Desde
siempre el estado ha sido el socio bobo del establishment económico financiero
de Argentina. Y más bobo cuando el gobierno estaba en manos de los
neoliberales. Como es el caso de Martínez de Hoz durante la dictadura militar,
con la escandalosa expropiación o estatización de la ITALO, que el mismo había
presidido. Y de la línea aérea AUSTRAL, propiedad de la familia Reynal, cuyo
pariente Alejandro Reynal, ejecutivo del JP Morgan, era entonces el
vicepresidente del Banco Central.
Y
además por la garantía de los depósitos, el Banco Central se hizo cargo de
quiebra de más 150 entidades financieras en quiebra. Siendo este el origen de
la deuda externa, dado que la enorme masa de dineros que emitió, se volcó sobre
el dólar barato y libre que ofrecía en la ventanilla de al lado. También fue el
estado el que costeó la pesificación de los depósitos en los bancos en la
crisis del 2001, con un costo de 16.000 millones de dólares, cuyas reservas
habían volado para el pago de la deuda externa.
Ni
Clarín ni La Nación salieron nunca a cuestionar esos hechos, a la par que
durante la dictadura se beneficiaron con la “expropiación” forzada de Papel
Prensa al grupo Graiver, que pasó a sus manos, teniendo como socio al gobierno
de la dictadura. Tampoco dijeron nada de las decenas de empresas privadas
intervenidas y liquidadas, por considerarlas vinculadas a la subversión.
No
obstante esos antecedentes, ahora rasgaron sus vestiduras y promovieron una
patriada en defensa de la “propiedad privada” de Vicentín. La que en los
hechos, es solo es un montón de deuda impagable en dólares, contraída por una
administración irresponsable, que fincó un exuberante crecimiento apalancándose
en créditos contraídos en esa moneda.
En
el marco de una política monetaria demencial, llevada adelante por el Banco
Central presidido por Federico Sturzenegger y Lucas Llach. Quienes que con la
baja de los encajes y el multiplicador bancario, dejaron sin el respaldo en
efectivo a los depósitos en dólares. Igual que en el 2001, como si esa crisis
terminal no hubiese sucedido, ni dejado enseñanza alguna.
Y
así, como en el 2001, por efecto de las devaluaciones del anterior gobierno, y
el corte de crédito que dispusieron a la par los bancos para poder hacer frente
al retiro de los depósitos en dólares, Vicentín quedó nocaut en la lona, sin
posibilidad alguna de volver a levantarse por sus propios medios.
Dejando
miles de damnificados sin posibilidad alguna de cobrar sus acreencias, y la
propuesta que hizo extrajudicialmente de pagarla a lo largo de ocho años, fue
rechazado por muchos de ellos. La que además no le devolvía el crédito para
seguir operando, y menos aún con la continuidad en sus puestos de sus culposos
directivos, más allá de las causas penales en las que pueden estar inmersos.
Apareciendo
así como único horizonte de salida su nacionalización o desnacionalización, de
un conglomerado estratégico en los intercambios de Argentina con el mundo, como
productora de alimentos. Por estas razones reproducimos la siguiente nota de
opinión del ex juez federal, constitucionalista, y periodista de opinión Miguel
Rodríguez Villafañe, dando cuenta de esta grave hipocresía.
Vicentín, complicidad informativa y responsabilidad
social
Resulta
grave escuchar a sectores políticos que endeudaron gravemente al pueblo
argentino, sostengan mentiras como que con la intervención de la empresa
Vicentín el país va hacia regímenes dictatoriales y que sacarán a las personas
sus propiedades.
Los
medios hegemónicos de prensa ocultan, que en la historia Argentina ha sucedido
muchas veces a la inversa de lo que se dice. Los grandes capitales privados
fueron los que confiscaron los dineros públicos de los argentinos y nos
trasladaron, inaceptablemente, deudas y responsabilidades. Eso sí, ello siempre
lo presentaron como justo y necesario.
Estatización de la deuda privada
En
1982, el Bco. Central de la Rep. Arg. (B.C.R.A.), por la circular “A” 251,
asumió como deuda externa, aproximadamente, 17.206 millones de dólares de
deudas de empresas privadas. Sumas estas que pasaron a integrar parte de la
deuda externa que se tiene y en base a la cual se ha justificado reducción de
los servicios básicos del estado, como el de salud, las jubilaciones y tantos
otros.
