Las causas que instruyen en Lomas de Zamora los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona, y en Retiro el juez federal Sebastián Casanello, avanzan a buen ritmo y explican las actitudes expuestas por el ex Presidente Maurizio Macrì y su valida Patricia Bullrich, tanto como el fastidio de Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Rogelio Frigerio, Diego Santilli y Cristian Ritondo, la rama peronoide del PRO. En Lomas se investiga el espionaje ilegal por cuya responsabilidad los fiscales apuntan hacia Macrì. En Retiro, el abuso de autoridad ejercido por Pablo Nocetti, entonces jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, en la represión que culminó con la muerte de Santiago Maldonado.
Rumbo a la marginalidad
Estas posiciones opuestas se reflejaron en las actitudes previa y posterior a la exhibición de autos de alta gama realizada en el Obelisco el lunes 17, el acto político más original en mucho tiempo. Para el sector que ya no soporta a Macrì, del que también participa el Hada Buena, la exasperación de los convocados tironea a Cambiemos hacia la marginalidad política y le hace temer una peor derrota electoral el año próximo. La proyección del universo que se manifestó el 17 de agosto proyecta sobre el conjunto del electorado una cifra exigua, más propia para figuras mediáticas como Javier Milei o José Luis Espert, que para una alianza que se pretenda competitiva a escala nacional. Por eso, Horacio Rodríguez Larreta entendió que el destinatario de esa movida era él y no el gobierno.
El ataque a Rodríguez Larreta es una parte de la verdad, pero no toda. Al mismo tiempo, el Grupo Clarín provocó la suba del dólar paralelo con compras por 2.400 millones de pesos ordenadas por Telecom, como reveló Ari Lijalad en El Destape.
La fulminante respuesta del gobierno cuya lentitud reprochaba Clarín fue declarar servicio público esencial todos los negocios del grupo salvo el diario y congelar sus tarifas por lo que queda del año. Esto comprende telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable, que además deberán ofrecer una prestación básica universal económica. Por supuesto, la decisión estaba en avanzado estudio, pero no es casual ni cuándo se disparó ni que se haya marginado de la norma al ENACOM, en manos de un colaborador de Sergio Massa. El decreto 690 habla de las tarifas de esos servicios, pero el interventor Claudio Ambrosini le dijo a Infoemba que son precios. En realidad, el decreto utiliza ambos vocablos. Massa cultiva la relación con Clarín como uno de sus grandes activos. Como jefe de gabinete de Cristina, le ahorró 500 millones de dólares, posponiendo la obligación de soterrar los cables de Multicanal.
Y la portada de La Nación del viernes 20 mostró la partitura de una sinfonía concertante, donde varios solistas coinciden con la orquesta en el acoso y derribo del gobierno nacional:
- El reaparecido Ernesto Sanz vaticina un próximo estallido y se jacta de que están “soplando en la nuca del peronismo”. Sanz es un personaje extraordinario, siempre tan formal y engolado, hasta que se le suelta la cadena y revela los secretos más tremendos (como la AUH que se va por la canaleta del juego y la droga, o la detención de Milagro Sala, sin la cual Gerardo Morales no podía gobernar). Mientras sus asociados hablan de república, libertad y transparencia, el mendocino describe en la forma más brutal la escena de una violación. Hay que agradecer su completa carencia de hipocresía.
- Una columnista da por sentado el fracaso de Alberto y se pregunta si Cristina tiene un plan B.
- Otro le hace eco: “Aferrado a Cristina, Alberto Fernández dejó pasar el ¿último? tren”.
- Uno de los responsables de la redacción celebra que “el oficialismo se empeña en unir a la oposición”.
- Sergio Berensztein (socio del padre del agente estadounidense Marcelo Sebastián D’Alessio en la consultora Irol D’Alessio) describe “una crisis terminal”.
La única verdad aparente entre todos estos deseos imaginarios es la del efecto que tuvo el paseo del 17 sobre otras fuerzas de la oposición. Por ejemplo, los subloques de diputados que responden a Juan Schiaretti y Roberto Lavagna, anunciaron que no votarían la reforma judicial. Pero no se comprometieron a retacear el quorum para comenzar la sesión, cuando el proyecto de ley llegue con la media sanción que el Senado se propone darle en la última semana de agosto. Tampoco garantizan unanimidad.
Incluso, Alberto Fernández confía en que obtendrá los 2/3 para designar al Procurador General Daniel Rafecas, a quien le pidió que desmintiera la interesada versión de Infoemba, de que renunciaba a su postulación. Es posible que los cambios en la Justicia no sean prioridad para los sectores sociales angustiados por la situación económica y los riesgos para la salud. Pero esto vale tanto para el proyecto del oficialismo como para el boycott de la oposición.
