Estados Unidos: opresión y genocidio reescritos como historia de la libertad
Momentos antes de iniciarse el acto en conmemoración del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, periodistas consultaron al embajador Peter Lamelas si el Presidente Javier Milei iba a asistir a la embajada y si hablaría. Lamelas respondió que estaba asegurada la presencia pero no que hablara, porque lo importante era que Milei lo escuchara a él. La inédita asistencia presidencial y la arrogante respuesta de Lamelas expresan el vergonzoso estado de sumisión nacional en el que ha sido situada la Argentina desde el 10 de diciembre de 2023, orgullosamente exhibido por los vasallos.
Deficientemente conocido y suficientemente distorsionado, el proceso de independencia ha implicado e implica el sometimiento liso y llano de hombres y mujeres tanto en el interior como en el exterior de Estados Unidos, particularmente en Nuestra América: el mito de la libertad estadounidense, repetido allá por historiadores chovinistas, políticos, miembros de corporaciones y grandes medios de comunicación, y acá por oligarquías, políticos, académicos y medios cipayos, se basa en obviar toda referencia a la esclavitud, al despojo y la supremacía blanca sobre los que se construyó y se sostiene la república/imperio: a 250 años de la independencia, la mitología hegemónica de la benevolencia / “destino manifiesto” yanqui sigue dominando los discursos políticos.
Si un sudafricano blanco afirmara que la creación en 1910 de la Unión Sudafricana –una institución colonial de supremacía blanca– fue el primer paso para lograr que un siglo después Sudáfrica fuera inclusiva con los negros, se enfrentaría cuanto menos al ridículo. A los estadounidenses, en cambio, se les inculca desde que nacen que Estados Unidos es el gran protector del mundo.
El chovinismo que se alimenta del mito es una ideología con fuerte incidencia en Estados Unidos. La celebración de la independencia fue una ocasión más para expresarlo y reescribir la sórdida historia de opresión y genocidio del país como una historia de libertad. El Presidente Donald Trump, héroe de los supremacistas blancos y de los conservadores, declaró que “con una sola hoja de pergamino y 56 firmas, Estados Unidos inició el mayor viaje político de la historia de la humanidad”. Puro estilo Milei. El ex Presidente Barack Obama, orgullo de los liberales blancos estadounidenses, coincide con entusiasmo: “Dado que estamos a pocas semanas del 250º aniversario de Estados Unidos, vale la pena recordar cuán radical era realmente la idea del autogobierno allá por 1776”, y agrega que “todos somos creados iguales, dotados por nuestro creador de ciertos derechos inalienables”, sin mencionar los padecimientos de sus ascendientes.
Es importante recordar que los nazis celebraron esa independencia como precursora de su propio régimen: el historiador alemán Albrecht Wirth (1886-1936) escribió en su Volkisch World History (Historia Mundial Popular), dirigida a lectores nazis, que “el acontecimiento más importante en la historia de los Estados del segundo milenio –hasta la Primera Guerra Mundial– fue la fundación de los Estados Unidos de América”, y aseguró que “la lucha de los arios por la dominación mundial recibió así su mayor respaldo”. Por su parte, el profesor titular de Derecho Comparado y Extranjero en la universidad de Yale, James Whitman, muestra en El modelo estadounidense de Hitler que el régimen de opresión racial norteamericano inspiró las Leyes de Nuremberg. El mismísimo Adolf Hitler se inspiró en su Guerra del Este –Ostkrieg en alemán– en las Indian Wars –guerras contra los pueblos indígenas– norteamericanas: se refería a los pueblos eslavos de Europa del Este –en particular a los rusos– como los “pieles rojas”. Para quienes deseen abundar, aquí tiene más elementos.
Revolucionarios esclavistas
Antes de la independencia, el desencanto de los colonos blancos con la Corona británica había ido en aumento, lo mismo que la concentración de riqueza en manos de los capitalistas ingleses que competían con ellos. En un contexto en el que las ganancias dependían de la expropiación de tierras indígenas y del trabajo esclavo, la Proclamación Real de 1763 emitida por Jorge III de Gran Bretaña –que prohibía asentarse en tierras al oeste de los Apalaches– exacerbó las tensiones; además, los impuestos establecidos por las leyes del Azúcar y de la Moneda (1764) y la Ley del Timbre (1765) redujeron aún más las ganancias de los colonos en beneficio de la Corona.
