Radio y televisión para los trolls
El 14 de agosto de 2026, el gobierno porteño adjudicó el Canal de la Ciudad por cinco años a CALE GROUP MEDIA S.A., la empresa de Augusto Marini que controla los canales de streaming Blender y Carajo. La adjudicataria nació en 2022 como un call center llamado MULTIST S.A. y en marzo de 2026 declaró cuatro empleados en nómina. El traspaso del canal está previsto para fines de octubre.
La operación avanza en paralelo con la licitación de las radios AM 1110 y FM 92.7 La 2x4. En los medios públicos Jorge Macri aplica el mismo método que ya usó con la tierra urbana y los espacios verdes, y que describimos en este medio hace unas semanas. El Ejecutivo esquiva a la Legislatura y la audiencia pública que exige la Constitución de 1996. Los contratos que diseña terminan con el Estado financiando al concesionario.
El 9 de octubre el juez Martín Furchi, del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario 16, rechazó la medida cautelar que el Observatorio del Derecho a la Ciudad había pedido en un amparo colectivo. Antes, el gobierno tuvo que acompañar al expediente judicial las más de 3.000 páginas de la licitación. En esa documentación consta que la adjudicataria incumple el índice de liquidez que el pliego declara obligatorio. Consta también que acreditó sus antecedentes con contratos firmados con su propio presidente y que armó un plan de negocios que depende de venderle coproducciones al propio gobierno porteño.
Una privatización por resolución y contra la Constitución
El trámite empezó el 20 de febrero de 2026 con una nota de dos páginas del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. La nota invocó "la conveniencia de reforzar el uso adecuado de los medios públicos, asegurando su sostenibilidad económica y operativa" y la posibilidad de "transferir al concesionario los riesgos propios de la inversión y la gestión". Con ese único papel como fundamento, el 16 de marzo la Resolución Conjunta 7/MJGGC/26 aprobó los pliegos por cinco años. El canon base quedó en 10.753.750 pesos mensuales para el canal y en 1.229.000 pesos para las dos radios.
En el expediente inicial se advierte la carencia de un estudio técnico o económico sobre los estudios, los transmisores, las licencias y el archivo histórico que se entregan.
El artículo 47 de la Constitución porteña manda gestionar los medios estatales "mediante un ente autárquico", con representantes de la Legislatura y participación de las entidades de la cultura y la comunicación. Los convencionales de 1996 lo escribieron para evitar la privatización de la entonces Radio Municipal y para distinguir un medio del gobierno de turno de un medio público al servicio de la sociedad. Durante 30 años los gobiernos porteños incumplieron ese mandato y nunca crearon el ente.
La gestión actual aprovechó esa omisión. Trató al canal y a las radios como activos transferibles por resolución ministerial, sin ley ni la audiencia pública que el artículo 63 exige ante cualquier modificación del uso de bienes públicos. En las 3.000 páginas del trámite, el artículo 47 aparece transcripto una sola vez, en un dictamen de la Procuración General que lo copia y sigue adelante.
Hasta el ENACOM intervenido por el gobierno de Javier Milei advirtió sobre la ilegalidad. El 10 de abril de 2026, el interventor Juan Ozores le recordó al jefe de Gobierno que el artículo 44 de la Ley 26.522 obliga al titular de una licencia a explotarla por sí mismo. Le advirtió que "de persistir con el proceso licitatorio", el organismo "se verá obligado a iniciar el correspondiente proceso sancionatorio". El Ejecutivo porteño ni siquiera agregó esa nota al expediente. Recién en el pliego de las radios, armado en agosto, agregó una cláusula que niega que el gerenciamiento configure "ninguno de los supuestos prohibidos por el artículo 44 de la Ley 26.522". Para el canal, ya adjudicado, no escribió nada parecido.
