La nueva carrera espacial no es por llegar: es por quedarse.
Mientras el mundo mira las misiones tripuladas, una coalición liderada por China y Rusia avanza en silencio para instalar una base permanente en la Luna.
El 6 de abril de 2026, cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orión sobrevolaron la Luna y se convirtieron en los seres humanos que más lejos habían estado de la Tierra en toda la historia. El comandante Reid Wiseman describió el momento en que el control de misión reorientó la nave y el sol se puso detrás de la Tierra: podían ver el globo entero. El mundo miraba eso con la misma mezcla de asombro y orgullo colectivo que hace medio siglo.
Mientras tanto, en otro rincón del tablero, China y Rusia ejecutaban en silencio una hoja de ruta para instalar una base permanente en ese mismo satélite. No es un plan a futuro. Es un proyecto que ya tiene misiones en curso, fechas cumplidas y una coalición de países que crece cada año.
La Artemis II concentró las cámaras. La Estación Internacional de Investigación Lunar lleva años construyendo el presente.
El proyecto y sus dos velocidades
En 2021, China y Rusia anunciaron que construirían juntos una base en la Luna e invitaron formalmente a otros países y organizaciones a sumarse al proyecto, presentándolo como una alternativa al programa Artemis liderado por Estados Unidos. El nombre formal es ILRS y su hoja de ruta no es una promesa. Es una secuencia de misiones que se están ejecutando.
La primera fase, de reconocimiento, ya está en marcha. La misión Chang’e-7, programada para 2026, llevará seis instrumentos científicos internacionales. En 2028 Chang’e-8 tendrá una capacidad de cargas de 200 kilos y probará tecnologías de construcción y generación de energía en la luna.
La segunda fase comprende dos etapas entre 2026 y 2035, con verificación tecnológica, retorno de muestras, entrega masiva de carga y el inicio de operaciones conjuntas.
Si el cronograma se cumple, la ILRS estará lista para recibir misiones tripuladas alrededor de 2036.
El dato más revelador llegó en abril de 2025. En una cumbre en Shanghái con 17 países socios, China respaldó oficialmente el plan conjunto con Rusia para instalar en la Luna un reactor nuclear entre 2033 y 2035. Funcionaría con paneles solares para abastecer de energía a la base. Rusia aporta su experiencia en tecnología nuclear espacial y prepara un remolcador de propulsión nuclear para transportar los componentes. La ingeniería está planificada, las responsabilidades están asignadas y los países socios ya firmaron.
Del otro lado, el programa Artemis cuenta con 39 países signatarios de sus Acuerdos, un conjunto de principios no vinculantes diseñados para guiar la cooperación en exploración espacial. Dos coaliciones activas. El mismo polo sur lunar como destino.
Lo que está en juego bajo el suelo
La pregunta que estructuraba la vieja carrera espacial era quién llegaba primero. La que estructura la nueva es quién se queda. Y detrás de esa pregunta hay una respuesta concreta, material, cuantificable.
En el polo sur lunar hay agua congelada, hidrógeno y helio-3. El helio-3 se considera será el combustible del futuro para la fusión nuclear, una fuente de energía limpia cuya explotación podría representar una revolución en la producción energética global. Un kilo de ese gas bastaría para abastecer de electricidad a una ciudad como Los Ángeles durante un año entero. La Luna lo acumula hace miles de millones de años porque carece del campo magnético que en la Tierra lo bloquea. Es un depósito sin equivalente en nuestro planeta, y las potencias espaciales hace mucho que lo saben.
A eso se suman la disponibilidad de tierras raras. Los elementos que hacen posible el 99% de los dispositivos electrónicos actuales y su producción en la Tierra está altamente concentrada, especialmente en China. La posibilidad de encontrarlas en la Luna cambia la ecuación. Quien logre extraerlas primero adquirirá una ventaja inmensa en tecnología, defensa y energía.
El agua congelada completa el cuadro, porque además de sostener vida humana en una base permanente, puede ser parte de combustible para cohetes, transformando a la Luna en una plataforma logística para misiones aún más profundas en el sistema solar.
No es ciencia ficción. Es la misma lógica que llevó a potencias europeas a disputarse el Congo, el Sahara y la Patagonia. Cambia el escenario, la gramática del poder es idéntica.
El vacío legal y la bifurcación del orden espacial
Acá está la trampa conceptual que hace de esta disputa algo nuevo y peligroso.
El Tratado del Espacio Exterior, firmado en 1967 por 118 países incluyendo todas las potencias espaciales mayores, establece que ningún Estado puede reclamar soberanía sobre la Luna ni sobre ningún otro cuerpo celeste, y que el espacio debe usarse exclusivamente con fines pacíficos.
