Revolución es hacer cada día de nuestro pequeño espacio, un lugar digno de habitar
"La Maldita Máquina de Matar" Pinchevsky/ Medina

domingo, octubre 18, 2026

El depredador sangra

 



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Cuando ganó Milei tuve un miedo que no era electoral ni ideológico, o que lo era, pero en un sentido más hondo y más doméstico: un miedo de madre. Yo empecé a militar en una Argentina en la que el Estado, para los pibes de mi generación, era la puerta de la comisaría y no la de la escuela, y pasé buena parte de mi vida adulta tratando de que esa puerta cambiara de lugar, de que el Estado volviera a ser reparo, inclusión, justicia, algo que te espera y no algo que te para. Por eso el miedo, aquella noche, tuvo una forma muy concreta: que mis hijas volvieran a ver en el Estado lo que yo vi a su edad, la puerta de la exclusión y de la represión. Ayer ese miedo dejó de ser una hipótesis. Mi hija vivió por primera vez la angustia de saber que una amiga suya estaba en medio de los gases y los palos, sufriendo su primera represión, y la estaba sufriendo por pedir algo tan obvio como poder estudiar. La vi con el teléfono en la mano, esperando un mensaje, y entendí que hay aprendizajes políticos que uno no elige para sus hijos y que igual llegan, como llega la fiebre.

Hay una pregunta que me quedó dando vueltas desde entonces y que creo que resume la época: cómo es que hoy hay que defender lo obvio. Que la universidad pública es un bien común, que un jubilado tiene que poder comprar sus remedios, que el que trabaja tiene que poder vivir de lo que gana, que nadie debería dormir en la calle. Durante décadas esas cosas formaron parte de un piso compartido, de un acuerdo tácito que atravesaba incluso a quienes se odiaban políticamente. Discutíamos cómo, cuánto, quién, pero no si. Lo que este gobierno logró, y hay que reconocerle la eficacia aunque nos espante, es convertir lo obvio en una posición militante. Defender la universidad pasó a ser "politizar". Pedir medicamentos pasó a ser "kirchnerismo". Y no es un capricho del vocabulario. Toman las palabras que nos permiten reconocernos colectivamente, las que nos atan a procesos históricos de ampliación y creación de derechos, y las convierten en malas palabras, en estigma, en insulto que se pronuncia con la boca torcida. Lo hacen porque saben que un pueblo sin identidad colectiva es un pueblo suelto, y un pueblo suelto no participa. La ecuación es tan vieja como eficaz: sin participación hay dominación, y con dominación se garantiza la expulsión de todos los que sobran en su modelo. Por eso resistir, organizarse y ser colectivo, desde la identidad que cada cual sienta como propia, es hoy una prioridad. No podemos regalarles el sentido de nuestras palabras. Y así, de a poco, el sentido común se fue corriendo hacia un lugar donde la crueldad parece realismo y la solidaridad parece ingenuidad o de estupidos.

Mientras tanto, la realidad avanza con la monotonía de lo que se repite todos los días. Cada día hay más personas viviendo en la calle, más jubilados sin medicamentos, más trabajadores y trabajadoras que se quedan sin trabajo, más familias endeudándose para comer, más pobreza. Y hay algo que me cuesta escribir: hace tiempo que UNICEF nos advierte que el suicidio es una de las principales causas de muerte entre nuestros adolescentes, y que golpea más fuerte allí donde faltan las instituciones y las personas que acompañan. Es una herida que viene de lejos, pero es justamente la herida que se agranda cuando el Estado se retira, cuando la escuela, el club, el centro de salud o el comedor dejan de ser lugares donde alguien te espera. Cada día el fin de mes se achica un poco más, y lo que nos ofrecen a cambio es un relato: que esto es el camino, que hay que atravesar el desierto para llegar a un país libre, que el dolor es una inversión. Pero el relato tiene una grieta enorme, y es que el sacrificio no es para todos. No es cierto que no hay plata, como repetía Milei con la convicción de un predicador. La plata está. Está cuando se timbea el oro de la Argentina, el de Londres y también el que dormía en las bóvedas del Banco Central, y la apuesta termina con un rojo de más de mil millones de dólares, mientras nadie sabe decir con certeza qué pasó con ese oro. Mil millones que no aparecen en ninguna planilla de Excel, que no tienen motosierra, que no le quitan el sueño a nadie en la Casa Rosada. La plata está, pero solo para un sector minoritario que desprecia la palabra solidaridad, que la escucha como un insulto, que construyó buena parte de su identidad en contra de ella. No es un ajuste: es una redistribución hacia arriba con música de épica.