Cuatro meses de demora judicial para llegar al hecho consumado
El Observatorio promovió el amparo el 20 de abril de 2026, antes de la apertura de los sobres. Pidió la nulidad de los pliegos y una medida cautelar para frenar la licitación. El reclamo de fondo era la omisión del ente autárquico que la Constitución exige desde 1996.
El juez Furchi asumió la competencia el 24 de abril y corrió traslado de la cautelar. El gobierno contestó el 6 de mayo. Sostuvo que se trataba de un "gerenciamiento operativo" y que el Estado conservaba "el control de los contenidos". Ese mismo día, con la cautelar lista para resolver y a seis días de la apertura de las ofertas, el juzgado mandó la causa por conexidad al fuero federal, por su vinculación con otro expediente que tramita allí.
El conflicto de competencia paralizó el amparo durante cuatro meses. Mientras tanto el Ejecutivo abrió los sobres el 12 de mayo y adjudicó el canal el 14 de agosto. La Sala IV de la Cámara porteña revocó la remisión el 1 de septiembre y devolvió la causa al juzgado.
De regreso en el juzgado, el 6 de octubre la fiscal Marcela Monti aconsejó rechazar la cautelar. Sostuvo que de los pliegos surge que "el gobierno local retendría potestades de control y participación respecto de los contenidos" y que la adjudicación de agosto había creado una situación jurídica a favor de un tercero ajeno al juicio. El 9 de octubre el juez rechazó la medida con una remisión al dictamen "en honor a la brevedad". El Observatorio apeló el rechazo de la medida cautelar ante la Sala IV.
De un call center de cuatro empleados al canal público
En la apertura del 12 de mayo compitieron dos firmas. ARGENTINOS MEDIA S.A. ofreció 15 millones de pesos mensuales y CALE GROUP MEDIA S.A. ofreció 50 millones.
Los estatutos y balances agregados al expediente cuentan la historia de la ganadora. Nació el 16 de febrero de 2022 como MULTIST S.A., con un capital de 300.000 pesos aportado por Augusto Marini, nacido en 1995, y por Tomás Galán. Su objeto social era el "soporte telefónico a través de centros de llamadas, call center, contact center" y los servicios de "telemercadeo, televentas" y "cobranzas". En abril de 2023 asumió la presidencia Diego Sebastián Abatecola, el creador de Blender. El 21 de mayo de 2025, la sociedad pasó a llamarse CALE GROUP MEDIA S.A., controlada en un 95% por Cale Group Holding S.A. y en un 5% por Marini.
Marini es un empresario con vínculos con la familia Rovira que entró al negocio ferroviario en 2023 y recibió contrataciones directas durante la emergencia ferroviaria nacional. A través de CALE GROUP MEDIA S.A. controla Blender Media S.A., la señal donde se destaca Tomás Rebord, y Carajo S.A., lanzada en 2024 con el lema "El único medio no zurdo de la Argentina". En Carajo tiene el 35% de las acciones Daniel Parisini, el Gordo Dan, referente de Las Fuerzas del Cielo.
Los balances de la empresa muestran su tamaño real. En 2024 perdió 492 millones de pesos y terminó el año con un patrimonio neto negativo de 309 millones, es decir, con más deudas que bienes. Sus declaraciones previsionales registran dos empleados en marzo de 2025 y cuatro en marzo de 2026, dos meses antes de presentarse a la licitación.
El balance 2025 cuenta otra historia. Lo firmó el 20 de marzo de 2026, cuatro días después de que el gobierno aprobara los pliegos. Allí la empresa declara ingresos por 4.246 millones de pesos, cuatro veces los del año anterior, y una ganancia de 1.175 millones. El cuadro de resultados no registra costo alguno por los servicios prestados, como si esos 4.246 millones se hubieran facturado sin gastar un peso en producirlos. En el mismo año aparecen por primera vez bienes intangibles por 647 millones y aportes de capital por 398 millones. Con esos números, el patrimonio pasó de negativo a positivo en 12 meses. Nada en el expediente explica qué vendió la empresa para multiplicar por cuatro su facturación con cuatro empleados.