Hasta ahí, el marco es claro.
El tratado no dice nada sobre los recursos que se extraigan de esos territorios. Estados Unidos, Luxemburgo y los Emiratos Árabes Unidos ya promulgaron leyes nacionales que permiten a sus empresas poseer, transportar, usar y vender recursos extraídos del espacio.
Rusia y varios países en desarrollo lo consideran una apropiación de facto. El Tratado de la Luna de 1979, que declaraba los recursos lunares “patrimonio común de la humanidad”, no fue ratificado por ningún Estado con capacidad de vuelo espacial propio. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Es letra muerta desde el momento en que las potencias que importan decidieron ignorarlo.
Lo que existe hoy son dos marcos normativos que se construyen en paralelo y en competencia. Un analista del Instituto Europeo de Política Espacial lo sintetizó con precisión: La ILRS señala la bifurcación progresiva de la comunidad espacial internacional en torno a dos caminos contendientes. Y aunque ambos proyectos están formalmente abiertos a socios internacionales, en la práctica son en mutuamente excluyentes en términos de configuraciones de alianzas.
El derecho espacial del siglo XXI se está escribiendo ahora, con cada misión que aterriza y cada acuerdo que se firma.
La coalición que construye la ILRS
Conviene no considerar el proyecto chino-ruso como un asunto meramente bilateral. Los miembros actuales de la organización de cooperación incluyen a China, Rusia, Sudáfrica, Bielorrusia, Azerbaiyán, Venezuela, Pakistán y Egipto. El llamado «Proyecto 555» aspira a involucrar a 50 países, 500 instituciones científicas y 5.000 investigadores. La arquitectura diplomática es la de una coalición Sur-Sur con liderazgo asiático, y crece por el mismo mecanismo que hizo crecer la Belt and Road Initiative.
El principio de cooperación declarado es “free riding plus data sharing” (viajes gratuitos y datos compartidos). Quien aporta instrumentos o capacidad recibe datos y acceso sin necesidad de financiar misiones propias. Es una oferta pensada para países con ambiciones científicas pero sin presupuesto espacial. Infraestructura a cambio de presencia y lealtad sistémica. El modelo ya tiene historia y ofrece resultados.
Lo que Argentina sabe
Hay una razón por la que esta disputa se lee diferente desde Buenos Aires que desde la mayoría de las capitales del mundo.
Desde la inauguración de la Base Orcadas en 1904, Argentina mantiene la presencia continua más antigua en la Antártida. Reivindica soberanía sobre el Sector Antártico Argentino y es uno de los doce signatarios originales del Tratado Antártico de 1959. Más de un siglo sosteniendo bases en un continente que formalmente no le pertenece a nadie, pero donde la presencia física pesa como argumento jurídico. Esa es exactamente la disputa que se libra hoy en la Luna.
El Tratado Antártico y el Tratado del Espacio Exterior nacieron de la misma lógica. Congelar las disputas de soberanía sobre territorios estratégicos en un momento de alta tensión geopolítica, garantizando el acceso científico universal y prohibiendo la militarización. El Tratado Antártico no suspende ni congela las reclamaciones de soberanía sino que mantiene el statu quo existente al momento de su firma. Los estados reclamantes pueden continuar negociando sus diferencias territoriales, aunque no pueden ampliar sus reclamos mientras el tratado esté vigente.
Argentina conoce de primera mano lo que significa operar en ese limbo jurídico. La soberanía ejercida y no reconocida internacionalmente. La presencia científica como argumento de derecho. Los mapas como actos políticos. Cada mapa publicado sobre la Antártida es, en cierto modo, una huella. Medir y cartografiar no es solo producir insumos técnicos, es participar de una disputa simbólica y geopolítica.
Lo que ocurre en la Luna es exactamente eso a escala planetaria y sin tratado que contenga la disputa. Quien instaló el primer módulo, quien cartografíe primero el polo sur lunar, quien nombre primero las formaciones geológicas, ya estará haciendo política de soberanía con otra gramática. En la Luna no existe una regulación internacional clara, lo que abre la puerta a que quien construya primero su reactor nuclear declare una zona de exclusión para los demás. Colonialismo puro aunque no se lo llame así.
Malvinas también enseña algo sobre esto. Los recursos que no eran de nadie se vuelven disputables exactamente cuando alguien descubre que valen algo. El petróleo del Atlántico Sur no aparecía en los argumentos de 1833 (bi casi, hasta 1982). Aparece ahora, en cada negociación sobre el status de las islas, con toda su gravitación.