Y entonces aparece, inevitable, la pregunta por lo que nos pasa a nosotros. Porque sería cómodo pensar que la degradación es algo que hace un gobierno y que el resto la padece. No es tan así. La degradación es una invitación, y lo más inquietante es la cantidad de gente que la acepta, a veces sin darse cuenta. Todos somos hacedores de lo que ocurre, por acción o por omisión: el que aplaude, el que repite la frase del odio en la mesa familiar, el que se ríe del chiste cruel, pero también el que decide que no vale la pena, que da lo mismo, que mejor no meterse. No lo digo con ánimo de tribunal. Lo digo porque esa responsabilidad compartida es, paradójicamente, la mejor noticia que tenemos: si somos parte de la degradación, también somos parte de lo que puede frenarla.

Hay una película que vi de chica y que en estos días me vuelve como una metáfora un poco brutal pero exacta. En Depredador, cuando aparece la criatura, parece algo extraordinario, invisible, imposible de vencer. Los soldados caen uno tras otro y el miedo se vuelve total. Hasta que uno de ellos ve que el depredador sangra. Y en ese momento cambia todo, porque si sangra, se lo puede vencer. Con la derecha de este tiempo nos pasó algo parecido: llegó con una potencia que parecía sobrenatural, con un lenguaje que no entendíamos, con una velocidad que nos dejaba siempre un paso atrás, y durante un tiempo largo una parte nuestra creyó que no había nada que hacer. Pero el depredador sangra. Sangra cuando la universidad llena las calles otra vez, sangra cuando tiene que reprimir porque ya no puede convencer, sangra cada vez que la realidad le gana al relato. La represión de ayer no es un signo de fortaleza. Es un signo de que ya no les alcanza con la palabra. Y la pobreza que crece, las deudas que crecen, los pibes que se quedan sin red, también se pueden vencer, porque no son un fenómeno natural sino el resultado de decisiones, y lo que se decide se puede deshacer.

Por eso creo que hay que discutir la idea misma de resistencia, que muchas veces escuchamos como sinónimo de derrota, como lo que se hace cuando ya se perdió. En la historia argentina fue siempre lo contrario. La resistencia fue la forma que tomó la victoria antes de llegar. Resistieron los trabajadores en el 45, el peronismo proscripto en el 55, resistieron las Madres dando vueltas a la Plaza, resistieron los desocupados de los 90 y los que en 2001 volvieron a juntarse cuando todo estaba roto. Ninguna de esas resistencias fue un final; todas fueron una antesala. Resistir hoy es parte del camino para volver a vivir en una Argentina donde el esfuerzo esté puesto en incluir y no en excluir. Y vale la pena decir qué entendemos por ganar, porque una victoria sin contenido es apenas un resultado. Ganar es que la gente vuelva a poder definir su propia vida, a proyectar un futuro que no se termine el día treinta, a imaginar algo para sí y para los suyos sin pedirle permiso a nadie.

Lo que no podemos permitir es que nos gane la desesperanza, porque la desesperanza es exactamente el combustible de este modelo. Un pueblo sin esperanza no se organiza, no marcha, no recuerda. Y lo que no podemos permitir, sobre todo, es que nuestros pibes se acostumbren. Que la amiga de mi hija piense que lo de ayer es lo normal, el precio razonable de pedir algo. Mi tarea como madre y como militante es la misma: que ese miedo no se convierta en resignación sino en memoria, y que la memoria se convierta en organización. El depredador sangra. Lo vimos ayer, en la calle. Ahora hay que animarse a creerlo.

"Cultura menemista": los años 90 y la complicidad de los intelectuales

 

Libro Cultura menemista
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    El último libro de Margarita Martinez: Cultura menemista. Buenos Aires en los noventa (Fondo de Cultura Económica), se desarrolla desde dos tesis fuertes. La tesis menor pretende constatar la continuidad cultural que existe entre el antes y el después de la crisis del 2001, negada por el imaginario posterior. La tesis mayor denuncia la complicidad de los “intelectuales” con respecto a la globalización forzosa que se nos impuso, con sus disfrutes, aberraciones e injusticias, todo entremezclado.

    Hace años que vengo creyendo que todavía vivimos bajo el “encanto” de los años 90, aunque todos nos hayamos quedado afónicos de escribir contra lo nefasto de esa era, la liquidación impune del Estado y la creación de proyectos barriales privilegiados, como Palermo o Puerto Madero, a los que Martínez les dedica muchas páginas sabrosas.

    Años en los que se inventó un deseo virósico, el deseo de consumir que nivelaba para bajo el juicio frente a cualquier mercancía que se ofertase, sea obra de arte o souvenirs —objetos que terminaron de hecho confundiéndose.