El fallo judicial antiesclavista de 1772 en Londres por el caso James Somerset, un esclavo comprado en Virginia que fue puesto en libertad, enfureció a los colonos blancos propietarios de esclavos en las 13 colonias norteamericanas y aceleró su alzamiento antibritánico. La Proclamación de Dunmore –antiesclavista– de 1775 en Virginia fue la culminación de este proceso: una progresión histórica del abolicionismo que convirtió la búsqueda de la independencia en una “contrarrevolución de la esclavitud”, según el historiador Gerald Horne. Firmes en sus convicciones esclavistas, los colonos blancos rebeldes, instados por el “padre fundador” James Madison, establecieron en su Constitución de los Estados Unidos de 1788 (artículo IV, sección 2, Cláusula 3) que los esclavos fugitivos que se habían unido a los británicos debían ser “entregados” a sus dueños estadounidenses.
Ante la amenaza de despojo, la mayoría de los nativos americanos había optado por luchar junto a los ingleses durante la Guerra de la Independencia, convencidos de que una victoria de los colonos racistas les ocasionaría una devastación aún mayor. Tanto los independentistas como la Corona británica habían prometido la libertad a los negros esclavizados si se unían a sus respectivos ejércitos.
La libertad de los colonos
La incitación inglesa a las personas negras esclavizadas a rebelarse contra los colonos que buscaban la independencia –lo que horrorizó a otro padre fundador, Thomas Paine– fue denunciada en la Declaración de Independencia, en la que se afirma que el Rey “ha incitado insurrecciones internas contra nosotros”. El historiador Tyler Stovall, que fue presidente de la Asociación Histórica Estadounidense (AHA), llegó a la conclusión de que “la guerra estadounidense por la libertad se convirtió también en una guerra por la esclavitud” y de que “la Revolución Americana fue una guerra librada por el derecho a esclavizar a otros en nombre de la libertad”. Las guerras “por la seguridad de Estados Unidos” en el presente también se hacen en nombre de la “libertad”.
Para Paine, los enemigos de la independencia eran los enemigos de los colonos blancos: “Hay miles, decenas de miles, que considerarían glorioso expulsar del continente a ese poder bárbaro e infernal que ha incitado a los indios y a los negros a destruirnos. Esta crueldad tiene una doble culpa: brutalidad por nuestra parte y traición por la suya”. Los esclavos negros constituían el 20% de la población de 2,5 millones de habitantes de Estados Unidos en el momento de la independencia.
En 1783, Estados Unidos promulgó la Ordenanza del Noroeste, abriendo las tierras ubicadas al norte del río Ohio y los Grandes Lagos al asentamiento colonial blanco. El historiador Jeffrey Ostler considera que la Ordenanza marca el inicio de las políticas genocidas oficiales de Estados Unidos contra los nativos americanos, y señala que su artículo 3 que los indios no serán “invadidos ni perturbados” excepto en “guerras justas y legales autorizadas por el Congreso”. A juzgar por los hechos, hoy la Ordenanza alcanza al planeta entero.
La resistencia indígena a ese robo de tierras sirvió de pretexto para las campañas en el Territorio del Noroeste entre 1787 y 1832. Según un informe de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB), el genocidio de 1832 fue “una consecuencia intencional de una política que se había codificado en la ciudad de Nueva York 45 años antes”. Esto allanó el camino para la Ley de Remoción de los Indios de 1830, del Presidente Andrew Jackson.
Para comprender este proceso hay que remontarse a la idea cristiana de la singularidad “anglosajona”, un término racializado que se aplicaba a los colonos blancos, quienes creían ser descendientes de tribus teutónicas. La supuesta superioridad blanca era la justificación para la expansión territorial y el sometimiento de las “razas inferiores”, y fue el núcleo del proyecto popularizado a mediados del siglo XIX como del “Destino Manifiesto”: la versión protestante del “Pueblo Elegido”.
