolfo Tailhade y Claudio
Martín Doñate, del FdT, denunciaron a Macri por “tráfico de influencias,
negocios incompatibles con la función pública y uso de información
privilegiada” en la transferencia de una serie de parques eólicos. El probable
botín: 48 millones de dólares. La causa es tramitada por el fiscal Eduardo
Taiano, ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Éste ya cuenta con
pruebas que enlazan dicha trapisonda con Gianfranco Macri, hermano de Mauricio
y hacedor oficial lo los negocios familiares. El legislador pidió su extradición
desde Uruguay, en donde aquel sujeto reside y tiene su base operativa.
También es probable que el juez cite a indagatoria
al ex presidente, a su ministro de Energía, Juan José Aranguren, y al ex
contador de Socma, Víctor María Payaslian.
El otro expediente, en cambio, es más embrollado.
Iniciado en 2019 por el ya jubilado juez l Rodolfo
Canicoba Corral tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales, Macri
quedó bajo el radar del asunto por simular una demanda contra el Estado de
1.100 millones de dólares a raíz de presuntos retrasos tarifarios, con el
propósito de renegociar la concesión a un precio más favorable -500 millones de
dólares– con la empresa Auel, del ex presidente del Real Madrid, Florentino
Pérez.
En la trapisonda quedaron pegados los supuestos
alfiles de la gavilla; a saber: Guillermo Dietrich (ex ministro de Transporte),
Bernardo Saravia Frías (ex procurador del Tesoro), Javier Iguacel (ex director
de Vialidad) y Nicolás Dujovne (ex ministro de Economía). Sus procesamientos
fueron anulados en septiembre del año pasado por decisión de los siempre
serviciales camaristas Martín Irurzún y Leopoldo Bruglia, aunque sus
indagatorias quedaron en pie por una decisión de la nueva jueza de la causa,
María Eugenia Capuchetti.
En esa situación subyace un motivo
latente de alarma para Macri.
En cambio, otros expedientes que en su momento
resultaban de riesgo para él terminaron derrapando en el parquet de la
inmovilidad. Tal es el caso de las actuaciones iniciadas por el soterramiento
del Ferrocarril Sarmiento, un festival de transferencias, con propósitos de
soborno, hacia paraísos fiscales por parte de la empresa Iecsa –ahora en manos
del primo Angelo Calcaterra– y la brasileña Olderbrecht. Ocurre que las pruebas
que aparentemente iban a ser enviadas desde Brasil quedaron en algún punto
impreciso trayecto.
Con las causas por espionaje, tal vez
las más escandalosas del régimen de la alianza Cambiemos, Macri trata de pasar
desapercibido.
En la que tiene al agente polimorfo Marcelo
D’Alessio como principal acusado, no hay un vínculo notorio a nivel procesal
que pueda comprometerlo, aunque él haya sido el máximo beneficiario de sus
operaciones.
Pero en las instruidas en el juzgado federal de
Lomas de Zamora por el fisgoneo al Instituto Patria y las escuchas a los presos
kirchneristas, su situación resulta muy inestable: ya excluido el secretario,
Darío Nieto, del lote de los 38 procesamientos recientemente dictados por el
juez Juan Pablo Auge –mientras evitaba con uñas y dientes que las actuaciones
pasaran a Comodoro Py–, la conexión más nítida de Macri con sus principales
actores (el grupo Súper Mario Bros con Alan Ruíz a la cabeza, además del “Señor
Cinco”, Gustavo Arribas) es la directora de Documentación Presidencial, Susana
Martinengo, con quién tenía un trato diario y directo. En ella está depositado
su buen nombre y honor. Eso también dependerá del juez federal de Quílmes, Luis
Armella, el reemplazante de Augé en la subrogancia. Macri ahora está en sus
manos.
El destino dirá; un
destino que transcurre entre la arena y la cal.
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