    Lo que Martínez demuestra es que intelectuales de muy variado tipo, los que escribían en los suplementos del diario Clarín, los que escribían en los suplementos del diario Página/12, compartían prejuicios y objetivos. Y que no estaban lejos de los objetivos del gobierno.

    En la perspectiva de Margarita, los medios hegemónicos de la clase media y del progresismo ilustrado no solo acompañaron esa postmodernización forzada a la que fueron sometidas la por entonces Capital Federal y su población. Los medios culturales fueron también actores pedagógicos fundamentales en esta transformación: “era necesario que el público masivo fuera “educado” en el sentido de nuevos valores estéticos”.

    Hasta acá, todo bien. Ahora, Martínez da un paso más, pues algo que es usual entre los denunciadores de siempre, escatimar nombres, acá no sucede, y así como deschava a personajes como Sergio de Loos, que escribía artículos anónimos en los que él mismo recomendaba sus propias marcas y sus fiestas (y no era el único en hacerlo), también sostiene que, entre varios otros, el fashion “Alan Pauls, asiduo entrevistado y colaborador del suplemento, promocionaba sin pudor las actividades de su por entonces esposa, Vivi Tellas”. ¡Qué pedagogía! Qué futuro el que deparaba ese pasado reciente.

    Mientras se denuncia la pauperización general, se festeja la miseria, el desecho y la basura como elementos artísticos, desde Belleza y Felicidad hasta Eloísa Cartonera. Duro… como la realidad.

    La tesis mayor denuncia la complicidad de los “intelectuales” con respecto a la globalización forzosa que se nos impuso, con sus disfrutes, aberraciones e injusticias, todo entremezclado.

    En el mismo suplemento donde se aborrece la globalización y el “remate” del Estado, se anuncian locales de comidas exóticas e instituciones privadas que vendrán a solventar aquellas prácticas o espacios que el Estado abandona, desde la Fundación Antorchas hasta el Club del Vino de “Cacho” Vázquez.

    Es cierto que en algunas páginas pareciera que no hay matices entre los denunciados, como si fuera lo mismo un modisto chatarrero que un poeta deconstruido: todos culpables. Y pensándolo bien, desde cierta perspectiva, tal vez no los haya.

    Lo que parece perturbar a Martínez, lo que en una de esas debería perturbarnos a muchos, es el silencio y la amnesia que caracterizan a una clase social, la clase culturalmente hegemónica, la clase media porteña, que sobrevive lo más campante mientras los decorados entre los que ella disfruta se vienen abajo. También su sociedad se derrumba. Y parte de ella misma. La “fiesta” va cambiando de forma mientras se reproduce, hasta que le llega la hora de pagar. Todo se paga, se compra y se vende en esta sociedad in.

    Siempre imaginé a Margarita Martínez como una intelectual prusiana a la que no se le escapa ningún error, que con su ojo certero revela los dobleces y (auto) engaños de cualquier discurso. No es a la década del noventa a lo que se juzga acá, sino a sus ideólogos —que muchas veces se camuflaban de enemigos.

    Es bueno saber que siempre está la posibilidad en un futuro desvencijado de que un/a archivista devele los auto-engaños con los que los intelectuales de la clase media nos justificamos nuestros deseos e injusticias.

    Ojalá que de ahora en más nadie duerma tranquilo sabiendo que la historia es menos complaciente con nosotros que nosotros mismos, y que espera ahí para juzgarnos. 

    El oscuro camino del oro


    1023 millones que no fueron a rutas, jubilados ni universidades

    En medio de la timba financiera, el gobierno perdió un billón y 
    medio de pesos mientras sigue privando de fondos a las 
    universidades, a la ley de discapacidad, a las rutas y 
    a los jubilados. Estrategias que el ministro estrella no aplica 
    a su patrimonio, que subió casi el 65 % en un año.


    Por Claudia Rafael

    (APe).- Mientras goza entre despidos, incumplimientos y recortes, sin dar una sola explicación, el gobierno perdió un billón y medio de pesos que equivalen a los 1023 millones de dólares que pagó como un seguro para proteger el valor de las reservas de oro que mandó sigilosamente a Londres pero que nadie sabe muy bien dónde están. Las estrategias financieras del ministro de Economía no parecen elucubrarse con la misma inteligencia si se trata de los fondos de los argentinos o de sus propios bolsillos. Su patrimonio personal no sólo no descendió sino que creció en un 64,6 % entre 2024 y 2025 entre bienes, depósitos y dinero contante y sonante.

