La orden de la jueza federal María Alejandra Biotti al Senado de la Nación de que suspenda el tratamiento de los pedidos de acuerdo de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi es un audaz paso hacia la negación de la soberanía popular y la forma de gobierno representativa, republicana y federal afirmada en el primer artículo de la Constitución Nacional. En su lugar, la substituiría el gobierno de los jueces. Esto no ocurre de un día para otro, sino que es la culminación aberrante de un largo proceso que maduró en la década pasada, dirigido desde la Corte Suprema de Justicia por Ricardo Lorenzetti. Y sus raíces se hunden en un pasado más remoto y en otras tierras. No se trata de una originalidad argenta, aunque aquí se está poniendo incandescente.
Bruglia y Bertuzzi creen tener derechos subjetivos adquiridos a los cargos que ocupan en la Cámara Federal de la Capital, donde comparten funciones con dos colegas designados de acuerdo con el procedimiento constitucional: Martín Irurzun, que ocupa esa posición desde 1994, durante la presidencia de Carlos Menem, y Mariano Llorens, designado en 2018 por Maurizio Macrì.
No es el caso de Bruglia y Bertuzzi, quienes eran jueces de un tribunal oral y fueron trasladados a la Cámara, sin concursar ni obtener acuerdo del Senado para su nueva función. Es decir, por la mera voluntad del Poder Ejecutivo y con su entusiasta acuerdo.
Ambos invocan una opinión de la Corte Suprema que consideró válidos esos desplazamientos, pero no en una causa sino en una nota de respuesta a una consulta del entonces ministro de Justicia Germán Garavano. Esa Acordada de Superintendencia N° 7 de 2018, firmada sólo por Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, entiende que si el traslado ocurre dentro del mismo fuero no es preciso recorrer el sendero constitucional descripto en el artículo 99, inciso 4, por el cual el Presidente nombra a un juez, sobre una terna propuesta por el Consejo de la Magistratura, y el Senado da el acuerdo para la designación. La Acordada no menciona a Bruglia ni a Bertuzzi, sólo fija criterios generales. Basados en esos derechos subjetivos, los camaristas invocan la Ley de Procedimientos Administrativos, por la que la Administración debe pedirle a un juez que revoque su propio acto. Pero en este caso se trata de actos de órganos políticos. Incluso en la doctrina administrativista, aquella acción de lesividad no es ineludible, y la Administración puede revocar en su sede si el acto es nulo de nulidad absoluta.
De la auto restricción al activismo
La pretensión de imponer el criterio de los jueces sobre el de los gobernantes electos tuvo una manifestación extrema en Estados Unidos en la década de 1930, cuando una Corte Suprema conservadora declaró inconstitucionales en forma sistemática las leyes y decretos del Presidente Franklin Delano Roosevelt en aplicación de su programa de intervencionismo estatal para la reactivación económica conocido como New Deal. La Corte llegó a decir que la democracia estaba de vacaciones y había vuelto Nerón.
Luego de que Roosevelt fuera reelecto en 1936, la Corte, influida por el juez que él designó, Felix Frankfurter, estableció otra jurisprudencia: la Justicia debe auto restringir su actividad, porque el menos democrático de los poderes no puede imponerse a un Presidente o un Congreso elegidos por el pueblo. En realidad era el regreso a la posición que el tribunal sostuvo durante las tres décadas en que lo integró el juez Oliver Wendell Holmes, un discípulo del profesor James Bradley Thayer, que teorizó al respecto. Pero Holmes se retiró en 1932 y la Corte viró hacia una abierta confrontación con el Poder Ejecutivo.