Un pliego incumplido y contratos firmados consigo misma
El pliego fijó seis índices financieros y le dio a uno de ellos carácter eliminatorio. Sobre la liquidez dispuso que "será obligatorio que dicho índice sea > 1,10" y que, "en caso de no cumplir, y tener puntaje cero (0) en dicho índice, su oferta será inadmisible". El índice mide cuántos pesos tiene una empresa para cobrar o en caja dentro del año por cada peso que debe pagar en ese mismo plazo, y se promedia sobre tres ejercicios y un balance de corte.
CALE GROUP MEDIA S.A. nunca llegó a los 110 pesos por cada 100 de deuda. Su balance 2024 había informado un índice de 4,37 porque clasificó 1.473 millones de pesos de "Otras cargas" como deuda a pagar después del año. El balance 2025 corrigió esa clasificación. En su nota 1.1.c) pasó 1.974 millones de deudas con partes relacionadas al pasivo corriente, y con esa corrección el índice de 2024 baja a 0,70. La memoria 2025 declara una "Liquidez corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente): 0,86" y la certificación al 31 de marzo de 2026 informa 0,94. El promedio con las cifras corregidas por la propia empresa es 0,91. La oferta era inadmisible. El 29 de julio la Comisión de Evaluación le anotó "cumple" sin consignar ningún cálculo.
La recuperación del balance de 2025 no cambió ese cuadro. El patrimonio creció con bienes que no se convierten en efectivo dentro del año, intangibles, participaciones en otras sociedades y equipos por 1.517 millones de pesos, mientras que casi toda la deuda, 1.658 de 1.776 millones, vence dentro del año. El pliego exigía el índice de liquidez justamente para detectar esa situación.
Para acreditar "antecedentes empresariales" la firma presentó contratos de asesoramiento fechados el 1 de abril de 2026, con texto idéntico y sin honorarios. En ellos el apoderado Rodrigo González contrató en nombre de CALE GROUP MEDIA S.A. a su propio presidente, Augusto Marini, a su director suplente, Enrique Saraví O'Keefe, y a su responsable de recursos humanos, María Florencia Blanco Viera. Con esos papeles obtuvo seis de los diez puntos del rubro. La única declaración jurada de intereses de la oferta es un formulario para proveedores del Grupo Aerolíneas Argentinas, en blanco y sin firma.
El pliego exigía que el compromiso de financiación de un tercero tuviera "firma certificada por escribano público, el monto, plazo y la tasa de interés" y que se acreditara la solvencia del financista. CALE GROUP MEDIA S.A. presentó una carta simple de Cale Group Holding S.A., firmada por Marini, que carece de certificación notarial y no indica plazo ni tasa. El holding no tiene personal en relación de dependencia y cerró su último ejercicio con una pérdida consolidada de 5.659 millones de pesos. La Comisión descalificó en su primer dictamen a ARGENTINOS MEDIA S.A. por ese mismo requisito notarial, entre otros. A la ganadora le aceptó la carta.
El negocio de pagar el canon con plata de la Ciudad
El gobierno porteño presenta como un éxito el canon de 50 millones de pesos por mes, 600 millones por año y 3.000 millones en cinco años. El artículo 3 del pliego congela ese monto en pesos, sin ajuste por inflación. La propia oferta ganadora explica de dónde va a salir el dinero.
El canon base surgió de una carta de una carilla del Banco Ciudad, fechada el 4 de febrero de 2026, que remite a una "simulación financiera" de la consultora First Corporate Finance Advisors S.A. sobre los ingresos publicitarios del canal. El papel no tasó licencias, estudios, equipos ni archivo, y estimó que el canal puede generar una ganancia operativa promedio de 318.182 dólares por año. CALE GROUP MEDIA S.A. ofreció un canon equivalente a 488.202 dólares anuales, más que toda la ganancia que el Banco Ciudad le atribuye al negocio.