Embustes actualizados
La denigrante visita de Milei a la embajada se produjo en el contexto de la realización en Buenos Aires de la cumbre regional de los Acuerdos de Isaac. La reunión constituyó el primer paso hacia la institucionalización en la región de una estrategia geopolítica impulsada por organizaciones del sionismo internacional en articulación con Israel y Estados Unidos. Los Acuerdos de Isaac han sido presentados por sus promotores como la expresión latinoamericana de los Acuerdos de Abraham, que proponen construir una estructura permanente de legislación, cooperación tecnológica, seguridad e integración económica destinada a acompañar la expansión de esa arquitectura sobre la región: otro estatuto legal del coloniaje, esta vez a escala regional. Stafford Fitzgerald Fitz Haney, presidente de American Friends of Isaac Accords, sintetizó el método de expansión del proyecto cuando afirmó que la seguridad de Israel y su posición internacional se construyen “relación por relación, ley por ley, amistad por amistad”: se sustituye la diplomacia por la producción de legalidad. Por su parte, Milei sostuvo que “no alcanza con admirar a Israel”, que la Argentina está dispuesta a convertirse en “la punta de lanza de la defensa de Occidente en América latina”, y advirtió que el gobierno argentino asumía la responsabilidad de conducir regionalmente la lucha contra el “terrorismo y el antisemitismo”; dicho en tiempos de la ya famosa Doctrina Donroe, en los que la administración Trump ha configurado una estrategia basada en la fuerza militar y la intimidación política bajo la gastada instrumentación del “narcoterrorismo”, para controlar geopolítica y económicamente lo que considera su área de influencia imperial exclusiva.
Pero sería un error suponer que en términos operativos y de doctrina nos encontramos ante un calco del añejo “narcoterrorismo”: si bien se conserva la selectividad ideológica del modelo Reagan –el “narcoterrorismo” es siempre de izquierda–, durante el cual el narcotráfico alcanzó el estatus de “amenaza a la seguridad nacional” con la Directiva de Decisión de Seguridad Nacional 221 de 1986, se incorporan factores propios de la globalización al juego de presiones e intimidaciones, como el riesgo de inestabilidad financiera. He aquí la novedad. Si la amenaza del comunismo y/o etiquetar al México de Sheinbaum, al Brasil de Lula o a la Colombia de Petro como gobiernos frontalmente antagónicos a Estados Unidos no son apelaciones creíbles, y menos aún el argumento de que esas coaliciones progresistas han tomado el poder por vías antidemocráticas; entonces el formato para países no alineados que inventa complicidades entre cárteles de la droga y gobiernos con el objetivo de producir el “cambio de régimen” se complementa con un invento reciente: la atribución de la categoría “terroristas” a estas organizaciones criminales. Por ejemplo, en México al cártel de Sinaloa; en Brasil al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC): en mayo pasado ambos fueron designados por Estados Unidos como “Terroristas Globales Especialmente Designados”. Con este cambio de enfoque, oficializado con la Orden Ejecutiva 14.157 firmada por Trump a pocos días de asumir su segundo mandato, los cárteles de narcotráfico se ubican en la misma categoría que Al Qaeda o el Estado Islámico, “capaces de infiltrarse en gobiernos extranjeros, colaborar con fuerzas externas hostiles y ejercer un control cuasi gubernamental”, de acuerdo con el análisis de Edmarverson A. Santos. Estas designaciones ponen en riesgo el sistema financiero brasileño, como sostienen el ministro de Hacienda de Brasil, Darío Durigan, y Mónica de Bolle, del Peterson Institute for International Economics, y lo mismo pasa en el caso de México, con lo que se evidencia la forma en que el “narcoterrorismo” también opera como un instrumento de guerra económica.
En definitiva, ¿qué puede esperarse de un imperio que castigó y castiga impiadosamente a amplios segmentos de su población y agrede a todo pueblo que tenga la osadía de ejercer sus derechos?
La respuesta debe buscarse en las norteamericanísimas tradiciones de violencia económica y racial, y en las viejas y nuevas formas de intervención de Estados Unidos que vulneran la voluntad y soberanía popular y nacional, condiciones de vida e integración de nuestros países; tradiciones activa y penosamente militadas por el Presidente argentino. Aunque, en lo que concierne a los argentinos, el dramático cuadro quedaría incompleto si no agregáramos que el Presidente no está solo: se suman a él gobernadores, legisladores y jueces cuyo tributo a la ignominia se materializa en la sanción, ratificación o acompañamiento de leyes y decisiones de entrega, como el Súper RIGI, la ley de tierras, la ley de precarización laboral, la destrucción del Plan Nuclear Argentino, etc. Es particularmente inaceptable la conducta de peronistas que no sólo han votado o han mandado a votar estas leyes sino que, en tan graves circunstancias, participan del cuestionamiento al único liderazgo popular vigente, sin decir una palabra sobre su proscripción, impulsada y garantizada por el embajador Lamelas según su deposición ante el Senado norteamericano. Sobran evidencias para comprender que un próximo gobierno nacional-popular digno de ese legado no tendrá alternativa: o se opone contundentemente a las injerencias imperiales y al humillante vasallaje cipayo o será contundentemente repudiado.
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