El Presidente Alberto Fernández declinó una pregunta de la agencia Bloomberg sobre la emisión monetaria, durante la conferencia de prensa del viernes convocada para anunciar que no se había dejado torcer el brazo por las presiones de las mayores empresas, los grandes exportadores, los poseedores argentinos y extranjeros de la deuda pública denominada en dólares bajo la ley de Nueva York y la prensa comercial (que integra ese lote y le da voz pública). Se lo veía enojado cuando les dijo que “no mientan más”, porque las mentiras lo cansan a él y a la gente. Lo que no dijo es que la inflación se está desacelerando, como consecuencia de la brusca reducción de la demanda y el consumo, lo cual animó al gobierno a preparar el lanzamiento de un billete de 5.000 pesos, que racionalizaría los tiempos de la emisión monetaria, que desde hace dos meses impide un colapso de la economía por hipovolemia de la circulación de bienes y servicios.
Aleccionado por los errores de la anterior presentación sobre el tema, esta vez no se paró delante de la pantalla. Los gráficos sólo eran tapados por la intérprete al lenguaje por señas, no por el Presidente.
La cuarentena pasará a la anunciada fase 4 en todo el país salvo en la Capital y el Conurbano, que seguirán en la 3. Su nombre técnico es Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que reúne a tres millones de porteños y siete de bonaerenses urbanos. Allí se concentra el 86% del total de los casos del país. Nueve de cada diez.
Sin la menor inquietud por la congruencia lógica, AEA, IDEA, las cámaras menores que danzan a su alrededor como la UIA y los guacamayos mediáticos que les hacen eco, quieren al mismo tiempo que el gobierno mejore la oferta a los acreedores externos (muchos son ellos mismos, disfrazados con barbijo y farfullando en inglés), reduzca retenciones, pague los sueldos de sus trabajadores y detenga la emisión monetaria. Sería más sincero que le dijeran sin vueltas: “Pegate un tiro”. Fernández no está dispuesto. Su presentación conjunta con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof transmitió una seriedad que no abunda en la política argentina. Fernández reiteró el contraste con los agitadores del Twitter, pero se contuvo para ocultar su ira con el Bolsonaro de la puna, otro de los que convocan al descuido.
En 16 provincias, la tasa de infectados y muertos por contagio con el virus SARS CoV-2 es irrisoria, lo cual permite relajar las medidas de aislamiento social sin grandes temores aunque manteniendo el control, de modo de robustecer los cuidados si se detectara un incremento de casos. El problema se concentra en los distritos con los mayores centros urbanos del país, comenzando por la megalópolis porteña y el Conurbano bonaerense y por las principales ciudades de Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza. A ellos se suma Chaco. En la fase 4, volverá gradualmente a la actividad, controlada con estrictos protocolos, el 75% de la población. En la 3, sólo el 50%.
La transmisión instantánea de la información puede confundir. En las capitales europeas, la apertura comienza luego de una semana en la que la cantidad de casos y de fatalidades disminuyó. La Argentina, en cambio, ha conseguido aplanar la curva, pero está en la etapa del incremento de las infecciones y de las muertes. El viernes por primera vez se superaron los dos centenares de casos nuevos en un día. De esos 240, 130 en la Ciudad y 77 en el Conurbano de Buenos Aires. La explicación del alcalde Horacio Rodríguez Larreta fue que su parte se concentra en dos focos: geriátricos y villas. Como informó el Presidente, la duplicación de casos se ha alargado en el tiempo, a un promedio nacional de 25 días, pero esto sólo significa que el pico previsible se difiere para más adelante. La ventaja de tal freno es que esos meses se están empleando para fortalecer los recursos materiales y humanos imprescindibles, de modo que el sistema no colapse, como ya ocurrió en Italia y está sucediendo ahora en Estados Unidos y en Brasil, con tétricos detalles que la televisión reproduce con música fúnebre. Mientras los países del Hemisferio Norte avanzan hacia el verano, donde se estima que las condiciones son menos propicias para la propagación del virus, la Argentina ingresará al invierno en poco más de un mes y medio. Además, en el AMBA la duplicación no se da cada 25 sino cada 18,8 días, cuando hace dos semanas era cada 17 días. Está claro que las luces de la ciudad iluminan el problema.
