En la denuncia que en su momento realizó el periodista Fabián Magnotta se asegura que la zona de Villa Paranacito, entre los ríos Paraná y Uruguay, fue “el lugar perfecto” para los vuelos de la muerte, por sus características geográficas, la idiosincrasia de la gente y la cercanía con Buenos Aires y los centros clandestinos de detención del área metropolitana. Y que lancheros, docentes, obreros del monte y jubilados del Delta de Entre Ríos, cuyos nombres aportó, vieron los lanzamientos desde el aire, tanto sobre los cursos de agua como en áreas de vegetación espesa.
Hubo un tiempo en que la quietud y el silencio del mundo fluvial que Haroldo Conti describió en su novela Sudeste se interrumpía con frecuencia, por el sonido de las hélices y del agua tragándose lo que caía desde el cielo. A sólo 70 kilómetros en línea recta hacia el norte de la Ciudad de Buenos Aires, ese lugar puede haber sido el destino final de un número indeterminado de personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura. Para confirmarlo hay que tirar de la punta de un ovillo que espera ser desenredado desde hace 44 años. Ese hilo une los relatos de quienes vieron aviones y helicópteros que arrojaban bultos desde el aire y cadáveres que aparecían de la nada enredados en los matorrales, con partidas de defunción de NN, fallecidos por “muerte violenta” en años del terrorismo de Estado.
La existencia de vuelos de la muerte en el Delta del río Paraná, en el sur de Entre Ríos, es la hipótesis que mueve una investigación que lleva adelante la Fiscalía federal de Concepción del Uruguay y que ahora comenzó a avanzar. Esta semana continuaron las testimoniales a través de dispositivos de videoconferencia y se espera finalizar la producción de prueba documental que permita establecer las conexiones pendientes que lleven a detectar sitios de posibles enterramientos. El paso del tiempo y las características del terreno –anegadizo y de tupida vegetación– en la zona donde los lugareños veían los vuelos sospechosos o encontraban cuerpos, algunos dentro de grandes tambores rellenos con cemento, dificultan la tarea. De todos modos, se hacen consultas con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que también aporta información sobre los centros clandestinos de detención desde los cuales podrían provenir las aeronaves.
El expediente en curso se inició a partir de la denuncia de Fabián Magnotta, periodista de Gualeguaychú que recopiló numerosos relatos de testigos y publicó su investigación en el libro El lugar perfecto (Ediciones Cinco, 2012). Luego, varios de esos testimonios fueron ratificados en sede judicial. El hijo de uno de los lugareños contó que su padre, ya fallecido, enterró uno de esos cuerpos, pese a las presiones del personal de Prefectura para que no hiciera nada. Pero la ubicación de ese enterramiento es todavía desconocida. También es posible que hayan sido sepultados en cementerios cercanos.
“Pudimos conseguir una serie de partidas de defunción por muerte violenta de personas no identificadas. Dos de ellas fueron enterradas en el cementerio de Gualeguaychú y hace mucho tiempo que pasaron a un osario común”, explicó a El Cohete la fiscal Josefina Minatta, quien lleva adelante la investigación. Por eso, la mayor expectativa está puesta en el pedido de información a la Justicia provincial, para que revise en sus archivos y desempolve los viejos expedientes armados a partir de las defunciones de NN, que por norma debieron confeccionarse. Allí deberían estar registradas las huellas digitales tomadas a los cuerpos. A partir de eso se intentará cruzarlas con las huellas de personas desaparecidas de la base de datos del EAAF. Aunque no logren localizarse restos, al menos se podría establecer judicialmente el destino de víctimas del genocidio y continuar con la producción de verdad.
La hipótesis
El Ministerio Público Fiscal, por su parte, identificó dos causas anteriores que refieren a los mismos hechos y que contienen testimonios brindados ya en 2003, 2004 y 2011. Esos testigos dijeron haber visto tambores arrojados desde helicópteros, con cuerpos en su interior, en un lugar del río Paraná Bravo –efluente del Paraná Guazú que desemboca en el río Uruguay– y en la desembocadura del río Gutiérrez –efluente del Paraná Bravo– y alrededores. Contaron también sobre la intervención de personal de Prefectura en el “retiro” de esos cadáveres. Sin embargo, el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay había decidido archivar esas actuaciones, debido a supuestas diferencias y contradicciones en los testimonios y por la curiosa razón de que no encontraron quien dijera haber visto el momento preciso en que eran arrojados los cuerpos, sino los helicópteros y los cadáveres por separado. Ahora fueron desarchivadas.