Nadie
recuerda que esa carga era de negocios de grandes empresas privadas que
traspasaron sus malas operaciones, muchas de ellas fraudulentas, y las
socializaron cargándoselas al pueblo argentino.
Entre
las empresas beneficiadas por la estatización de las deudas, estaban Pérez
Companc, Techint, Bridas, Ford, IBM, Banco de Londres, Fiat, Citibank, Banco de
Boston y muchas otras más, entre éstas, también estuvieron Vicentin y las
empresas de la familia Macri SOCMA y Sideco Americana S.A., empresa esta última,
que fue denunciada por maniobras delictivas de “autopréstamos”.
El
informe de los auditores presentado ante el juez que investigó algunas de las
maniobras fraudulentas sostiene, que “la maniobra consistía en la
colocación de fondos propios en plazos fijos en el exterior, recibiendo como
contrapartida un préstamo de la misma entidad bancaria, sirviendo el plazo fijo
como garantía a estos créditos. Los plazos fijos en el exterior no se
informaban al BCRA, en muchos casos, estos plazos fijos tampoco figuraban en
los libros y balances de las sociedades, tal como surge de la investigación”.
Lo
cierto es, que deudas de Vicentín, de las empresas de Macri, entre muchas otras
las tuvimos y tenernos que pagar, aún hoy, todos y todas.
Es
larga la lista de situaciones similares que existieron y nos hicieron asumir
como si fuera lógico que paguemos las deudas o maniobras fraudulentas de los
poderosos del país. Más, cuando el gobierno actual invierte con responsabilidad
social en beneficio de los más débiles, se tilda dicho accionar como populista
deficitario.
Preservación de bienes y patrimonios culturales
Gran
parte de las prensas mediáticas hegemónicas presentan un mensaje sesgado y
unidireccional en el tema de Vicentín y aceptan que dicha empresa caiga en
manos de capitales extranjeros. Resulta que son las mismas que en el año 2002,
exigían al Estado que interviniera para salvar empresas periodísticas como
Clarín, para que no sea el capital extranjero el que, por el monto de sus
acreencias, se quedara con la empresa. Éstas empresas son las que impulsaron el
dictado de la ley 25.750 de “Preservación de bienes y patrimonios culturales”,
en la que se estableció, que debe ser política del Estado nacional preservar
los bienes de las empresas periodísticas, por constituir un patrimonio cultural
nacional que se debe preservar.
Sin
embargo, cabe señalar, que si un medio de difusión es un bien cultural, lo es
por su contenido y éste lo dan sus periodistas, a los que también hay que
proteger. La ley sólo buscó salvar los bienes y cosas de las empresas.
Moraleja inaceptable
Ahora,
esos mismos medios, atacan al gobierno actual, cuando éste quiere que 7.000
trabajadores no pierdan su trabajo y puedan cobrar sus sueldos y que 21.000
familias de prestaciones indirectas no queden sin su sustento. La Declaración
Universal de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, obliga al Estado y
dispone que, “toda persona tiene derecho… a la protección contra el desempleo”.
Resulta que, cuando se defiende el empleo como política de estado, se acusa al
Presidente Alberto Fernández de un proceder inconstitucional, mientras se
toleró la política de desempleo por goteo, en el gobierno de Mauricio Macri.
El
presidente también busca asegurar la percepción de los créditos del Estado, por
dineros entregados a la empresa ilegalmente, en el gobierno anterior (18.182
millones) y cobrar las deudas existentes con la AFIP. También se quiere evitar
que se lleve a la quiebra a cooperativas y pequeñas pymes acreedoras de
Vicentín.
Resulta
penoso que el juez de la quiebra ignore los objetivos de país que lleva el
accionar de las decisiones adoptadas por Poder Ejecutivo Nacional y vuelva a
poner ilegalmente en funciones al directorio de la empresa, que la llevó a un
proceso de quiebra, quienes también están sospechados de lavado de dinero,
defraudaciones fiscales y muchos otros delitos más.
Resulta
fundamental tener claro el sendero a transitar y priorizar los valores que
hacen a la dignidad de las personas y al futuro de nuestro país, por sobre
otros intereses, que de ninguna manera buscan el bien común argentino.
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