Con énfasis, Fernández refutó los argumentos de quienes postulan salir de la cuarentena: cotejó el modelo sueco de apertura con el noruego de restricción y calculó que si la Argentina hubiera actuado como Suecia, en proporción a la cantidad respectiva de habitantes, en vez de las 293 muertes sufridas, iría por 13.900. También señaló que Estados Unidos ha tenido en dos meses, diez veces más trabajadorxs desocupadxs que en dos años durante la crisis de 2008. Nadie podría alegar que la economía sufre más con la cuarentena argenta que con la falta de conducción yankee. En las tablas presidenciales, sólo Uruguay tiene menos muertos que la Argentina por cada millón de habitantes: 5 en el paisito, 6 en la banda occidental del charco.
Los secretos de Jonah Hill
Tal como ocurrió hace casi dos décadas, la profunda recesión limitó el traslado a precios de la disparada en la cotización del dólar bolsa o MEP y el Contado con Liqui, que presionan para que se devalúe el tipo oficial de cambio, mientras parte de la cosecha se guarda en silobolsas a la espera de que se produzca el traslado del paralelo al oficial. Pero ninguna de las reglas impuestas por el Banco Central y por la Comisión Nacional de Valores han impedido que se sigan fugando del país mediante esas operaciones unos 90 millones de dólares diarios. El cambio chico son los 180 millones de pesos que esos agentes ganan por día, a razón de 2 pesos por cada dólar fugado. Y cuando los reguladores de bancos y acciones solicitan la información detallada sobre quiénes realizan esas operaciones, BYMA (Bolsas y Mercados argentinos, producto de la fusión de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Merval) retacea la información. Suministra los nombres de los agentes de bolsa (tanto de liquidación y compensación –AlyC— como de negociación —AN—) pero no identifica a los clientes que son los beneficiarios finales de las operaciones, constituyéndose en una isla offshore dentro del país.
La CNV no ha mostrado entusiasmo por obtener esa información crucial. En febrero, cuando fue designada como segunda de Adrián Consentino la directiva de BYMA, Mónica Erpen, el diario de negocios El Cronista ironizó que era como si “pusieran a Tinelli de árbitro en un partido de San Lorenzo”. Si esta situación se prolonga, no quedará otra solución que prohibir lisa y llanamente esa operatoria. Aun así, habría que ver cuál sería el resultado de ese pulso.
En 2002, durante el interinato a cargo del Poder Ejecutivo de un senador bonaerense, esa prohibición fue decretada por el presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli. Duró apenas 24 horas, por si alguien quiere enterarse cuál es el poder del sector financiero.
La semana pasada, cuando señalamos el parecido de Adrián Cosentino con el psicópata que componía Robert Mitchum en Cape Fear, el lector José Antonio Rodríguez acotó que “Allaria es la viva estampa del personaje de Jonah Hill en El Lobo de Wall Street”.
El capitalismo realmente existente
Los lectores de El Cohete a la Luna están mejor informados que nadie en la Argentina sobre las falencias del sistema capitalista realmente existente para satisfacer necesidades humanas elementales, que la pandemia de la Covid-19 puso en dramático relieve. También han leído propuestas y reflexiones acerca de los cambios imprescindibles que deberían adoptarse a partir de ahora para corregir esas deformidades, ponderando el rol del Estado por sobre la desregulación de los mercados. Pero es necesario precisar que esas son expresiones de deseos, formuladas por académicos, sindicalistas o políticos, mientras los datos disponibles sugieren otra posibilidad: que, tal como ocurrió con la crisis de 2008, el capitalismo que suceda a esta horrible coyuntura tenga mayores niveles de concentración y sea aún más despiadado.