La reivindicación del patriarcado, el anuncio de que la próxima será con sangre y las amenazas a periodistas que se vieron en la algarada del 17, con un marcado sesgo antisemita y un catálogo de planteos extravagantes (que la vacuna va a infectar a personas sanas, que el dióxido de cloro cura el Sars Cov 2, que los proyectos de ley buscan la impunidad para los supuestos delitos de Cristina que hasta ahora sólo se han probado en las pantallas de televisión y las tapas de algunos diarios) tampoco son pasión de multitudes. Por eso, la jueza federal María Alejandra Biotti rechazó el amparo presentado por los camaristas Leopoldo Bruglia y Cacho Bertuzzi, y le quitó a los republicanos callejeros el argumento que más los enardecía: la presunta desobediencia del kirchnerismo en el Senado a una decisión judicial.
Pararse de manos
Uno de los episodios que la AFI espió fue la posibilidad de que la ex gobernadora bonaerense tendiera un puente con Sergio Massa, Diego Bossio, Juan Urtubey y José De la Sota “y se le pare de manos a Macrì”, presentando su candidatura en vez de la del entonces Presidente o desdoblando las elecciones nacional y provincial de 2019 para no cargarlo como lastre. El 28 de julio de 2018 el espía Leandro Araque le sugiere a su jefe, Alan Ruiz, chequear la información de que “el equipo de Vidal la estaría empujando a eso porque aparte no se pueden ni ver con el círculo íntimo de MM (Peña, Lopetegui, Quintana)”.
Eso no ocurrió entonces, pero no puede descartarse que vuelva a ser explorado en el futuro.
Para el gobierno el 17A fue un regalo inesperado, aunque los medios comerciales de sesgo político exageren la magnitud de una expresión modesta, sólo porque excedió la de los intentos previos de mayo, junio y julio. Aparte de la dimensión, importa la técnica organizativa. Los preparativos para el desfile motorizado revelan la misma mano que impulsó las movilizaciones contra la entonces Presidenta CFK a partir de 2013, con el asesoramiento de Steve Bannon y Cambridge Analytica y el financiamiento de la Fuerza de Tareas Argentina creada por el Fondo Elliot Management, de Paul Singer. En algunos casos, se repite el mismo personal.
En 2013, los organizadores de los primeros caceroleos contra Cristina, Yamil Santoro y Luciano Bugallo, viajaron a Brasil con todos los gastos pagos por la Fuerza de Tareas Argentina, financiada por los fondos buitre. Santoro era parte del partido de Patricia Bullrich, Unión por Todos, luego fundido en el PRO, y Bugallo de la Coalición Cívica Libertadora de Elisa Carrió. Bugallo figura como uno de los organizadores del sistema de trolls de Marcos Peña Braun, en el informe preparado para Sergio Massa por la diputada barrionuevera Graciela Camaño en 2018. Bugallo es diputado bonaerense y en enero de este año organizó los primeros tractorazos contra las retenciones. Este es el aviso en las redes firmado por Campo+Ciudad, la organización formada por el diputado de PRO Luciano Bugallo.
Bien en el estilo PRO, ese aviso con firma fue acompañado por otro anónimo, que se difundió con locuciones alternativas en inglés, francés y alemán y subtitulado en castellano, para sugerir que el mundo entero condena al gobierno de Alberto y Cristina. Su contenido es tan burdo como los ataques de la trifecta, en los que se basa, pero delata una estructura tan costosa como coordinada, bien lejos de la pretendida espontaneidad.
Figuritas repetidas
La diferencia es que entonces esos métodos no eran muy conocidos, el gobierno nacional llevaba más de una década con el inevitable desgaste de todo poder, la crisis económica internacional había detenido el crecimiento de los primeros años del kirchnerismo, los medios gozaban de mayor credibilidad y el cepo al dólar enfurecía a quienes consideran su adquisición un derecho humano cuya negación equivale a un crimen de Lesa Humanidad. Entonces, la respuesta a la convocatoria fue masiva y hasta participó el actual Presidente, en los años de confusión en que deambulaba sin encontrar su sitio. Esas movilizaciones contribuyeron a la corrosión del oficialismo que, aun así y con una candidatura presidencial en contradicción con el liderazgo político, se impuso en la primera vuelta electoral de 2015 y perdió por un margen minúsculo en el balotaje.