“Si los jueces quieren ser predicadores, deberían dedicarse al púlpito; si pretenden ser primariamente configuradores de una política, el Parlamento es su lugar. Los jueces obstinados son los menos defendibles entre todos los que atacan al imperio de la ley”, escribió Frankfurter en el centenario de John Marshall, el cuarto presidente de la Corte Suprema, quien fundamentó por primera vez la revisión judicial de los actos de los otros dos poderes. “A través de su inevitable tarea interpretativa, los jueces terminan, silenciosamente, tomando el lugar que debería ocupar la voluntad popular”, afirma el constitucionalista y sociólogo argentino Roberto Gargarella. Lo de silenciosamente podía ser cierto en 1996, cuando lo publicó en su libro La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del Poder Judicial. Hoy lo hacen con estrépito, amplificado por el militante estímulo comunicacional.
Aquel libro que Gargarella lanzó hace un cuarto de siglo sostiene que el poder conferido a la justicia fue la respuesta del establishment a “la influencia de la ciudadanía sobre las legislaturas locales”, que dispusieron “medidas económicas perjudiciales para los sectores más acomodados de la sociedad”. Alexander Hamilton llegó a sostener que “la tiranía más opresiva” era la que emanaba “de una mayoría victoriosa”, propensa a dejarse seducir por “demagogos y politiqueros”. Estos conceptos fueron expresados en la Convención Constituyente por James Madison, para quien “cuando una mayoría se encuentra unida por un sentimiento común y tiene la oportunidad, los derechos de la parte minoritaria pasan a estar inseguros” y deben ser protegidos. Los jueces en la nueva Constitución iban a ser “conocidos personalmente por una pequeña fracción del pueblo”, escribió Madison, y por la manera de su nombramiento y la naturaleza y duración de su mandato se encontrarían “demasiado lejos del pueblo para participar de sus simpatías”. Para Gargarella, esta protección especial se refería “a uno, y sólo a uno, de los posibles grupos minoritarios de la sociedad: el grupo de los acreedores, o grandes propietarios. Claramente, además, no se estaba hablando de un grupo sin poder efectivo, sino del núcleo de los más favorecidos de la sociedad”.
Suena familiar, ¿no?
Cristina y Macrì
En este caso, el trasfondo es la confrontación entre los dos últimos Presidentxs, Cristina Fernández de Kirchner y Maurizio Macrì, que representan a su vez dos modelos antagónicos de país y de relación entre sus clases sociales.
Un reclamo ritual es el de la independencia de la Justicia, ya sea del poder político o de los poderes fácticos, según quien lo enuncie. No existe un clamor semejante respecto de la independencia de los superiores dentro del propio Poder Judicial, que a veces se combina con alguno de los otros. El día de las elecciones de octubre de 2015 que le dieron la presidencia, Macrì se reunió en la casa de su padre con los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y les exigió que la señal de cable C5N y la radio Diez contribuyeran a su propósito de encarcelar a CFK.
Macrì asumió la presidencia en diciembre de 2015 y antes de que terminara el mes transmitió un ultimátum a los camaristas de apelación Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, quienes habían revocado su sobreseimiento en la causa por las escuchas ilegales desde el gobierno porteño.
El insólito mandadero que les solicitó la renuncia fue Lorenzetti, quien desde las elecciones de 2013 orientaba la ofensiva de la Justicia federal contra la ex Presidenta. Ese año, el Congreso había votado un paquete de leyes que CFK llamó de “democratización de la Justicia”, que provocaron una erizada respuesta de la Corte. Ante una denuncia del Colegio Público de Abogados de la Capital, la Corte declaró inconstitucional la que modificaba la composición del Consejo de la Magistratura y suspendió la vigencia de varias otras sin siquiera esperar que le llegara un caso en el que alguien las impugnara. Actuó por liso y llano decreto administrativo (Acordada de Superintendencia, en la jerga), una tropelía que no mereció ni una observación por parte de los más enardecidos republicanos y paladines de la calidad institucional, ni en la academia ni en la prensa.
La intimación presidencial comunicada por Lorenzetti también abarcó a los jueces Norberto Oyarbide (el primero que procesó a Macrì por las escuchas) y Rodolfo Canicoba Corral, quien no se plegó a la operación montada contra Cristina en torno del fiscal Natalio A. Nisman. Oyarbide decidió apurar su jubilación, Canicoba se encargó de que trascendiera la operación conjunta ejecutivo-judicial y permaneció cuatro años más en su cargo, hasta cumplir los 75 años del retiro por mandato constitucional. “Me van a extrañar, no soy el peor”, se jactó al irse. Tal vez no el peor, pero sí uno de los dos más hábiles.