Cuando Techint suspendió a 1.450 trabajadores luego de embolsar subsidios nacionales, el Poder Ejecutivo caracterizó la medida como miserable. Pero el patronato no se conmovió. Las grandes empresas argentinas han conseguido que el Estado se haga cargo de la mitad de su plantilla de trabajadores formales, un auxilio que al principio estaba reservado sólo a las pymes. Como reseña Mariana González en un informe de CIFRA sobre las medidas socioeconómicas ante la pandemia, “aun así, las suspensiones se sucedieron en el sector privado y finalmente el Ministerio de Trabajo terminaría por homologar un acuerdo entre la CGT y la UIA que implica que los trabajadores que sean suspendidos en abril y mayo cobren sólo el 75% de su salario neto”. Es decir que las grandes empresas pagarán sólo el 25%. Sobre su inconstitucionalidad escribió en la edición anterior del Cohete el laboralista rosarino Jorge Elizondo. Sobre el abuso que significa, se explayó el Presidente en varias entrevistas de prensa. La diferencia es que Alberto no es un comentarista de la realidad. Esta situación es agravada por la desintegrada estructura ocupacional que dejó el macrismo, donde los asalariados registrados no llegan ni a la mitad del total de trabajadores.
En Estados Unidos el Congreso votó un paquete multimilmillonario de subsidios a trabajadores que perdieron sus empleos, mediante cheques por 1.200 dólares mensuales, enviados por correo a su domicilio. Pero en demasiados casos los cheques no llegaron, porque los grandes bancos que debían enviarlos se los quedaron para cobrarse en forma compulsiva préstamos impagos. Lo mismo comenzó a suceder aquí con los auxilios de la ANSES a jubilados, hasta que el gobierno lo detectó y le puso fin.
El Paycheck Protection Program (PPP) fue destinado por el Congreso de Estados Unidos a permitir que miles de pymes pudieran pagar los sueldos de sus empleadxs. Uno de los primeros solicitantes se llama Monty Bennett. Pidió 126 millones y le otorgaron 70. Pero Bennett no posee una pyme, sino el conglomerado Ashford, que desde Texas opera 130 hoteles de lujo en todo el país, incluyendo el Marriott Beverly Hills y el Ritz-Carlton de las Islas Vírgenes Estadounidenses.
Sus abogados invocaron una cláusula incluida en la ley por el senador republicano Marco Rubio según la cual una gran empresa no puede presentarse, pero sus sucursales sí. Mediante la suma de solicitudes individuales, obtuvo 339 veces más que el promedio de los solicitantes. Además reclama usar esos recursos para pagar sueldos pero también dividendos a sus propietarios. Bennett es uno de los mayores aportantes a la campaña presidencial de Trump, cuyos hoteles también se pusieron en la lista con la mano tendida. “No me voy a disculpar por ser un capitalista en Estados Unidos”, se defendió Bennett, quien tiene muy claro qué significa eso. Antes de la pandemia, su cadena de hoteles estaba endeudada hasta el cuello. Perdió 113 millones y sus acciones se derrumbaron, de 5,60 a 0,70 dólares. Pero él se asignó una remuneración de 5,7 millones de dólares. En el reino de las corporaciones, la prioridad 1 es pagarle al Number One.
Otras grandes empresas como Caterpillar, Stanley Black & Decker, Levi Strauss, Steelcase, y World Wrestling Entertainment pagaron 700 millones de dólares de dividendos en efectivo a sus accionistas, al mismo tiempo que cerraban plantas y despedían trabajadores. En la Argentina el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción también fue concebido para pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, las de hasta 800 trabajadores. No es un chiste, así se estiró el programa en respuesta a la exigencia patronal. Esa red sólo impide el paso de submarinos y cetáceos.