Ninguna de esas condiciones se repite hoy, salvo las restricciones a la fuga de divisas, pero es difícil atribuírselas al nuevo gobierno, que está juntando los pedazos de lo que rompió su predecesor. El lunes, mientras sonaban las bocinas, el Presidente reunió al ministro de Economía Martín Guzmán con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, para coordinar las medidas regulatorias del manejo cambiario, que se incluirán en el proyecto de presupuesto nacional para 2021, una vez que se cierre el acuerdo con todos los acreedores privados en dólares, a fin de mes.
Bannon tampoco está en su mejor momento: fue detenido el jueves mientras navegaba en el yate Lady May, del milmillonario chino Guo Wengui. Está acusado de defraudación y lavado de dinero a los centenares de miles de personas que aportaron 26 millones de dólares en una campaña de crowdfunding online denominada “Construimos el muro” (de separación entre Estados Unidos y México, prometido por Trump). Eso es casi tanto como los 27,9 millones de dólares en que está tasado el yate de Guo Wengui, quien se exilió en Estados Unidos cuando el gobierno chino lo acusó también a él de sobornos, defraudación y lavado de dinero.
Guo se declaró víctima de una persecución política. Pero no en Beijing sino en Nueva York. La fiscal de Wall Street (distrito sur de Manhattan es su denominación oficial), Audrey Strauss, acusó a Bannon y los también activistas de ultraderecha Brian Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea de tomar parte de los fondos para su uso personal.
En el caso de Bannon, se quedó con un millón de dólares. Esa es la misma suma por la que el magnate chino lo contrató en 2018 y 2019 para implementar una serie de ataques contra el gobierno de su país, pero la mitad de lo que la Secretaría de Contenidos y Marcas de la CABA, dependiente de Marcos Peña Braun, le pagó a Cambridge Analytica entre 2010 y 2015, a través del publicista de Peña Braun, Joaquín Mollá, según afirmó Juan Cabandié durante un informe de Peña Braun en la Cámara de Diputados en 2018.
La fiscal Strauss ganó notoriedad mundial cuando encontró y detuvo a la fugitiva Ghislaine Maxwell, amante y cómplice de Jeffrey Epstein en la violación y explotación de adolescentes. A Bannon le toca probar en carne propia el acoso y derribo en el que se especializó para organizar su internacional de ultra derecha.
“Desde el Poder Ejecutivo Nacional”
El pedido de indagatorias para el ex secretario presidencial Darío Nieto y los ex mandamás de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto con la ampliación de indagatoria de la ex encargada de documentación presidencial Susana Martinengo y otros 21 espías ya procesados, fue ratificado por el juez Juan Pablo Augé. Describe una organización criminal construida “desde el Poder Ejecutivo Nacional”, en la que “nadie actuaba por cuenta propia”. No procuraban ganancias individuales para los ejecutores directos, como puede suceder en casos de corrupción de contenido patrimonial, sino “posibles ventajas político partidarias y/o electorales de las máximas autoridades de la Nación”. La información ilegal así obtenida la “compartían con funcionarios dependientes de la presidencia”, como Nieto y Martinengo. No actuaban como un servicio de inteligencia democrático sino como un servicio secreto, “un Estado dentro del Estado” que no se ajusta “a ningún tipo de control legal ni democrático”.
Macrì no sólo está malparado ante la Justicia, sino también frente a quienes fueron sus colaboradores más próximos. El legajo sobre Rodríguez Larreta da cuenta que la AFI no sólo se interesaba por sus “movimientos y vinculaciones políticas”. Una de las preocupaciones de Macrì era la relación de Rodríguez Larreta y de su vicejefe Diego Santilli con Alfredo Coto y con Ramón Muerza, a quien el supermercadista apoyaba para desbancar en el Sindicato de Comercio y Servicios al secretario general Armando Oriente Cavalieri. Con el respaldo de Macrì, El Gitano resistió el embate de su ex mano derecha aspirante al parricidio gremial.
No es esto lo que indignó a Rodríguez Larreta. Cuando el primer juez de la causa, Federico Villena, le mostró su legajo, el alcalde porteño minimizó su contenido en declaraciones públicas, pero eso fue parte de su astucia política y su reserva personal.
Allí figura un WhatsApp enviado por el Turco Jorge Sáez el 23 de abril de 2018 a un grupo de siete espías, en el que señaló que la entonces presidenta de la Comuna 9 de CABA, Analía Palacios, “mantendría una relación sentimental con Rodríguez Larreta y a través de este habría logrado que no fueran inspeccionados locales comerciales”. El inspector de sábanas ajenas Jorge Rial llamó a Palacios “la comunera hot” en su portal Big Bang News.