A partir de la homilía con que inauguró el año judicial 2015, Lorenzetti procuró instalar que la Argentina era el reino de la impunidad, que él y sus huestes judiciales estarían llamados a sanear, como quien ciega un pantano. El video que preparó entonces la asesora de imagen del Ihering de Rafaela, María Bourdin, de la escudería Hadad, incluyó los crímenes de lesa humanidad, Cromañón y el accidente de Once, casos que fueron juzgados con condenas para los autores, por lo que no son impunes, y otros en los que ni siquiera se había establecido que existiera un delito, como la muerte del fiscal. Bourdin tiene una notable capacidad anticipatoria: recién dos años después el juez Julián Ercolini afirmó que Nisman fue asesinado. Se basó en un peritaje de la Gendarmería, que contradijo las conclusiones del realizado por 12 expertos forenses. También en este caso hubo intervención sobrenatural: Clarín anticipó el resultado del peritaje tres meses antes de que comenzara.
Esa cantilena se repite ahora: la oposición se niega a tratar la reforma judicial porque sería un instrumento para lograr impunidad. Es un artículo de fe, porque no logra identificar un solo artículo que lo justifique, como admitió ante la comisión de asuntos constitucionales del Senado uno de sus númenes, Daniel Sabsay. Ninguna de las causas en trámite sería afectada.
La agenda de la embajada
Entre la primera y la segunda vuelta electoral de 2015, la Corte firmó la Acordada 28 para “enfrentar el problema del narcotráfico y toda la actividad delictiva vinculada con este flagelo”, que debería ser una política de Estado. El uso de la palabra flagelo asociada al comercio ilícito de drogas forma parte del enfoque bélico del problema. Política de Estado es una categoría que desde el Consenso de Washington se aplica a los reclamos de las grandes potencias y de los poderes fácticos, que deben ser sustraídos del debate político y delegados para su ejecución en cuadros técnicos, que en este caso serían los jueces. Al difundir la Acordada, la oficina de prensa de Lorenzetti filtró en forma extraoficial que “fueron convocados para manejar el timón el juez federal de Orán, Salta, Raúl Reynoso”, Irurzun y el juez en lo Penal Económico Claudio Gutiérrez de la Cárcova.
Privilegiar la persecución de unos delitos sobre otros no entra dentro de las competencias y atribuciones de la Corte, que de este modo avanzó en forma temeraria sobre la división de poderes, ya que la definición de la política criminal del Estado corresponde al Poder Ejecutivo. Tuvo mala suerte con el personal escogido. Reynoso no llegó a tomar posesión porque fue detenido y luego condenado como jefe de una asociación ilícita que vendía protección a narcotraficantes. Gutiérrez de la Cárcova aparece en una de las fotografías que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, encontró en la computadora del agente estadounidense infiltrado en los servicios argentinos de seguridad e inteligencia, Marcelo Sebastián D’Alessio. El tercer hombre de la mesa es el traficante de parafernalia bélica, de inteligencia y seguridad, Mario Montoto, quien según D’Alessio le hizo el puente con Patricia Bullrich.
Al presentar la nueva comisión, Lorenzetti soslayó cualquier prescindencia política partidaria, elogió a Bullrich y encomió el proyecto de ley de la entonces diputada del PRO sobre la extinción de dominio de los bienes secuestrados, “para la lucha económica contra el narcotráfico”, acaso deslumbrado por su impar deriva de Montoneros al menemismo, la Alianza, la Coalición Cívica Libertadora y el PRO. La constitucionalidad de esa extinción antes de una condena es como mínimo debatible. Tal vez deba decidirlo la Corte, se supone que sin la participación de Lorenzetti, que adelantó opinión aún antes de que fuera ley.