En la provincia de Buenos Aires, el ministerio de trabajo del gobernador Axel Kicillof dictó la conciliación obligatoria para impedir que el intendente de Tres de Febrero, el periodista de PRO Diego Valenzuela, recortara los salarios de los empleados municipales. Pero en Córdoba, el intendente Martín Llaryora, del oficialismo justicialista, consiguió aprobar en tiempo récord una ordenanza que reforma el estatuto vigente: reduce a seis horas diarias el horario laboral (una ficción, ya que por la cuarentena está interrumpida la actividad) y recorta el 15% de los salarios, invocando la pandemia, pero sin fijar la duración de la medida. Sólo se opusieron las representaciones sindicales, de la CGT, la CTA y los gremios afectados, pero el cordobesismo del gobernador Juan Schiaretti avaló la amputación. Votaron a favor 16 concejales del PJ, en contra 1 del FIT, se abstuvo la indómita Olga Riutort. El radicalismo jugó al juego que mejor sabe y que más le gusta: su bancada se retiró ofendida por alguna minucia reglamentaria, de las que siempre encuentra para no ocuparse de otra cosa que su propia lenta descomposición.
Una de las disputas más enconadas fue por el uso del transporte público. Fernández porfió y se impuso: las fábricas que vuelvan a producir deberán costear el transporte para llevar y traer a sus operarios, en cumplimiento del lema peronista. Otros proyectos más complejos siguen a estudio. Por ejemplo, autorizar la reapertura de una fábrica en el Conurbano siempre que se comprometa a trasladar sus operaciones en un plazo razonable a alguna localidad del interior provincial.
Las tres clarinadas
Entre las empresas locales que distribuyeron dividendos a sus accionistas, pero a partir de la pandemia decidieron pagar los sueldos de sus trabajadores en cuotas, está el Grupo Clarín. La semana pasada contamos cómo intentó desembarazarse del director de Telecom, que por el 11% de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad le correspondía a la ANSES. Recién una gestión del Poder Ejecutivo ante el inversionista mexicano David Martínez, asociado con el Grupo Clarín en Cablevisión, consiguió que renunciara el designado y se reservara esa plaza para el Estado, que designará allí al ministro del Interior Eduardo de Pedro.
Las pantallas de El Trece y de TN suprimieron los videographs que proponían #QuedateEnCasa. En su lugar, panelistas, columnistas y videographs se quejaron de que la cuarentena no se aguantaba más y sugirieron su violación.
El fastidio del Grupo con el gobierno nacional tiene motivaciones altruistas:
- Un proyecto de ley de la diputada nacional del Frente de Todxs, Fernanda Vallejos, suspende los aumentos de tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil, de internet y de la televisión por cable, vínculo radioeléctrico y satelital, las retrotrae al 1° de febrero y por toda la duración de la cuarentena. Se complementa con los decretos del Poder Ejecutivo que declararon esenciales en la emergencia esos servicios y prohibieron su corte o suspensión por falta de pago.
- En octubre de 2019, cuando ya se sabía que terminaba el gobierno de Maurizio Macrì, la asamblea de Cablevisión Holding dispuso distribuir dividendos por 300 millones de dólares en efectivo a sus accionistas. Hace dos meses, Cablevisión Holding presentó a la CNV un prospecto de emisión de deuda por 3.000 millones de dólares. Entre los riesgos para quienes tomaran esas Obligaciones Negociables, mencionó la incertidumbre sobre lo que ocurriría al reestructurarse la deuda soberana argentina con los bonos en poder de Cablevisión Holding por 1.178 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019, equivalentes a unos 17 millones de dólares, según los informes publicados en El Destape por Ari Lijalad y Ezequiel Orlando. Según el prospecto, en el supuesto de incumplimiento por el gobierno argentino, se afectaría negativamente la valuación y condiciones de pago de esos bonos, con un “efecto adverso significativo sobre la economía argentina y, en consecuencia, nuestras actividades y resultados de las operaciones”.