No es menor la tirria con Macrì del vicejefe porteño, Diego Santilli, quien mantenía una relación de amistad con el abogado de Moyano, Daniel Llermanos, mientras la AFI presionaba al juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, para que emitiera una orden de detención de Moyano y de su hijo Pablo, que el departamento jurídico de la agencia le entregó ya listo para firmar. Por esta relación con Moyano, Santilli operaba para Muerza en la confrontación con Cavalieri, afirman los espías.
Lxs fiscales mencionan un documento que el espía Leandro Araque le envió a su compañero Facundo Melo, que se refiere a “un agente con muchísima llegada a su grupo familiar, conocido del Colorado, y que pasa información sobre sus movimientos privados. La nueva orden que tienen los agentes es investigar los nexos entre el Colorado y Hugo (nexos personales y comerciales, ya que tendrían negocios en Ciudad con el tema de la recolección de basura). Chequear una información referida a gastos en efectivo del Colorado (habrían sido aproximadamente 1,5 millones de dólares durante 2018; incluyendo un viaje a Dubai junto a toda su familia y dos amigos en el cual habría gastado más de 250.000 dólares en efectivo). Chequear movimientos de dinero por parte de la suegra del Colorado, que viajaría asiduamente a EE.UU. a depositar dinero en una cuenta que tendría a nombre de ella (en los próximos días viajaría una comisión a corroborar la información). Respecto de la suegra, pasó de vivir en Pompeya a un departamento en calle República Árabe Siria en el cual la AFI habría entrado a infiltrar un agente en la empresa que hace el mantenimiento del edificio. Por eso se tendrían detalles del departamento”. Esta es una de las excepciones a la norma general sobre la verticalidad de las decisiones: montados sobre el interés de Macrì en controlar las relaciones de Santilli con los Moyano, los agentes se proponían extorsionar a Santilli para sacarle dinero.
Esto era posible por la relación que el vicejefe de gobierno mantenía al menos con uno de los espías. El 30 de diciembre de 2017 el agente Leandro Matta le envió dos mensajes a Jorge Sáez:
—Cecilia Moreau (la hija de Leopoldo) que está con Massa y tiene muy buena relación con el Coti Nosiglia es la que estaría negociando un acercamiento entre Massa y CFK —decía el primero.
Y el segundo aclaraba:
—Me lo dijo el Colo el otro día.
Además, Gustavo Arribas contrató a Martín Terra, el ex de la esposa de Santilli, la modelo Analía Maiorana, quien en los ’90 fue compañera de trabajo de quien entonces era la pareja de Arribas, la también modelo María Lina Gianetti. Maiorana fue objeto de tareas de inteligencia, que incluyeron la infiltración del personal de servicio de la suegra del Colorado. También aparecen en la causa información de la esposa de Emilio Monzó (Karen Sánchez) y fotos de la secretaria de Monzó (Chiara Comoretto), que se casó con Massot. Hasta grabaron conversaciones de las hijas de Maiorana, menores de edad. Si El Calabrés, como lo llaman algunos íntimos, ordenó seguir a su hermana Florencia (y a su pareja italiana, Salvatore Pica), ¿porque respetaría la vida privada de sus secuaces?
Un hombre Claver
El gobierno no descuida el frente internacional, en el que cree haber reunido la fuerza suficiente para frustrar el acceso de Mauricio Claver Carone a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Hijo de cubanos pero nacido en Miami, Claver fue postulado por Donald Trump para convertirse en el primer estadounidense al frente del banco regional. Su intención es atraer el voto del exilio cubano y venezolano en Florida, uno de los Estados fluctuantes que podría definir la elección presidencial de noviembre. Por la misma razón, Claver es el asesor de Seguridad Nacional de Trump para Subamérica y el Caribe. En diciembre, protagonizó el primer desplante sufrido por Alberto Fernández como Presidente. Claver Carone integraba la misión estadounidense a los actos de su investidura, pero se retiró en forma ostensible de la Asamblea Legislativa, cuando advirtió la presencia de un ministro del gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
De acuerdo con el Presidente mexicano Andrés López Obrador, Fernández se propuso frustrar esa nominación al BID. Se trata de una operación compleja, porque los votos son proporcionales al capital de cada país miembro en el banco, y Estados Unidos con sus aliados regionales, como Brasil y Colombia, cuenta con los necesarios para designarlo, en la asamblea virtual que se realizará el 12 y 13 de septiembre. La alternativa es postergar la decisión hasta marzo, para lo cual sólo hace falta el 25% de los votos, y esperar que para entonces Trump ya no sea el Presidente ni Claver el candidato al BID. Los demócratas, que esta semana consagraron la candidatura de Joe Biden, se oponen a que un gobierno saliente anide su cría en una institución multilateral, con un lustro de mandato. Fernández y su canciller Felipe Solá ya consiguieron que Chile, Costa Rica y Uruguay apoyen la postergación propiciada por la Argentina y México. Lo mismo hizo el jefe de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, el socialista catalán Josep Borrell, pero recién esta semana tal posición fue acordada también por los gobiernos de los distintos países europeos, como le comunicó el Presidente de España, Pedro Sánchez, a su colega argentino. Quien más se resistió, pero terminó adhiriendo, fue la jefa de gobierno alemán, Angela Merkel. Hasta Japón participaría de ese frente del rechazo.