Otras de las medidas que Macrì tomó en cuando asumió la presidencia fue traspasar las escuchas judiciales de la Procuración General a la Corte Suprema. Durante el año que estuvieron en el Ministerio Público, que designó para ello a la fiscal Cristina Caamaño, no hubo una sola filtración. Todo lo contrario ocurrió a partir del traspaso, como documentan las varias causas sobre espionaje ilegal que se tramitan en distintos juzgados. La Corte Suprema dijo que Irurzun había sido elegido por sorteo para encargarse del tema. Pero su designación había sido anticipada un día antes por el diario La Nación, y no existe ninguna constancia documental del alegado sorteo. En 2016, la Corte extendió las facultades de esa Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), facultándola a asistir a los jueces en los temas definidos como prioritarios por la Embajada: drogas, trata de personas, secuestros extorsivos, criminalidad económica, lavado de activos, crimen organizado y de carácter trasnacional, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales. También acordó con el Ministerio de Justicia el acceso a las principales bases de datos del Estado: la Inspección General de Justicia (IGJ), los registros de la propiedad, del automotor, de las Personas, de la AFIP y de la Unidad de Información Financiera (UIF). Esto la convirtió en un superorganismo de inteligencia, como no tiene ningún tribunal de Justicia del mundo.
En operaciones
En 2017, cuando vencía el año en el cargo asignado a Irurzun, el Poder Ejecutivo firmó un decreto reeligiéndolo y prorrogando su mandato por tres años. Una vez logrado ese control, Macrì consintió el desplazamiento de Lorenzetti de la presidencia de la Corte, por el voto de los dos jueces que Macrì había designado por decreto, en comisión: Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Rosatti, a quienes se sumó Elena Highton de Nolasco, de quien se podrán decir muchas cosas, pero no que se desentienda de la suerte de su hija Elenita. En abril de 2017, Lorenzetti hizo una presentación pública junto con el juez brasileño Sergio Moro (el que ordenó la detención de Lula) y el juez argentino Claudio Bonadío, el más empeñoso perseguidor de la ex Presidenta. En noviembre de ese año, Freiler fue destituido en juicio político.
Antes de su deposición, en un encuentro con varios jueces del fuero federal, Lorenzetti los instó a avanzar con las causas contra Cristina, asegurándoles que tendrían su respaldo, según contó uno de los asistentes. Lorenzetti también fue el inspirador de la creación de una Asociación de Jueces Federales, que encabezó Ariel Lijo.
Como ni la señal de cable ni las radios del Grupo Indalo se sumaron a la cadena de demolición encabezada por el Grupo Clarín, La Nación, América e Infobae, sus accionistas pagaron las consecuencias. López y De Sousa fueron detenidos en diciembre de 2017, por orden del juez Julian Ercolini (el que libró de persecución a Clarín y La Nación por la adquisición de Papel Prensa y cuya esposa fue vocera del ministro Garavano y ahora le hace la prensa al Procurador Interino Eduardo Casal) por una presunta defraudación con el pago de los impuestos de Oil Combustibles. La ofensiva también incluyó el intento de apoderarse de las empresas del Grupo Indalo por parte de emisarios presidenciales.
En marzo de 2018, los camaristas Ballestero y Eduardo Farah revocaron la detención de López y De Sousa, ante lo que Macrì se declaró “indignado” en el programa de su publicista, Luis Majul. Explicitó que la liberación de López y De Sousa “lo enloqueció” y que esos jueces “se animaron pensando que no iba a haber reacción, pero la hubo”, como si se tratara de un tema de Estado que requiriera de su intervención. En otra amable conversación con la animadora Mariana Fabbiani, que sonreía embobada, dijo: “Esto no es lo que habíamos acordado”. Por supuesto, no hubo repreguntas. Con el mismo aire angelical, Carlos Pagni se asombra ahora de que pueda considerarse un fallo reciente contra López y De Sousa como un mensaje judicial al kirchnerismo, igual que la condena a Luis D’Elía. Pero el columnista calvo no es, se hace.
