Despidos, ajuste y disputa geopolítica en el sector nuclear argentino
Este martes 30 de junio, el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Martín Porro, abandonó las instalaciones del organismo custodiado por efectivos de Gendarmería nacional luego de concretarse una nueva ola de despidos que afectó a más de sesenta trabajadores y trabajadoras del sector. La imagen del funcionario saliendo del edificio de la CNEA, con ojos asustados, rodeado de escudos y garrotes, que hoy sintetiza el dramático presente que atraviesa el sector nuclear argentino, quedará en los anales de este sector como un momento de los más sombríos.
El gobierno nacional despidió aproximadamente al 20% de la planta de trabajadores contratados de CNEA. Entre los despedidos se encuentran profesionales, técnicos y personal altamente especializado, cuya formación demandó años de inversión pública y experiencia acumulada.
Al respecto, Porro dijo en su red social x: “Sobre un universo de más de 300 contratados, se decidió no renovar 61 agentes que permanecían en la modalidad de ‘plazo fijo'. (...) La medida tiene como objetivo central el crecimiento y la modernización de una estructura organizativa que necesita mayor dinamismo en todos sus proyectos. Cabe aclarar que ningún operador licenciado, investigador ni personal especializado fue desvinculado. Que quede claro, estamos buscando potenciar la CNEA, no disminuirla”.
Sin embargo, el funcionario libertario falta a la verdad. Paula Alderete, técnica del Laboratorio de Microscopía de la Gerencia de Área Energía Nuclear del Centro Atómico Constituyentes, quien en su cuenta de X respondió al presidente de la CNEA: “Yo soy la única operadora del único microscopio electrónico de barrido acreditado en normas ISO 9001 y 17025 del país y aun así decidieron desvincularme. Estás mintiendo. Pero qué se puede esperar de alguien que huye como la rata que es”.
Mientras Porro salía escoltado por Gendarmería, el nuevo vocero presidencial, Javier Ravier, anunciaba jactándose, en su primera conferencia de prensa: “En mayo se redujeron 3.400 puestos adicionales, siendo 71.025 cargos eliminados en el sector público nacional desde 2023. En la CNEA se redujo la estructura un 57,83%”.
Sin lugar a dudas, estos despidos arbitrarios forman parte de un proceso sistemático de desmantelamiento del sector nuclear argentino iniciado el 10 de diciembre de 2023. La CNEA atraviesa una profunda crisis presupuestaria. Como mencionó la diputada Julia Strada, el presupuesto destinado al organismo sufrió una caída cercana al 32,9% respecto de 2023. A su vez, un informe de Defendamos la Ciencia publicó que el organismo ya había perdido 571 trabajadores en la gestión libertaria.
La situación es crítica. Se están desarmando equipos de trabajo hipercalificados que llevaron años de formación y consolidación. Cuando se despide a un trabajador o trabajadora especializada, no solo se pierde un puesto de trabajo, se pierde conocimiento estratégico acumulado por el Estado argentino.
Ilusionismo pseudonuclear libertario
En medio del escándalo provocado por los despidos en la CNEA, el gobierno nacional reflotó el anuncio de la construcción del reactor ACR-300, proyecto que había sido impulsado inicialmente por el ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina eyectado por presunta corrupción, Demian Reidel.
El anuncio no resulta casual. Se produce en medio del tratamiento del proyecto de ley del Super RIGI en la Cámara de Senadores de la Nación, que ya fue aprobado en Diputados. Si bien el proyecto no constituye una inversión vinculada a una industria inexistente o novedosa —condición exigida por el nuevo régimen promocional—, fue presentado bajo esta modalidad, con un desembolso estimado de 1.200 millones de dólares para la construcción de un reactor modular pequeño (SMR), denominado ACR-300, en el complejo nuclear de Atucha. Es decir, el Estado nacional cede las tierras y garantiza las condiciones para el emprendimiento privado.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al CEO de Meitner Energy —empresa con mayoría accionaria de capitales estadounidenses—, Teófilo Lacroze, y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli. Tras el anuncio, Ramos Napoli celebró la propuesta en la red social X afirmando: “Es exactamente el modelo que venimos impulsando: el Estado genera las condiciones y garantiza la previsibilidad, y el sector privado invierte el capital asumiendo el riesgo. Todo esto va en consonancia con los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina que presentamos a finales de mayo”.
Por su parte, Lacroze sostuvo: “Nuestra misión es desarrollar soluciones nucleares limpias, sostenibles y escalables. Hacer eso en la Argentina, aprovechando el ecosistema nuclear argentino y también el contexto macroeconómico, la estabilidad y reglas muy claras de largo plazo aseguradas a través de programas como el RIGI o el proyecto del Super RIGI”.
Vale recordar que la Argentina ya se encontraba desarrollando el CAREM, el primer reactor SMR de diseño íntegramente nacional. Este proyecto representa, probablemente, el hito tecnológico más importante de la Argentina en el siglo XXI. Concebido y desarrollado por la CNEA, el CAREM alcanzaba un avance de obra cercano al 65% cuando el gobierno de Javier Milei decidió paralizarlo. Asimismo, su construcción constituye un objetivo establecido por la Ley 26.566, que declara al proyecto de interés nacional.
