Mientras semana a semana contamos cada dosis que aterriza en Argentina, 10 potencias del mundo se quedaron con el 80 por ciento de las vacunas y a 130 países no les llegó ninguna. ¿Por qué sólo unas pocas industrias farmacéuticas tienen el monopolio? ¿Es posible liberar la propiedad intelectual? ¿Podemos fabricarla acá?
Por Arlen Buchara y Natalia Arenas
Es un alivio: cada vez que el Gobierno anuncia la fecha en la que llegará un vuelo con más dosis de vacunas contra el Covid-19, respiramos un poco. Informarnos sobre la cantidad de vacunas, cuáles son y cuándo aterrizarán en nuestro país se volvió una rutina tan estresante como esperar el parte de contagios y muertxs de cada día. Porque alivia que de a poco conozcamos más y más gente vacunada, pero también desespera ver los números: parece que no se va a llegar nunca a la noticia de “tenemos el 40 por ciento de la población vacunada”.
Pero la sensación de angustia no es sólo argentina.
Llevamos un año de pandemia mundial y todavía hay 130 países que no comenzaron sus campañas de vacunación. Sólo 10 países concentran el 80 por ciento de las dosis. ¿De qué sirve inmunizar a toda una población y tener dosis de sobra si la pandemia no se acabará hasta 2023, cuando el resto del mundo recién pueda empezar a vacunar? ¿Por qué sólo unas pocas industrias farmacéuticas tienen el monopolio de las vacunas? ¿Es posible liberar las patentes? Estas son las claves del pedido mundial de liberación de patentes.
¿De qué hablamos cuando hablamos de patentes?
Las patentes son derechos exclusivos que dan los Estados a un inversor, es decir, a compañías farmacéuticas internacionales.
A nivel mundial las patentes se globalizaron desde 1994, cuando se firmó un acuerdo que definió el destino de la salud de los siguientes 25 años. El contexto era ideal: el neoliberalismo.
Fue el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y estableció que todos los países están obligados a dar el monopolio a las empresas de productos farmacéuticos por un mínimo de 20 años. Es decir, el único que puede producir, vender y comercializar el medicamento es el titular de la patente y la cobra en cada uno de los países. Una ecuación redonda.
“Es importante aclarar que los 20 años son un plazo mínimo y no máximo. Esto significa que tenemos multinacionales que piden numerosas patentes sobre los mismos medicamentos y a veces hay plazos de 35 a 40 años. Hay un abuso total y este convenio lo que permitió es la proliferación de monopolios, la mayoría en Estados Unidos, Europa y Japón. Por eso hoy vemos que los países están dependiendo de laboratorios monopólicos internacionales para vacunar. Por ejemplo, vemos que Pfizer solicitó patente a Argentina por 20 años lo que significa que tenemos que esperar que ellos fabriquen o nos autoricen a fabricar”, explica a Cosecha Roja Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación GEP, organización que trabaja por el acceso a medicamento y el derecho a la salud en Argentina.
En Argentina, el convenio entró en vigencia en 1995, cuando se adoptó la ley de Patentes y en los años siguientes se creó la oficina que analiza, otorga y rechaza patentes.
¿Qué pasó con la pandemia?
Esos países que concentran y son originarios de las empresas farmacéuticas aplicaron la estrategia de nacionalismo. Es decir, compraron todas las vacunas que se producen en sus territorios. El resultado: 10 países concentran el 80 por ciento, 130 no han recibido ninguna dosis y los restantes, entre los que está Argentina, recibimos gracias a empresas chinas y rusas que empezaron a proveer al sur global. La diferencia que permite esto es que esos países hicieron una única patente internacional testimonial, que no implica hacer patentes en cada país y, por lo tanto, pagar por ellas.
“Es importante revertir este acuerdo internacional. Cuando se propuso fue en una avanzada neoliberal mundial y la promesa detrás era que, como teníamos escasez de medicamentos y tecnología médica, iba a traer fondos privados para poner al servicio de la salud. Lo que pasó en realidad es que se trajeron fondos privados pero para generar más ganancias para ellos y hubo una apropiación de las tecnologías médicas. Es decir, los Estados se corrieron del rol de desarrolladores de tecnología y son compradores de tecnología privada. Cedimos la soberanía sanitaria”, agrega Di Giano.
Ceder la soberanía sanitaria no significa no sólo no poder fabricar ahora vacunas. Influye en el endeudamiento de los países. “Hay restricciones para poder invertir impuestas por los organismos internacionales como el FMI. Por eso, cuando le pagamos al Fondo en 2005 ganamos soberanía y pudimos avanzar en traer a científicos que se habían ido, crear un Ministerio de Ciencia y Técnica, dar más fondos a Conicet y en la ley de producción pública de medicamentos, que puede bajar el precio del medicamento privado privilegiando el público”, explica Di Giano.
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