El 19 de marzo de 2018, Clarín sostuvo que Ballestero había recibido del jefe de la AFI, el ahora procesado amigo presidencial Gustavo Arribas, indicaciones sobre cómo debía fallar, que desobedeció. La palabra oficial se tradujo en actos: Farah fue forzado a pedir su traslado hacia otro tribunal y Ballestero renunció para jubilarse. En abril de 2018, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó las libertades de ambos empresarios, que volvieron a la cárcel, donde los muchachos de Arribas e Irurzun grababan sus conversaciones. Esto precipitó la quiebra de Oil Combustibles y la cesación de pagos de las principales empresas del Grupo Indalo y comenzó la liquidación de activos, “malvendidos a precio vil”. Una de las consecuencias de esta acción oficial es que la AFIP no pudiera cobrar su crédito. Bruglia y Bertuzzi fueron puestos por el titiritero presidencial en los lugares de Farah y Ballestero, a los que ahora se aferran fingiendo una independencia que no tuvieron cuando debían.
Doña Disparate y Bambuco
El martilleo mediático no puede ocultar el disparate que pretende la medida cautelar concedida por la jueza Biotti. El amparo que presentaron Bruglia y Bertuzzi iba dirigido contra el Consejo de la Magistratura, no contra el Senado. Sin embargo, invocando urgencia ante un presunto tratamiento sobre tablas (que nunca estuvo en consideración), Biotti ordenó al Senado que no ejerciera sus atribuciones. Sólo le faltó disponer su clausura, como hicieron Figueroa Alcorta en la primera década del siglo pasado y José María Guido en la séptima. Durante la sesión del jueves, el Senador por Chubut Juan Mario Pais calificó esa orden como un alzamiento contra la Constitución y la soberanía popular y un abuso de poder, y citó el precedente de la Corte Suprema de abril de este año. Ante una acción declarativa de certeza presentada por CFK sobre la posibilidad de que el Senado sesionara por Internet, la Corte ratificó la división de poderes y sostuvo que la Justicia no puede tener intervención previa, dado que “dicho cuerpo legislativo tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento”.
En un desatino equivalente al de Biotti incurrió la heroína radical Elisa Carrió, quien por medio del diputado de la Coalición Cívica Libertadora Juan Manuel López intimó al Senado por carta documento a “abstenerse de tratar los traslados de los doctores Bertuzzi y Bruglia”, bajo apercibimiento de denunciar a sus miembros por los delitos de los artículos 239 y 248 del Código Penal. El 239 reprime la resistencia “a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones” y el 248 el dictado de resoluciones contrarias a la Constitución. Ni el desconocimiento de la división de poderes constituye el ejercicio legítimo de la función pública, ni el tratamiento de los pliegos es contrario a la Constitución.
Quien difundió in extenso esta intimación al Senado fue el operador judicial del Grupo Clarín Daniel Pedro Santoro. Su interés en el tema es directo: en el teléfono del espía Marcelo Sebastián D’Alessio figuraba con fecha 14 de diciembre el fallo confirmando la encuadernación de Cristina por el Doctor Glock, que Bruglia y Bertuzzi recién firmarían una semana después. En una de las conversaciones grabadas por Pedro Etchebest para probar la extorsión a la que era sometido, D’Alessio se jactó de su amistad personal con Santoro, le ofreció como prueba una foto familiar tomada durante el cumpleaños del operador judicial, y le dijo que la esposa de Santoro era la gurú que asesoraba a Carrió sobre vibras y energía según la cultura Feng Shui.
Santoro fue procesado junto con su amigo D’Alessio por coacción y extorsión. El diputado nacional Leopoldo Moreau anunció que enviará a la Comisión de Acuerdos del Senado los peritajes realizados sobre ese teléfono y sostuvo que correspondería el juicio político de ambos magistrados por el “vínculo con esta banda de espionaje ilegal”.
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