La Inspección General de Justicia detectó irregularidades en las
firmas
El
escándalo del Correo: Empresas flojas de papeles y afines al macrismo van por
el salvataje
El Grupo
Macri pretende evitar la quiebra del Correo para no tener que responder con su
patrimonio por la deuda multimillonaria de la compañía. Dos de las firmas que
se presentaron para el rescate tienen vínculos con la concursada o con el
propio Mauricio Macri. La IGJ señaló, entre otras irregularidades, que se
dedican a actividades no relacionadas con el servicio postal. También se
presentó una empresa ligada a Ramón Puerta, amigo del expresidente.
Por Gustavo Veiga
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Dos
empresas flojas de papeles que solicitaron inscribirse en el registro de
salvataje del Correo
Argentino, Valuaciones SA y MV Cargo SAS, cometieron irregularidades
detectadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) que las notificó al
Juzgado Comercial 6, que lleva adelante la causa sobre el concurso preventivo
de la compañía postal. En agosto de 2020 se presentaron igual que otras
sociedades cuyos responsables son afines al macrismo. Su declamado propósito es
salvar a la firma que le debe 45 mil millones de pesos al Estado y que es
controlada por el holding Socma, de la familia del expresidente de la Nación
Mauricio Macri. El caso más emblemático es el de Transportes Chimiray SRL donde
tiene una participación Ramón Puerta, exgobernador de Misiones y amigo del
líder de la oposición.
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El problema de fondo es que el
clan Macri pretende evitar la quiebra del Correo porque Socma --como sociedad
controlante de la primera-- debería responder con su patrimonio si
la jueza Marta Cirulli determinara aquella medida. El 29 de marzo está fijada
una audiencia para que oferentes como Valuaciones SA y MV Cargos SAS --ambas
cuestionadas por el inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, mediante dos
resoluciones-- presenten sus ofertas a los acreedores. Las dos compañías que se
postularon para el salvataje o cramdown tienen algún punto de contacto con la
concursada o su cara más visible, Mauricio Macri. No sorprende
porque hasta el mismo Correo se presentó en su propio auxilio. Con la
curiosidad de que sus acciones tienen valor cero y lo adeudado a los casi 800
damnificados --incluido el Estado Nacional-- deberá ser pagado con intereses
según una resolución de Cirulli.
En Valuaciones SA es donde queda
más claro el vínculo con el expresidente. De la
resolución de la IGJ se desprende que “incumplió la presentación de los estados
contables y documentación relacionada por los períodos 2008 a 2019". Al
frente de la compañía estuvo en 2015 José María Fresco, nieto del gobernador
de la provincia de Buenos Aires (1936-1940) durante la Década Infame. Además de
que pasó por Valuaciones, los bancos comerciales de datos arrojan que también
integró el directorio del banco Finansur a mediados de la década pasada,
cuando pertenecía a la familia de Evaristo Jorge Sánchez Córdova. Este
empresario fue tesorero de Boca durante el primer mandato como presidente de
Daniel Angelici en el club. Casi un tercio del dinero de los bolsos de José
López --quien sigue cumpliendo su pena de prisión-- salió de Finansur cuando
era su dueño.
En su
resolución del 10 de marzo, Nissen cuestiona que Valuaciones SA “no registra, entre
las actividades descriptas en su objeto, ninguna referida a la prestación de
servicio postal, telegráficas o monetarias las cuales a priori devienen en
actividades notoriamente extrañas a su objeto social”. Según su
constitución, el propósito que persigue son “las tasaciones y valoraciones de
toda clase de bienes, ya sean muebles, semovientes, e inmuebles en jurisdicción
de este país y/o en el extranjero”. Del mismo texto se desprende la renuncia de
uno de los integrantes de su directorio, Pablo Julián Buratti, el 15 de enero
de 2021. También que la IGJ intimó a la empresa a presentar toda la
documentación que omitió entre 2008 y 2019 y que acredite el pago de la tasa
anual 2020 “bajo apercibimiento de aplicar sanciones”.
La
sociedad por acciones simplificada (SAS) es un instrumento jurídico creado
durante el gobierno de Macri, en 2017. MV Cargo es una de ellas y también le
llamó la atención a la Inspección de Justicia. Constituida el 1° de octubre de
2018 con un capital social de 21.400 pesos y un objetivo multipropósito (desde
el rubro agropecuario a las comunicaciones y de la gastronomía a las
actividades petrolíferas y gasíferas), está integrada por los socios Carlos
Mariano Moiraghi --un ostensible partidario del ideario cambiemita en las redes
sociales-- y Sergio Daniel Villarreal, el primero domiciliado en CABA y el
segundo en Paso de los Libres, Corrientes. Aún cuando tiene un propósito
diversificado desde su inscripción, a la IGJ le llamó la atención que “no
registra entre las actividades descriptas en su objeto ninguna referida a la
prestación de servicio postal, telegráfico o monetario”.
A pesar
de tener su libro diario y el de inventario y balances en blanco desde su
creación, MV Cargo hizo constar en su libro de actas que “resolvió su
inscripción en la apertura del procedimiento de salvataje dispuesta en los
autos 'Correo Argentino S.A s/ concurso preventivo' a efectos de adquirir las
acciones de la sociedad concursada y oportunamente formular una propuesta de
acuerdo preventivo”. Como en el caso de Valuaciones SA, la IGJ notificó de su
resolución sobre MV Cargo a la jueza Cirulli y a la fiscal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Gabriela Boquín, quien denunció a comienzos de
2017 el acuerdo ruinoso para el Estado al que pretendía llegar el Correo
durante la presidencia de Macri.
Con la
última instancia del salvataje en pleno proceso para la empresa estatal --hoy
Correo Oficial de la República Argentina SA (CORASA)-- aparecieron estas
sociedades que ahora investigará la IGJ con pormenorizado detalle. No son las
únicas. Chimiray SRL, de Ramón Puerta, antiguo amigo del expresidente y su embajador
en España hasta fines de 2019, integra la lista de firmas autopostuladas como
salvadoras del Correo. La compañía volvió a ser pública en 2004 durante la
presidencia de Néstor Kirchner. A 21 años del golpe de Estado del ’76, casi
como una mueca burlona de su política de desguace del Estado, Carlos Menem lo
privatizó con un decreto el 24 de marzo de 1997. Así como liquidó Encotesa, le
entregó el manejo del Correo a Socma, en ese momento liderada por Franco Macri.
La
concesión se extendía a 30 años pero el holding familiar del expresidente
apenas pagó dos años de canon. En septiembre del 2001 la empresa ingresó en un
concurso preventivo que se extiende hasta la actualidad. Un récord jurídico
imposible de empardar. La utilización de sociedades como Valuaciones SA y MV
Cargo SAS para prolongar su existencia en el tiempo y evitar la quiebra
--siempre que lo consienta el 51 por ciento de los acreedores-- podría ingresar
al libro Guinness de las mayores defraudaciones al Estado nacional.
gveiga@pagina12.com.ar

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