    Con el desparpajo de la burguesía reconcentrada, el 19 de julio de 2024 –entre el segundo y el tercer envío fantasma de lingotes de oro al exterior- Luis Toto Caputo declaraba desde arriba de los pedestales a los que acostumbra que “es una movida muy positiva del Central. Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno. Y la realidad es que el país necesita maximizar los retornos de sus activos. Tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada para el país es negativo. Es mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo”.

    Nadie erraría mínimamente si caracterizara todo como una timba financiera. Un billón y medio de pesos se perdió en una jugada que podría derivar en pedidos de embargo de la totalidad del oro (12,7 toneladas). Algo así como el 60 % de lo que el gobierno debe a las universidades públicas por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

    Si el monto del billón y medio perdido en la apuesta del oro se comparara con el bono de 70.000 pesos que reciben los jubilados de la mínima los resultados serían desoladores. Las cuentas son simples: $ 70.000 multiplicado por los 2 millones 890 mil jubilados de la mínima representan $ 202.300.000.000. Si el billón y medio de pesos jugados en el bingo internacional se dividiera por esa misma cantidad de jubilados el bono ascendería a $ 519.000.

    O si se aplicara a solventar la deuda de la Ley de Emergencia en Discapacidad en Argentina (Ley 27.793) que -según la Oficina de Presupuesto del Congreso- oscila entre $2,4 billones y $4,3 billones de pesos se cubriría entre el 62,5 y el 34,88 %.

    La imaginación popular podría ubicar ese billón y medio de pesos dilapidados por una elite reconcentrada y avalada por la inacción política de las marionetas del gobierno en múltiples inversiones imprescindibles para la vida. Por caso, representa bastante más del doble de lo que en 2026 dispone la Dirección Nacional de Vialidad para el gasto de reparación de rutas. Ese presupuesto, de apenas 563.000 millones, es el más bajo desde al menos 1995, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Para un mapa vial en el que la misma entidad registró que 6 de cada 10 kilómetros están en estado malo o regular. Evidentemente no importa a quienes deciden esos montos y se juegan un billón y medio a la timba financiera que más de 4000 personas hayan perdido la vida en 3255 accidentes fatales ruteros en 2025.

    La dupla simbiótica –en definición del propio presidente, en relación a su vínculo con Caputo- se jacta de ser leones del mundo de las finanzas mientras se burlan de los casi 20 millones de argentinos endeudados (58,7 % de la población adulta) –con un saldo deudor promedio de $ 4 millones 700 mil- por carecer de “educación financiera”, porque “nadie les puso una pistola en la cabeza” o bien porque compraron televisores para ver el mundial que luego decidieron no pagar.

    En el país de las inequidades, donde un trabajador de carne y hueso, común y corriente, de esos que transpiran cada minuto de un esfuerzo que nunca le pagan, comete un error en las cuentas termina despedido o preso; mientras si los señores ministros, presidentes y toda la cohorte gobernante hacen desaparecer 1023 millones de dólares, no hay culpables de corrupción o de evidente desvío de fondos para sus bolsillos sino esforzados patriotas que no hacen otra cosa que luchar por el bienestar de una nación castigada. 

    Inhumano, bárbaro, tortuoso

     

    Christa Pike sobrevive a dos ejecuciones fallidas en Tennessee

    Protesta contra la pena de muerte frente al Capitolio de Tennessee, en Nashville.

     

    La fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee la noche del miércoles fue recibida con repugnancia e indignación por los opositores a la pena de muerte, quienes han argumentado durante mucho tiempo que no solo el asesinato por parte del Estado es moralmente incorrecto, sino que la incapacidad del gobierno para llevar a cabo tales castigos de manera humana ha demostrado una y otra vez resultar en horribles violaciones de los derechos humanos y escenas bárbaras de crueldad dentro de los muros de las prisiones del país.

    Pike, condenada a muerte en Tennessee por el asesinato en 1995 de Colleen Slemmer, de 19 años, sobrevivió a dos inyecciones de pentobarbital que de otro modo habrían sido letales, mientras estaba sujeta a una camilla por funcionarios de la prisión en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville.

    “Esta noche, el estado de Tennessee volvió a fallar en llevar a cabo una ejecución legal”, dijeron los abogados de Pike —Randy Spivey y Kelly Gleason, de la Oficina del Defensor Público de Tennessee para la Revisión de Casos Post-Condena, y Stephen Ferrell y Luke Ihnen, de los Servicios de Defensoría Pública Federal del Este de Tennessee— en un comunicado emitido a última hora del miércoles.

    “No nos complace tener razón, pero las preocupaciones planteadas por la señora Pike resultaron ser ciertas: dificultad para acceder a las venas, venas reventadas, pentobarbital degradado, falta de atención médica de emergencia disponible cuando inevitablemente surgen complicaciones, todo bajo un protocolo que permanece envuelto en el secretismo. Christa está siendo tratada en un hospital cercano. No hemos sido informados sobre su estado”, continuó su abogado.