Sin embargo, detrás de este discurso orientado a promover la inversión privada subyace un profundo cambio de modelo. Mientras se paraliza un proyecto estratégico de desarrollo nacional como el CAREM, se promueve un reactor cuya patente motivó la creación de Meitner Energy, empresa integrada por Black River —filial estadounidense de INVAP— con una participación accionaria del 40%, y por el grupo estadounidense Ansari, que controla el 60% restante y comprometió una inversión inicial de 50 millones de dólares para el desarrollo del ACR-300.
Mientras, Meitner Energy aprovecha los salarios de pobreza del sector nuclear para succionar profesionales y técnicos y, de esta manera, consolidar el impulso al ACR-300; en los hechos, es la sentencia de muerte del CAREM.
Extranjerización y desindustrialización como guías
El desmantelamiento del sector nuclear argentino no puede comprenderse únicamente desde una lógica de privatización o de avance hacia un modelo de “mercado”. Existe, además, una dimensión geopolítica central para entender el proceso actual.
La creciente alineación del gobierno de Javier Milei con los Estados Unidos constituye uno de los rasgos distintivos de su política exterior. No resulta un dato menor que Milei se haya convertido en el primer Presidente argentino en asistir oficialmente a la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos en la Embajada norteamericana en Buenos Aires, un gesto de pleitesía.
En febrero de este año, la Argentina suscribió un acuerdo bilateral con Estados Unidos cuyo artículo 4.3 establece que el país “no adquirirá reactores nucleares, barras de combustible nuclear ni uranio enriquecido de determinados países”. Aunque no se menciona explícitamente, resulta evidente que las restricciones apuntan fundamentalmente a China y Rusia. No es casual, en este contexto, que la cancelación de la cuarta central nuclear de tecnología Hualong One, que iba a construirse conjuntamente con China, se haya producido en paralelo a este proceso de alineamiento con Washington.
La incorporación del país al programa FIRST, impulsado por Estados Unidos, constituye un claro ejemplo de esta nueva orientación. Bajo este esquema, los países periféricos son incentivados a adquirir tecnología nuclear estadounidense de SMR en lugar de desarrollar capacidades propias, en sintonía con el eje 9 del plan nuclear de Estados Unidos, que tiene como objetivo ampliar las exportaciones de energía nuclear.
Otro ejemplo es la privatización de IMPSA, adquirida por ARC Energy. La empresa posee capacidades para la fabricación de componentes pesados, entre ellos recipientes de presión para futuros SMR. Su extranjerización es un paso más en la pérdida de control nacional sobre segmentos críticos de la cadena de valor nuclear.
Esta estrategia se inscribe, además, en un marco geopolítico más amplio. El Documento de Estrategia de Seguridad Nacional plantea explícitamente la necesidad de restaurar el liderazgo energético norteamericano y considera prioritario recuperar el control sobre cadenas de suministro vinculadas al petróleo, el gas, el carbón y la energía nuclear, así como repatriar la producción de componentes energéticos considerados críticos.
En este mismo sentido debe interpretarse la reciente incorporación de la Argentina a la iniciativa Pax Silica, orientada a garantizar el acceso estadounidense a minerales estratégicos —entre ellos el uranio— con el objetivo de consolidar cadenas de suministro seguras y fiables para las industrias energéticas y tecnológicas del futuro en los Estados Unidos.
En este contexto de desmantelamiento y reconfiguración del sector nuclear argentino, la imagen de Martín Porro abandonando la CNEA custodiado por Gendarmería Nacional simboliza el carácter de una política que busca desarticular uno de los principales bastiones de soberanía científica, tecnológica e industrial del país.
Si la Argentina y, en particular, el proyecto político del peronismo, pretende configurar un país capaz de desarrollar tecnologías estratégicas de forma autónoma, deberá dar un giro de 180 grados en la política económica, científica, tecnológica, industrial y exterior diseñada por este gobierno.
La historia demuestra que, si bien pagando costos altos, el sector nuclear es resiliente. Ya fue capaz de recomponerse del desmantelamiento neoliberal de los años '90 y fue capaz de reconstruirse bajo los gobiernos kirchneristas. Lo hizo una vez y volverá a hacerlo cuando retorne un gobierno con un proyecto de país para las mayorías.
*Nicolás Malinovsky es autor de Crítica de la energía política (2025). Doctorando en Economía Política Mundial (UFABC, Brasil), ingeniero electricista (UNRC), magíster en Gestión de la Energía (UNLa), diplomado en Anticipación Estratégica y Gestión de Riesgo (UNDEF). Docente en UNPAZ. Redes: @nicomalinovsky**Diego Hurtado fue presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear en 2015 y vicepresidente de la CNEA entre 2021 y 2023.
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