Tumbas, médicos y archivos
En la década del ’70 las islas del Ibicuy pertenecían al Departamento Gualeguaychú. En esa jurisdicción se encontraron siete certificados de muertes violentas de personas NN, emitidos por médicos locales, en el periodo 1974-1983. Esta es la información que proporcionó el Registro Civil.
La Municipalidad de Gualeguaychú comunicó al Juzgado que durante la dictadura fueron inhumados dos NN en el cementerio municipal. Uno fue sepultado el 3 de mayo de 1976, sin que sus datos de identidad fueran anotados. El acta del cementerio dice que fue “hallado por la Policía” en esa misma ciudad. El otro, un hombre de 50 años, fue enterrado el 10 de noviembre de 1981. Cuando se cumplieron 10 años de cada inhumación, los restos fueron movidos a osarios y se perdió la posibilidad de ubicarlos.
Los archivos del Registro Civil hablan de otro NN hallado en Gualeguaychú y otros cuatro en Ibicuy, todos con los nombres de los médicos que firmaron las partidas y las personas que denunciaron haber encontrado los cuerpos. Estos son los testigos que están declarando o sus familiares en el caso de haber fallecido.
Particularmente hay un médico que firmó todos los documentos que corresponden a cadáveres encontrados en las proximidades de la localidad de Ibicuy. Falleció en 2018 pero su familia todavía reside en el sur de Entre Ríos. Cuando la Policía visitó a la hija por pedido de la Fiscalía, ella relató un episodio por demás elocuente: dijo que cuando era niña y vivían en Ibicuy, un “numeroso grupo de militares” allanó la casa de la familia. Fue un operativo propio de la época: los dejaron encerrados durante 24 horas en la vivienda, mientras revolvían todo en busca de algo que ella no recuerda de qué se trataba. “Desarmaron muebles y buscaron hasta adentro de la heladera”, dijo la mujer, según el informe que el jefe Departamental de Policía de Gualeguaychú, Cristian Hormachea, envió a la Fiscalía federal de Concepción del Uruguay.
Historias recuperadas
En el expediente también está incorporado el testimonio de un isleño que hace recordar al Boga, el personaje contemplativo de la novela de Conti. El hombre, pescador y cortador de juncos, que vive desde que nació a orillas del río Sauce, tuvo que declarar en 2011 ante la Justicia provincial como testigo por la muerte de un lugareño, que se ahogó tras caer desde una lancha. Cuando le preguntaron si anteriormente había visto cadáveres rescatados del río, contestó que sí: “Cuando los militares tiraban personas desde helicópteros en el río Bravo”. Dijo que vio cuerpos flotando y también enganchados en la costa. Que eran cuatro, varones y “medio jóvenes”, que estuvieron varios días y él vio que a uno se lo llevó la Prefectura remolcándolo, y que cuando un vecino fue a hacer la denuncia le dijeron que hiciera “como que no vio nada” y que se quedara “calladito la boca”.
Luego ratificó sus dichos ante el juez federal Gustavo Pimentel y los amplió: “A cinco kilómetros al este de mi casa, en el río Sauce, cerquita del río Uruguay, vi una persona ahogada que estaba atada con una cobija y alambre en las puntas”. Contó también sobre el relato del lanchero que repartía la carne en las islas, que vivía cerca del puente Zárate-Brazo Largo, y que vio caer bultos desde un helicóptero.
Entre las declaraciones antiguas que se recuperaron está la de un policía, que durante la dictadura estaba destinado a un solitario destacamento isleño. Ya en 2003 declaró, en base a lo que le contó una lugareña con quien tenía una relación, que un día un helicóptero verde arrojó varios tambores de 200 litros al río Paraná Bravo y uno cayó sobre la playa. Esto fue cerca de un establecimiento que pertenecía a Celulosa Argentina. Cuando se acercaron vieron que el cilindro en su interior tenía cemento y asomaba la cabeza de una persona. Esa misma mujer que le contó este episodio, le dijo que enterró el tanque así como estaba, para darle “cristiana sepultura”.
Testimonios de este tipo se multiplican en la causa. Hay quienes vieron los vuelos de la muerte y quienes escucharon los relatos sobre ellos. Y cuando lo recuerdan ante funcionarios judiciales, mencionan también que el miedo perdura; por eso no están aquí publicados sus nombres. La información circuló por el laberíntico paisaje fluvial y persistió a través del tiempo. La memoria del Delta resurge, es imborrable, y permite abrir una nueva esperanza para conocer el destino de más desaparecidos y desaparecidas durante los años del genocidio.
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