    El equipo legal de Pike afirmó que ella permaneció con vida después de dos inyecciones letales, y que los testigos informaron que, tras la primera dosis, Pike levantó la cabeza para hablar con quienes le administraron el fármaco y cayó en un sueño profundo, pero que después de la segunda seguía con vida y roncando audiblemente.

    “Este suceso es el peor que hemos visto y no se parece a ninguna otra ejecución fallida de la era moderna”, declaró Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. “No existe precedente”.

    Fue la segunda ejecución fallida en Tennessee este año, informa The New York Times. Según el periódico:

     

    El aparente fracaso se produjo después de que fallos judiciales contradictorios retrasaran la ejecución de Pike unas nueve horas. El estado se apresuró a llevarla a cabo antes de que terminara el día y evitar así tener que reprogramarla.

    En dos documentos legales de urgencia, los abogados de la señora Pike afirmaron que, si bien se le habían administrado dos jeringas de pentobarbital, la droga letal, no había perdido el conocimiento. Según ellos, aún tenía pulso y roncaba audiblemente.

     

    La ejecución de Pike, quien según los registros judiciales fue víctima de abusos generalizados durante toda su infancia y tenía solo 18 años cuando cometió el brutal crimen, había sido suspendida a primera hora del miércoles, pero fue restablecida por la Corte Suprema de Estados Unidos más tarde ese mismo día.

    Amnistía Internacional Estados Unidos condenó el trato recibido por Pike y pidió el fin de la pena capital en todo Estados Unidos. “El fallido intento de Tennessee de ejecutar a Christa Pike, atestiguado por sus abogados, demuestra por qué la pena de muerte es, sin duda, el castigo más cruel, inhumano y degradante”, declaró. “Todos los métodos de ejecución son inhumanos e inaceptables. La pena de muerte debe ser abolida en todas partes”.

    Tras la fallida ejecución, el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, anunció que la otra ejecución prevista en el estado para 2026 quedaría en suspenso y ordenó “una revisión exhaustiva por parte de un tercero para determinar exactamente qué ocurrió” en el caso de Pike.

    Según la defensora de los derechos humanos Evad HaAm, Pike “sobrevivió a un intento de inyección letal. Eso no es una suspensión de la ejecución. Es una ejecución fallida”.

    Si bien se desconoce el estado de salud actual de Pike y sus posibilidades de supervivencia, argumentó que cualquier intento adicional por parte del estado para matarla “violaría la prohibición de la Octava Enmienda sobre castigos crueles e inusuales”.

     

     

     

    * Publicado por Common Dreams.

    La entrega de los medios

     


    Radio y televisión para los trolls

     

    El 14 de agosto de 2026, el gobierno porteño adjudicó el Canal de la Ciudad por cinco años a CALE GROUP MEDIA S.A., la empresa de Augusto Marini que controla los canales de streaming Blender y Carajo. La adjudicataria nació en 2022 como un call center llamado MULTIST S.A. y en marzo de 2026 declaró cuatro empleados en nómina. El traspaso del canal está previsto para fines de octubre.

    La operación avanza en paralelo con la licitación de las radios AM 1110 y FM 92.7 La 2x4. En los medios públicos Jorge Macri aplica el mismo método que ya usó con la tierra urbana y los espacios verdes, y que describimos en este medio hace unas semanas. El Ejecutivo esquiva a la Legislatura y la audiencia pública que exige la Constitución de 1996. Los contratos que diseña terminan con el Estado financiando al concesionario.

    El 9 de octubre el juez Martín Furchi, del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario 16, rechazó la medida cautelar que el Observatorio del Derecho a la Ciudad había pedido en un amparo colectivo. Antes, el gobierno tuvo que acompañar al expediente judicial las más de 3.000 páginas de la licitación. En esa documentación consta que la adjudicataria incumple el índice de liquidez que el pliego declara obligatorio. Consta también que acreditó sus antecedentes con contratos firmados con su propio presidente y que armó un plan de negocios que depende de venderle coproducciones al propio gobierno porteño.

     

     

    Una privatización por resolución y contra la Constitución

    El trámite empezó el 20 de febrero de 2026 con una nota de dos páginas del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. La nota invocó "la conveniencia de reforzar el uso adecuado de los medios públicos, asegurando su sostenibilidad económica y operativa" y la posibilidad de "transferir al concesionario los riesgos propios de la inversión y la gestión". Con ese único papel como fundamento, el 16 de marzo la Resolución Conjunta 7/MJGGC/26 aprobó los pliegos por cinco años. El canon base quedó en 10.753.750 pesos mensuales para el canal y en 1.229.000 pesos para las dos radios.