La explicación es que la empresa proyecta facturar con el canal 32.715 millones de pesos en cinco años, de modo que el canon de 3.000 millones representa el 9,17% de lo que espera recaudar. La mitad de esos ingresos vendría de la publicidad, un 10% de la monetización digital y el 40% restante, unos 13.086 millones de pesos, de "coproducciones". El plan de trabajo aclara qué hay detrás de esa palabra. Enumera los "espacios institucionales del GCBA (hasta el 30% de la programación semanal)" y las "coproducciones con marcas, instituciones y organismos públicos y privados".
Los 13.086 millones proyectados por coproducciones cuadruplican el canon. El gobierno porteño entregará la señal, el estudio de Guardia Vieja 3334 y los equipos para cobrar 600 millones de pesos por año por una ventanilla, y por la otra le pagará al concesionario pauta y producciones oficiales. El negocio sólo funciona si el Estado le compra contenidos a la empresa a la que le entregó el canal.
La Circular 3, la línea editorial y 150 trabajadores en el aire
En el juicio, el gobierno afirmó que la adjudicataria asume "exclusivamente tareas técnicas y operativas" y que el Estado mantiene "el control de los contenidos". La fiscalía tomó esa afirmación por cierta. Hay un documento del propio gobierno que la desmiente.
El 7 de mayo de 2026, al día siguiente de contestar el traslado de la cautelar, el secretario de Medios firmó la Circular Aclaratoria con Consulta 3, publicada en el Boletín Oficial 7362. Respondía a una pregunta de CALE GROUP MEDIA S.A. Allí estableció que "el adjudicatario contará con plena libertad y autonomía para la toma de decisiones sobre la grilla, la línea editorial y la operación diaria del canal" y que "el día a día de la señal y su identidad creativa quedan bajo la órbita exclusiva del adjudicatario".
Con esa franquicia editorial, el grupo que comparte dueños con Carajo propuso cuatro noticieros diarios sobre la agenda política nacional, un ciclo de "humor y sátira" sobre los medios y un bloque de análisis político. La empresa anunció que a fines de octubre la programación arrancará "de cero". El pliego pone al personal a cargo exclusivo del concesionario; la oferta prevé contratar 24 personas y en las 3.000 páginas del trámite no hay una cláusula que resguarde los puestos de los 150 trabajadores actuales del canal.
Dos radios históricas a 1.000 dólares por mes
El desguace se completa con la AM 1110 Radio de la Ciudad y la FM 92.7 La 2x4, que la Ley 228 dedica al tango y a la música popular argentina. Como el primer llamado quedó desierto, el 31 de agosto el Ejecutivo abrió un segundo proceso con un canon base de 1.530.000 pesos mensuales por emisora, equivalentes a 1.000 dólares al tipo de cambio del pliego. La valuación es la misma carilla del Banco Ciudad del 4 de febrero, reimportada al nuevo expediente.
Por ese precio el pliego entrega las licencias, los estudios, la discoteca histórica de La 2x4 y cuatro transmisores de alta potencia. El 28 de septiembre se abrieron las ofertas de Green Umbrella Producciones S.A.S., Rodolfo Héctor Herrera y Kligger S.R.L. La mejor fue de 2.500.000 pesos mensuales por emisora.
A 30 años de la Constitución porteña, la entrega del canal y de las radios públicas junta el modelo de negocios del PRO con el aparato comunicacional libertario. Donde el artículo 47 ordenó un ente autárquico con control legislativo y participación de la cultura, Jorge Macri entrega por resolución la pantalla pública y una caja de coproducciones estatales a una sociedad que incumple el pliego.
La apelación del Observatorio está en la Sala IV de la Cámara con el expediente completo a la vista. El acta de inicio de la concesión está prevista para fines de octubre. Si la Cámara no resuelve antes, el canal cambiará de manos con el amparo todavía abierto y con una empresa programando la voz pública de Buenos Aires.
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