Fernández en persona consiguió el cambio de posición del Presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, que se contaba entre los apoyos de Claver Carone. Durante una videoconferencia, El Cuquito intercedió ante Fernández por el dragado del compartido río Uruguay. El Presidente argentino fue comprensivo, pero introdujo en la conversación el tema del BID. El nuevo canciller uruguayo, Francisco Bustillo, quien fue embajador en Buenos Aires cuando Fernández era jefe de gabinete de Néstor Kirchner, apoyó la gestión. Bustillo recibió una llamada del operador político de Luis Almagro en la OEA, el empresario argentino Gustavo Cinosi, quien ha dejado de lado cualquier disimulo y actúa en forma abierta como agente del gobierno estadounidense. Se presentó ante Pancho Bustillo como jefe de campaña de Claver Carone. Lacalle Pou aprobó el rechazo de su ministro a esta presión. Cinosi intentó entonces con Fernández. Le dijo que junto con Mauricio (que en este caso no es Macrì) habían ayudado en la negociación de Martín Guzmán en la negociación con los tenedores de bonos argentinos.
—Eso no es cierto. Lo que ustedes hicieron fue operar para que el FMI le pagara la campaña electoral a Macrì, con una cuenta de 44.000 millones de dólares que ahora debe devolver la Argentina —lo cortó Fernández.
No era un secreto: el propio Claver lo dijo durante un seminario realizado en Chile y difundido aquí por Infoemba: Trump apoyó esos desembolsos como una ayuda para la reelección de Macrì. Igual no la obtuvo. Macrì mismo se lo había anticipado a CNÑ: no fueron los mercados, que se habían cerrado para la Argentina, sino una decisión política de Trump.
El primer roce con Cinosi se produjo durante la visita del entonces Presidente electo a México. La presencia de Cinosi en sus reuniones con Elliott Abrams y Claver Carone, quienes lo presentaron como un amigo de la Argentina que intentaba ayudar, fue un hecho consumado. Fernández le advirtió que no sería admitido en futuras reuniones salvo que asumiera formalmente la representación de sus mandantes. Es lo que hizo ahora, pero tampoco obtuvo lo que buscaba.
No habría que subestimar a Trump, quien acaba de firmar unas pocas rebajas arancelarias para productos europeos, mientras su ministro de Relaciones Exteriores Mike Pompeo, recorre los países del ex bloque comunista. En Subamérica, el colombiano Iván Duque presiona al peruano Martín Vizcarra, quien tiene problemas con su Congreso. A los países más pequeños de Centroamérica y el Caribe, los atrae con el programa Retorno a las Américas, asegurándoles que se mudarán allí las cadenas de valor que amenaza con retirar de Asia, y q contará con la ayuda de la Corporación para el Desarrollo Financiero, a la que se incorporarán esos países.
Al día de hoy, Biden sigue liderando las encuestas de intención de voto, pero la diferencia se ha estrechado, así como en Brasil el Presidente Jair Bolsonaro obtiene los índices más altos de adhesión de todo su mandato. Bannon estará preso, pero sus hechuras no se rinden.
Cualquiera sea el resultado de la elección presidencial, la Argentina ha demostrado que es posible negociar con los acreedores sin someterse a los designios políticos de Estados Unidos. Es auspiciosa la coincidencia de este momento con el decreto regulatorio de los servicios públicos esenciales que presta el Grupo Clarín; con las novedades en la Secretaría de Energía, que con su nuevo titular Darío Martínez vuelve a depender ahora del Ministerio de Economía, y con la denuncia de la AFIP ante el juzgado federal de Reconquista contra Vicentín y sus directivos, por obtener 110 millones de pesos en reintegros por el IVA con facturación apócrifa.
Más allá de los problemas de gestión, el gobierno sigue teniendo claro a quiénes representa.
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