    En el expediente inicial se advierte la carencia de un estudio técnico o económico sobre los estudios, los transmisores, las licencias y el archivo histórico que se entregan.

    El artículo 47 de la Constitución porteña manda gestionar los medios estatales "mediante un ente autárquico", con representantes de la Legislatura y participación de las entidades de la cultura y la comunicación. Los convencionales de 1996 lo escribieron para evitar la privatización de la entonces Radio Municipal y para distinguir un medio del gobierno de turno de un medio público al servicio de la sociedad. Durante 30 años los gobiernos porteños incumplieron ese mandato y nunca crearon el ente.

    La gestión actual aprovechó esa omisión. Trató al canal y a las radios como activos transferibles por resolución ministerial, sin ley ni la audiencia pública que el artículo 63 exige ante cualquier modificación del uso de bienes públicos. En las 3.000 páginas del trámite, el artículo 47 aparece transcripto una sola vez, en un dictamen de la Procuración General que lo copia y sigue adelante.

    Hasta el ENACOM intervenido por el gobierno de Javier Milei advirtió sobre la ilegalidad. El 10 de abril de 2026, el interventor Juan Ozores le recordó al jefe de Gobierno que el artículo 44 de la Ley 26.522 obliga al titular de una licencia a explotarla por sí mismo. Le advirtió que "de persistir con el proceso licitatorio", el organismo "se verá obligado a iniciar el correspondiente proceso sancionatorio". El Ejecutivo porteño ni siquiera agregó esa nota al expediente. Recién en el pliego de las radios, armado en agosto, agregó una cláusula que niega que el gerenciamiento configure "ninguno de los supuestos prohibidos por el artículo 44 de la Ley 26.522". Para el canal, ya adjudicado, no escribió nada parecido.

     

     

    Cuatro meses de demora judicial para llegar al hecho consumado

    El Observatorio promovió el amparo el 20 de abril de 2026, antes de la apertura de los sobres. Pidió la nulidad de los pliegos y una medida cautelar para frenar la licitación. El reclamo de fondo era la omisión del ente autárquico que la Constitución exige desde 1996.

    El juez Furchi asumió la competencia el 24 de abril y corrió traslado de la cautelar. El gobierno contestó el 6 de mayo. Sostuvo que se trataba de un "gerenciamiento operativo" y que el Estado conservaba "el control de los contenidos". Ese mismo día, con la cautelar lista para resolver y a seis días de la apertura de las ofertas, el juzgado mandó la causa por conexidad al fuero federal, por su vinculación con otro expediente que tramita allí.

    El conflicto de competencia paralizó el amparo durante cuatro meses. Mientras tanto el Ejecutivo abrió los sobres el 12 de mayo y adjudicó el canal el 14 de agosto. La Sala IV de la Cámara porteña revocó la remisión el 1 de septiembre y devolvió la causa al juzgado.

    De regreso en el juzgado, el 6 de octubre la fiscal Marcela Monti aconsejó rechazar la cautelar. Sostuvo que de los pliegos surge que "el gobierno local retendría potestades de control y participación respecto de los contenidos" y que la adjudicación de agosto había creado una situación jurídica a favor de un tercero ajeno al juicio. El 9 de octubre el juez rechazó la medida con una remisión al dictamen "en honor a la brevedad". El Observatorio apeló el rechazo de la medida cautelar ante la Sala IV.

     

     

    De un call center de cuatro empleados al canal público

    En la apertura del 12 de mayo compitieron dos firmas. ARGENTINOS MEDIA S.A. ofreció 15 millones de pesos mensuales y CALE GROUP MEDIA S.A. ofreció 50 millones.

    Los estatutos y balances agregados al expediente cuentan la historia de la ganadora. Nació el 16 de febrero de 2022 como MULTIST S.A., con un capital de 300.000 pesos aportado por Augusto Marini, nacido en 1995, y por Tomás Galán. Su objeto social era el "soporte telefónico a través de centros de llamadas, call center, contact center" y los servicios de "telemercadeo, televentas" y "cobranzas". En abril de 2023 asumió la presidencia Diego Sebastián Abatecola, el creador de Blender. El 21 de mayo de 2025, la sociedad pasó a llamarse CALE GROUP MEDIA S.A., controlada en un 95% por Cale Group Holding S.A. y en un 5% por Marini.