- El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, está estudiando el caso del espectro radioeléctrico que utiliza el Grupo Clarín. Al fusionarse Cablevisión y Telecom, el Grupo superó el límite admisible para una sola empresa. El presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, designado a sugerencia de Sergio Massa, anunció en febrero que el Grupo Clarín debería devolver el excedente, que se distribuiría entre otros operadores. «No hay nada mejor que los privados ganen plata pero, a la vez, allí donde faltan recursos debe aparecer el Estado, en auxilio de los que menos fuerza tienen. Hay un rol público imprescindible», le dijo Ambrosini a la agencia estatal TeLam. Pero además se analiza la posibilidad de reclamarle el pago de 147 millones de dólares, que durante la gestión de Maurizio Macrì le fueron condonados por las frecuencias asignadas a Nextel, empresa que el Grupo compró antes de la fusión con Telecom. El precio establecido era de 177 millones de dólares, pero el Grupo Clarín sólo pagó 30 millones, y no en dólares sino en pesos. El resto le fue descontado en dos compensaciones dispuestas por el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, según relató Lijalad. Una auditoría realizada por el anterior director del Enacom, Miguel de Godoy, estableció en marzo de 2018 que ninguna documentación respaldaba esas graciosas decisiones. Pocos días después, De Godoy renunció en forma silenciosa, pese a su cercanía con Macrì, de quien fue compañero en la masonería porteña.
Acoso y derribo
El tono con que Alberto Fernández se refirió a los planteos disparados desde todos los medios del Grupo contra sus decisiones de fondo, sugiere que ha comprendido que no hay armisticios unilaterales. Una explicación involuntaria pero precisa del itinerario que llevó al holding a esa disposición de combate a muerte, puede encontrarse en una columna de Carlos Pagni, publicada en el medio que hace la segunda voz del dúo. Comienza con una cita de teoría militar sobre “el momento cúlmine de una batalla”, o sea “la instancia en la que la agresión debe ser llevada al extremo para resolver el conflicto”. Luego cita estudios del consultor petrolero Daniel Gerold, el Apóstol de Vaca Muerta, en favor de un próximo levantamiento de la cuarentena y por último describe un imaginario avance sobre Alberto de la Vicepresidenta CFK “y el grupo que la rodea, bastante incómodos” por la altísima imagen positiva del Presidente. Y concluye con una notable confesión: “Se suponía que Fernández tenía la intención de convertirse en líder de este proyecto y en todo caso diluir al kirchnerismo en una unidad superior [¿Se suponía o lo deseaban?]. Hasta ahora no hay señales de eso. Hasta ahora la orientación conceptual de la política exterior, de los resortes importantes del poder político, sabremos dentro de poco si también de la economía, la imponen Cristina y su grupo. Y esta es la verdadera novedad: Fernández está cómodo”.
Tan cómodo que durante tres semanas mantuvo el secreto, sólo compartido con Cristina y con Máximo Kirchner, de la designación de Fernanda Raverta en la ANSES. Tampoco hay fisuras respecto de la negociación con los acreedores externos. La interconexión entre ellos, que explica en esta misma edición Magdalena Rua, ayuda a entender por qué apenas el 20% de los tenedores de bonos argentinos en dólares bajo ley de Nueva York aceptaron la propuesta. La negociación con el resto podrá seguir hasta el viernes 22. El gobierno desea evitar el default, pero no a un costo insostenible política, social y económicamente. Hoy el ministro Guzmán mantendrá un par de contactos de fondo y entre mañana y el martes el presidente decidirá si la oferta se mantiene abierta por otras dos semanas. Pero es baja la probabilidad de que haya otra. Las propuestas que los grandes fondos han hecho llegar al Poder Ejecutivo son inaceptables: no pagar nada durante todo el actual mandato, pero renegociar un mínimo afeite del 20% a partir de 2024. «Es como si me ofrecieran una coima. Yo no quiero solucionar un problema personal, sino el problema de la Argentina», responde Fernández. Para la Argentina, más que para cualquier otro país emergente, es posible la fórmula expuesta por el gran maestro Aldo Ferrer: Vivir con lo nuestro.
Por eso, la única verdadera novedad es que, fracasado el propósito de enfrentar entre ellos a los vencedores en los últimos comicios, ha comenzado la operación de acoso y derribo.
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