Lo que se juega mientras miramos
La ILRS se construye. Los Acuerdos Artemis suman firmantes. Las leyes nacionales sobre minería espacial ya existen en tres países. Las misiones de reconocimiento del polo sur lunar están en curso. El derecho que va a regular todo esto se está negociando en foros en los que la mayoría de los países no participan.
En ese proceso se están definiendo cosas que posiblemente duren siglos. Qué marcos legales se aplicarán a la extracción de recursos espaciales, qué países tendrán asientos en los organismos que los regulan, qué lenguaje técnico y científico operará como estándar, qué narrativa describirá quiénes son los legítimos exploradores del cosmos. Y quiénes llegaron tarde.
América Latina conoce ese relato. Lo vivió con el reparto colonial del siglo XVI, con la explotación de sus recursos naturales en el XIX, con los debates sobre soberanía tecnológica del XX. La pregunta que la región tiene que hacerse no es si China o Estados Unidos va a llegar primero a la Luna. Es si hay estará presente en la mesa donde se escriben las reglas.
Argentina tiene bases en la Antártida, satélites propios, una tradición de derecho internacional y una posición geográfica que le da legitimidad histórica en debates sobre territorios de soberanía difusa. Tiene, también, la experiencia de saber lo qué cuesta no estar.
A simple vista, astronauta, cosmonauta y taikonauta parecen sinónimos. Nombran a personas que viajan al espacio, se entrenan durante años y viven en condiciones extremas para sostener misiones científicas y tecnológicas. Las palabras, sin embargo, nunca son neutras. Cada una de estas formas de nombrar al “viajero espacial” arrastra una manera distinta de pensar el progreso, el lugar del ser humano en el universo y el tipo de futuro que se imagina posible. Más que una diferencia de idioma, es una diferencia de mirada.
Astronauta: la épica de la frontera
El término se usa en Estados Unidos, Europa y la mayor parte de Occidente. Proviene del griego astron (estrella) y nautes (navegante). La imagen que propone es clara: alguien que se lanza hacia lo desconocido, que cruza fronteras, que avanza. Está en sintonía con una idea de progreso asociada a la conquista, al descubrimiento, al individuo que se desplaza hacia un más allá todavía sin cartografiar. El espacio, en este marco, es una nueva frontera.
Cosmonauta: habitar el orden del universo
En la Unión Soviética y hoy en Rusia, el término fue y sigue siendo cosmonauta, de kosmos (orden del universo) y nautes (navegante). El énfasis está en el sistema. El espacio aparece como una totalidad organizada de la cual el ser humano forma parte. Es una narrativa menos épica y más estructural: el sujeto que se integra en un orden mayor, en un proyecto colectivo, científico y político a la vez.
Taikonauta: función dentro del proyecto
Para referirse a quienes participan en misiones espaciales chinas, Occidente popularizó el término taikonauta, a partir de taikong, que en chino significa simplemente “espacio”. Dentro de China, el término oficial es otro: 航天员 (hángtiān yuán), que puede traducirse como “personal de navegación espacial” o “miembro del programa espacial”. El foco está en la función dentro de una infraestructura tecnológica y estatal, en la continuidad del proyecto, en la capacidad técnica como parte de una estrategia de largo plazo. Más que un héroe, aparece un operador altamente calificado de un sistema complejo.
Tres palabras, tres formas de proyectar el mundo
Astronauta propone un futuro como expansión y exploración. Cosmonauta propone un futuro como integración en un orden más amplio. Hángtiān yuán propone un futuro como desarrollo tecnológico sostenido y organizado. Tres modos de pensar el progreso, tres formas de ubicar al ser humano frente a la técnica, el Estado y el universo.
Tal vez estas distintas formas de nombrar funcionen como una clave para pensar este presente en el que el futuro se volvió difícil de imaginar. Qué es el futuro hoy, hacia dónde vamos, desde dónde se lo piensa y con quiénes: incluso el lugar del sujeto que enuncia esas promesas aparece cada vez menos claro.
Las palabras que usamos para nombrar el porvenir no solo lo describen, lo moldean. Una sociedad que pierde la capacidad de imaginar futuros distintos empieza a moverse dentro de un horizonte cada vez más estrecho. Imaginar el futuro es, antes que cualquier otra cosa, un acto político. Requiere palabras, requiere narrativas, requiere la decisión colectiva de sostener abierta la pregunta sobre adónde queremos ir. Sin eso, lo que queda es la inercia de lo que ya existe. Primero se imagina el futuro. Después, con suerte, se lo intenta habitar.
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