    Marini es un empresario con vínculos con la familia Rovira que entró al negocio ferroviario en 2023 y recibió contrataciones directas durante la emergencia ferroviaria nacional. A través de CALE GROUP MEDIA S.A. controla Blender Media S.A., la señal donde se destaca Tomás Rebord, y Carajo S.A., lanzada en 2024 con el lema "El único medio no zurdo de la Argentina". En Carajo tiene el 35% de las acciones Daniel Parisini, el Gordo Dan, referente de Las Fuerzas del Cielo.

    Los balances de la empresa muestran su tamaño real. En 2024 perdió 492 millones de pesos y terminó el año con un patrimonio neto negativo de 309 millones, es decir, con más deudas que bienes. Sus declaraciones previsionales registran dos empleados en marzo de 2025 y cuatro en marzo de 2026, dos meses antes de presentarse a la licitación.

    El balance 2025 cuenta otra historia. Lo firmó el 20 de marzo de 2026, cuatro días después de que el gobierno aprobara los pliegos. Allí la empresa declara ingresos por 4.246 millones de pesos, cuatro veces los del año anterior, y una ganancia de 1.175 millones. El cuadro de resultados no registra costo alguno por los servicios prestados, como si esos 4.246 millones se hubieran facturado sin gastar un peso en producirlos. En el mismo año aparecen por primera vez bienes intangibles por 647 millones y aportes de capital por 398 millones. Con esos números, el patrimonio pasó de negativo a positivo en 12 meses. Nada en el expediente explica qué vendió la empresa para multiplicar por cuatro su facturación con cuatro empleados.

     

     

    Un pliego incumplido y contratos firmados consigo misma

    El pliego fijó seis índices financieros y le dio a uno de ellos carácter eliminatorio. Sobre la liquidez dispuso que "será obligatorio que dicho índice sea > 1,10" y que, "en caso de no cumplir, y tener puntaje cero (0) en dicho índice, su oferta será inadmisible". El índice mide cuántos pesos tiene una empresa para cobrar o en caja dentro del año por cada peso que debe pagar en ese mismo plazo, y se promedia sobre tres ejercicios y un balance de corte.

    CALE GROUP MEDIA S.A. nunca llegó a los 110 pesos por cada 100 de deuda. Su balance 2024 había informado un índice de 4,37 porque clasificó 1.473 millones de pesos de "Otras cargas" como deuda a pagar después del año. El balance 2025 corrigió esa clasificación. En su nota 1.1.c) pasó 1.974 millones de deudas con partes relacionadas al pasivo corriente, y con esa corrección el índice de 2024 baja a 0,70. La memoria 2025 declara una "Liquidez corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente): 0,86" y la certificación al 31 de marzo de 2026 informa 0,94. El promedio con las cifras corregidas por la propia empresa es 0,91. La oferta era inadmisible. El 29 de julio la Comisión de Evaluación le anotó "cumple" sin consignar ningún cálculo.

    La recuperación del balance de 2025 no cambió ese cuadro. El patrimonio creció con bienes que no se convierten en efectivo dentro del año, intangibles, participaciones en otras sociedades y equipos por 1.517 millones de pesos, mientras que casi toda la deuda, 1.658 de 1.776 millones, vence dentro del año. El pliego exigía el índice de liquidez justamente para detectar esa situación.

    Para acreditar "antecedentes empresariales" la firma presentó contratos de asesoramiento fechados el 1 de abril de 2026, con texto idéntico y sin honorarios. En ellos el apoderado Rodrigo González contrató en nombre de CALE GROUP MEDIA S.A. a su propio presidente, Augusto Marini, a su director suplente, Enrique Saraví O'Keefe, y a su responsable de recursos humanos, María Florencia Blanco Viera. Con esos papeles obtuvo seis de los diez puntos del rubro. La única declaración jurada de intereses de la oferta es un formulario para proveedores del Grupo Aerolíneas Argentinas, en blanco y sin firma.

    El pliego exigía que el compromiso de financiación de un tercero tuviera "firma certificada por escribano público, el monto, plazo y la tasa de interés" y que se acreditara la solvencia del financista. CALE GROUP MEDIA S.A. presentó una carta simple de Cale Group Holding S.A., firmada por Marini, que carece de certificación notarial y no indica plazo ni tasa. El holding no tiene personal en relación de dependencia y cerró su último ejercicio con una pérdida consolidada de 5.659 millones de pesos. La Comisión descalificó en su primer dictamen a ARGENTINOS MEDIA S.A. por ese mismo requisito notarial, entre otros. A la ganadora le aceptó la carta.

     

     

    El negocio de pagar el canon con plata de la Ciudad

    El gobierno porteño presenta como un éxito el canon de 50 millones de pesos por mes, 600 millones por año y 3.000 millones en cinco años. El artículo 3 del pliego congela ese monto en pesos, sin ajuste por inflación. La propia oferta ganadora explica de dónde va a salir el dinero.

    El canon base surgió de una carta de una carilla del Banco Ciudad, fechada el 4 de febrero de 2026, que remite a una "simulación financiera" de la consultora First Corporate Finance Advisors S.A. sobre los ingresos publicitarios del canal. El papel no tasó licencias, estudios, equipos ni archivo, y estimó que el canal puede generar una ganancia operativa promedio de 318.182 dólares por año. CALE GROUP MEDIA S.A. ofreció un canon equivalente a 488.202 dólares anuales, más que toda la ganancia que el Banco Ciudad le atribuye al negocio.

    La explicación es que la empresa proyecta facturar con el canal 32.715 millones de pesos en cinco años, de modo que el canon de 3.000 millones representa el 9,17% de lo que espera recaudar. La mitad de esos ingresos vendría de la publicidad, un 10% de la monetización digital y el 40% restante, unos 13.086 millones de pesos, de "coproducciones". El plan de trabajo aclara qué hay detrás de esa palabra. Enumera los "espacios institucionales del GCBA (hasta el 30% de la programación semanal)" y las "coproducciones con marcas, instituciones y organismos públicos y privados".

    Los 13.086 millones proyectados por coproducciones cuadruplican el canon. El gobierno porteño entregará la señal, el estudio de Guardia Vieja 3334 y los equipos para cobrar 600 millones de pesos por año por una ventanilla, y por la otra le pagará al concesionario pauta y producciones oficiales. El negocio sólo funciona si el Estado le compra contenidos a la empresa a la que le entregó el canal.

     

     

    La Circular 3, la línea editorial y 150 trabajadores en el aire

    En el juicio, el gobierno afirmó que la adjudicataria asume "exclusivamente tareas técnicas y operativas" y que el Estado mantiene "el control de los contenidos". La fiscalía tomó esa afirmación por cierta. Hay un documento del propio gobierno que la desmiente.

    El 7 de mayo de 2026, al día siguiente de contestar el traslado de la cautelar, el secretario de Medios firmó la Circular Aclaratoria con Consulta 3, publicada en el Boletín Oficial 7362. Respondía a una pregunta de CALE GROUP MEDIA S.A. Allí estableció que "el adjudicatario contará con plena libertad y autonomía para la toma de decisiones sobre la grilla, la línea editorial y la operación diaria del canal" y que "el día a día de la señal y su identidad creativa quedan bajo la órbita exclusiva del adjudicatario".

    Con esa franquicia editorial, el grupo que comparte dueños con Carajo propuso cuatro noticieros diarios sobre la agenda política nacional, un ciclo de "humor y sátira" sobre los medios y un bloque de análisis político. La empresa anunció que a fines de octubre la programación arrancará "de cero". El pliego pone al personal a cargo exclusivo del concesionario; la oferta prevé contratar 24 personas y en las 3.000 páginas del trámite no hay una cláusula que resguarde los puestos de los 150 trabajadores actuales del canal.

     

     

    Dos radios históricas a 1.000 dólares por mes

    El desguace se completa con la AM 1110 Radio de la Ciudad y la FM 92.7 La 2x4, que la Ley 228 dedica al tango y a la música popular argentina. Como el primer llamado quedó desierto, el 31 de agosto el Ejecutivo abrió un segundo proceso con un canon base de 1.530.000 pesos mensuales por emisora, equivalentes a 1.000 dólares al tipo de cambio del pliego. La valuación es la misma carilla del Banco Ciudad del 4 de febrero, reimportada al nuevo expediente.

    Por ese precio el pliego entrega las licencias, los estudios, la discoteca histórica de La 2x4 y cuatro transmisores de alta potencia. El 28 de septiembre se abrieron las ofertas de Green Umbrella Producciones S.A.S., Rodolfo Héctor Herrera y Kligger S.R.L. La mejor fue de 2.500.000 pesos mensuales por emisora.

    A 30 años de la Constitución porteña, la entrega del canal y de las radios públicas junta el modelo de negocios del PRO con el aparato comunicacional libertario. Donde el artículo 47 ordenó un ente autárquico con control legislativo y participación de la cultura, Jorge Macri entrega por resolución la pantalla pública y una caja de coproducciones estatales a una sociedad que incumple el pliego.

    La apelación del Observatorio está en la Sala IV de la Cámara con el expediente completo a la vista. El acta de inicio de la concesión está prevista para fines de octubre. Si la Cámara no resuelve antes, el canal cambiará de manos con el amparo todavía abierto y con una empresa programando la voz pública de Buenos Aires.